El contexto no podía ser más desfavorable para la ayuda al desarrollo enviada desde Occidente a países africanos. Por un lado, la elección de Donald Trump en Estados Unidos ha supuesto el paro directo de la gran mayoría de programas y más de 60.000 millones de dólares recortados (o ahorrados, según se mire).
Por otra parte, los países europeos se encuentran entre la espada militar y la pared fiscal al querer incrementar sus presupuestos de defensa y al mismo tiempo disponer de escasísimo margen para expandir su deuda pública (situación esta última idéntica a Estados Unidos).
De hecho, los principales donantes europeos ya han empezado a vacilar: Alemania, Reino Unido, Francia, Países Bajos y Bélgica también han reducido sus presupuestos destinados a la ayuda internacional en los últimos meses.
A pesar de todo el bien que la continua cascada de dólares y euros ha hecho en las últimas décadas, también hay que recordar que este dinero fácil ha actuado como una droga sobre las finanzas públicas y también el sector privado africano.
El alud de financiación gratuita ha sido un poderoso incentivo perverso que ha permitido al continente africano «ir tirando». La ayuda internacional ha terminado representando un porcentaje que se sitúa en torno a una tercera parte del gasto público del África subsahariana, facilitando que los gobiernos pudieran cubrir las necesidades más básicas de la población, pero desincentivando a cambio la productividad.
El resultado de esta atribución subóptima de recursos ha sido un boom demográfico que no ha venido acompañado de un crecimiento equivalente de la economía.
Por ejemplo, en 1991 China disponía de un PIB per cápita de menos de 1.650 dólares estadounidenses, mientras que la media del África subsahariana era de más del doble. En cambio, 32 años después, el PIB per cápita chino había pasado a ser de 22.000 dólares, mientras que los países africanos estaban estancados en torno a los 4.300.
La causa de esta falta de desarrollo se sitúa en buena parte en la falta de incentivos de los gobiernos y el sector privado en ahorrar, en tomar riesgos, en innovar y en invertir.
Durante décadas, los sectores más productivos de la economía africana se han limitado a la agricultura y la extracción de recursos naturales, con una transformación de los mismos inexistente o en el mejor de los casos, muy limitada.
Es cierto que el sector primario fue el que los colonizadores europeos iniciaron en su momento, pero también lo es que después de la independencia las élites africanas no han querido diversificar sus economías por temor a perder poder, siguiendo la tesis de las instituciones inclusivas contra las extractivas de los economistas Acemoglu y Robinson.
Con el fin del dinero fácil proporcionado por los donantes internacionales, los africanos disponen de una oportunidad para recuperar el tiempo perdido. El mensaje que ha lanzado recientemente el presidente de Zambia, Hakainde Hichilema, «trabajar, trabajar, trabajar» no podría ser más pertinente en un momento en el que la ayuda exterior parece haber entrado en un largo declive.
Pero para que este trabajo disponga del máximo de posibilidades de dar fruto, se necesitan inversores. Y aquí es donde entra el sector privado internacional, que puede jugar un rol mucho más efectivo que los gobiernos al asegurar un desarrollo sostenible en los países africanos.
El sector privado internacional puede jugar un rol mucho más efectivo que los gobiernos al asegurar un desarrollo sostenible en los países africanos Compartir en X
