En la residencia de Tremp para personas mayores ya han muerto 53 personas. Es una cifra brutal. Es difícil encontrar otro evento en Cataluña que haya registrado tantos muertos durante la pandemia, pero se ve que cuando se trata de personas mayores y de residencias cuesta mucho que se conmueva de verdad el país. Para la gente mayor no hay días de luto oficial , ni dimisiones de los responsables. Hay silencios cómplices y pasarse la pelota de unos a otros.
Ahora la Generalitat indaga las responsabilidades de la residencia, lo hace para protegerse de las pesquisas que, a su vez, ha puesto en marcha la fiscalía. No es para menos, las primeras señales de alarma se produjeron el 20 de noviembre, pero la Generalitat no intervino hasta el día 28, aunque en el cribado que hizo el día 25 ya detectó 120 positivos. ¿Qué ha hecho el Departamento de Salud desde el día 20? ¿Cuántas personas han sido trasladadas a los hospitales? ¿Cuántas a otras residencias? ¿Qué tratamiento se les ha proporcionado? ¿Qué vigilancia epidemiológica se ha aplicado en la residencia y desde cuándo? Es muy fácil atribuir la responsabilidad siempre a un tercero, pero lo que es incuestionable es que los poderes públicos son los que tienen que dar la cara ante una epidemia. Una vez más se ha fracasado para evitar la muerte de las personas mayores y no será porque ahora no haya experiencia adquirida.
Ante la incapacidad del consejero Al Homrani se le quitaron las competencias en este ámbito y se trasladaron al Departamento de Salud. En un gobierno normal, esto equivaldría al cese o dimisión del consejero implicado. Aquí no sólo no ha pasado nada, sino que se le regala un lugar destacado en la lista de ERC en el Parlamento. Votar esta lista significa también recompensar a este consejero. Pero es que además también una vez más el Departamento de Salud, la consejera Alba Vergés, otra «recompensada» por sus méritos en la lista de ERC, ha vuelto a reiterar un error que cuesta vidas. Ya comenzó hace mucho tiempo con el nefasto confinamiento de Igualada. Ha habido cambios importantes en el organigrama del departamento, pero en un país normal 53 personas muertas en una misma residencia daría lugar a un escándalo de dimensiones épicas. Aquí nadie asumirá responsabilidades.
Pero el listado de responsabilidades no termina aquí. Hay que recordar que hace 9 meses Pablo Iglesias, vicepresidente responsable de la asistencia social, salió por la televisión afirmando que reforzaría esta asistencia para evitar más problemas en las residencias de ancianos. Para que la situación era «enormemente preocupante» y «uno de los lugares más vulnerables», afirmó que «para el gobierno será una prioridad absoluta responder a la situación de los centros de mayores». Y concluyó afirmando que «asumimos esta tarea con el máximo compromiso» y anunció 300 millones de euros para reforzar las residencias. La pregunta es: ¿qué dice Iglesias ahora después de estos 53 muertos en Tremp? ¿Visitará la población? ¿Tiene alguna explicación de por qué lo que se comprometió a hacer no se ha cumplido? ¿Qué ha pasado con los 300 millones de euros?
Todo ello, esto que pasa, es tan grande que se agotan los adjetivos y las descalificaciones.
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