Las elecciones son una necesidad democrática. No son todavía una obligación legal. Pedro Sánchez puede llegar al 2027. La legislatura dura cuatro años. Nadie puede obligarle a adelantar las urnas si no prospera una moción de censura o él mismo decide disolver las Cortes.
El problema es otro. El Gobierno no tiene una mayoría estable. Acumula crisis. Y las encuestas indican que ha perdido la mayoría social que le hizo presidente.
Sánchez se resiste a convocar porque sabe que hoy perdería. Pero esperar tampoco le garantiza nada. Las crisis pueden crecer. La economía puede perder fuerza. Los escándalos pueden continuar. Los socios pueden exigir más. Y el deterioro puede convertir una derrota en una debacle.
Las cinco últimas encuestas
Estas son las cinco encuestas seleccionadas. Las fechas corresponden al final del trabajo de campo, no siempre al día de publicación.
Las fuentes son el Pulso Electoral de More in Common, Data10, Sigma Dos, Cluster17 y SocioMétrica.
No todas las empresas merecen el mismo peso. La ponderación utilizada no es una simple media aritmética. Tiene en cuenta la fiabilidad técnica y el acierto histórico de cada empresa. En el PollCheck de Electomanía, SocioMétrica obtiene un 8,1 sobre 10; Sigma Dos, un 6,3; Cluster17, un 5,6, y Data10, un 4,7. More in Common aún no tiene calificación porque es nueva en el mercado español.
La estimación ponderada resultante es esta:
- PP: 34,0% y unos 146 diputados.
- PSOE: 25,8% y unos 103 diputados.
- Vox: 17,5% y unos 60 diputados.
- Sumar: 6,0% y unos 8 diputados.
- Podemos: 3,2% y unos 3 diputados.
La conclusión es dura. PP y Vox sumarían aproximadamente 206 diputados. Sesenta más que el PSOE. Treinta por encima de la mayoría absoluta. El PSOE perdería unos dieciocho escaños respecto al 2023. Sumar perdería veintitrés. La coalición de gobierno pasaría de 152 diputados a cerca de 111.
No es una oscilación. Es un cambio radical de mayoría. El PP tendría más diputados que PSOE y Sumar juntos.
¿Por qué convocar si sabe que va a perder?
Por una sola razón: porque quizás hoy perdería menos que mañana.
Convocar ahora le permitiría elegir el momento. Podría preparar las candidaturas. Movilizar el partido. Intentar que la campaña redujera la distancia. Y, sobre todo, evitar que una nueva crisis convirtiera a los 103 diputados previstos en 90.
Pero existe una razón más fuerte para no convocar. Cada día en la Moncloa es un día de poder. El Gobierno controla el calendario, el Boletín Oficial del Estado, los nombramientos, la comunicación institucional y buena parte de la agenda pública. También puede esperar un fallo del PP, una crisis entre Feijóo y Vox o un evento exterior que le permita recuperar la iniciativa.
Sánchez no convocará por higiene democrática. Sólo lo hará si llega a la conclusión de que el tiempo ya no trabaja para él.
Mientras, aparecen tres posibles salidas.
Primera salida: impedir la disolución con un estado excepcional
El artículo 116.5 de la Constitución establece que el Congreso no puede ser disuelto mientras estén declarados los estados de alarma, excepción o sitio.
La frase ha alimentado una sospecha. ¿Sánchez podría aprovechar una crisis con Marruecos o los incidentes de Ceuta para impedir unas elecciones?
Es necesario distinguir.
El estado de alarma
El Gobierno puede declararlo sin previa autorización del Congreso. Pero solo durante quince días. Para su prórroga necesita la autorización parlamentaria.
Además, las causas están tasadas por la Ley orgánica 4/1981: terremotos, inundaciones, grandes incendios, accidentes, epidemias, desabastecimiento de productos esenciales o paralización grave de servicios públicos.
Una presión migratoria o un conflicto con Marruecos no encajan directamente con ella. Deberían provocar alguna de estas alteraciones concretas. No basta con invocar una crisis política.
El estado de excepción
Se ajusta más a una grave alteración del orden público. Pero exige que el funcionamiento de las instituciones, servicios esenciales o derechos y libertades esté tan alterado que los poderes ordinarios resulten insuficientes.
El Gobierno no puede declararlo solo. Necesita autorización previa del Congreso. Debe explicar qué derechos quiere suspender, en qué territorio, con qué medidas y durante cuánto tiempo. Lo máximo son treinta días. Solo puede prorrogarse treinta días más y con una nueva autorización.
No necesita jurídicamente el voto de todos los socios. Pero sí una mayoría parlamentaria suficiente. Y cada socio debería asumir públicamente su responsabilidad.
El estado de sitio
Es el supuesto más grave. Requiere una insurrección o un acto de fuerza –o una amenaza real– contra la soberanía, la independencia, la integridad territorial o el orden constitucional. Y exige que la situación no pueda ser resuelta por otros medios.
Solo puede declararlo el Congreso por mayoría absoluta, 176 diputados, a propuesta del Gobierno.
Una efectiva agresión de Marruecos contra Ceuta podría abrir este escenario. Pero sería necesaria una agresión real. No una tensión diplomática. No una entrada masiva de inmigrantes. No una frase inflamada en una rueda de prensa.
Además, España forma parte de la UE y de la OTAN. Estados Unidos tiene intereses militares directos en el país. Una confrontación fabricada sería difícil de ocultar y más difícil de controlar.
Hay un último obstáculo. El artículo 169 de la Constitución prohíbe iniciar una reforma constitucional durante una guerra o mientras esté vigente cualquiera de los tres estados excepcionales.
Por tanto, Sánchez no podría mantener a la vez la emergencia y abrir la reforma republicana. Debería elegir.
La conspiración resulta tentadora. Pero tiene poco recorrido. Los estados excepcionales pueden impedir temporalmente una disolución anticipada. No conceden al presidente una prórroga ilimitada de la legislatura.
Sería una operación de alto riesgo. Podría acabar hundiéndo más al Gobierno que a las mismas elecciones.
Segunda salida: convertir las elecciones en un plebiscito republicano
Pablo Iglesias ha sugerido otra vía. No hablar de gestión. No hablar de corrupción. No hablar de Ceuta, vivienda, trenes o poder adquisitivo. Cambiar de campo. Convertir las próximas elecciones en una batalla entre monarquía y república.
Esto puede hacerse políticamente. El PSOE puede prometer en el programa un referendo consultivo. Puede presentar las elecciones como un “prerreferéndum”.
Puede intentar reunir a toda la izquierda y a los independentistas bajo una bandera republicana.
Pero unas elecciones generales no son jurídicamente un referendo. El elector vota a un partido, un candidato y un programa entero. No responde a una pregunta binaria. El resultado no permite afirmar que el país ha escogido monarquía o república.
Quedaría el referéndum consultivo del artículo 92. Para celebrarlo se necesitan cuatro cosas:
- Propuesta del presidente del Gobierno.
- Pregunta formulada en términos exactos.
- Autorización del Congreso por mayoría absoluta: 176 diputados.
- Convocatoria formal del rey mediante real decreto.
El rey no dispondría de un veto político. La convocatoria sería un acto formal refrendado por el presidente.
La aritmética podría existir. PSOE, Sumar y los partidos independentistas y nacionalistas sumaban diputados suficientes al comienzo de la legislatura. Pero Sánchez necesitaría que todos votaran lo mismo. Junts y el PNV podrían compartir la conveniencia de debilitar a la Corona, pero no necesariamente la de fortalecer a Sánchez. Los 176 votos serían posibles. No serían seguros.
Tampoco podría celebrarse la consulta cerca de unas elecciones. La Ley orgánica 2/1980 prohíbe los referendos consultivos durante los noventa días anteriores y posteriores a unas elecciones parlamentarias. También los prohíbe durante los estados de excepción y sitio y los noventa días posteriores.
Queda la cuestión principal: ¿se puede preguntar directamente «monarquía o república»?
Hay dos tesis.
La primera dice que sí. Sería una consulta meramente orientativa. No modificaría la Constitución. Serviría para conocer la opinión de los ciudadanos. Después habría que iniciar la reforma constitucional. Pero la presión política sería suficiente, creen, para descabalgar al rey y llevarlo a la renuncia.
La segunda es más sólida. Sostiene que el artículo 92 no puede utilizarse para anticipar ni condicionar una decisión que la Constitución reserva al procedimiento de reforma agravada. La forma política del Estado figura en el artículo 1.3 y la Corona ocupa todo el título II.
La Sentencia 103/2008 del Tribunal Constitucional estableció que las cuestiones que afectan al fundamento y la identidad del orden constitucional deben seguir la vía formal de reforma. No resolvía un referendo estatal sobre la Corona, pero su doctrina haría muy impugnable una consulta directa.
La vía segura es el artículo 168:
- Dos tercios del Congreso.
- Dos tercios del Senado.
- Disolución inmediata de Les Corts.
- Elecciones generales.
- Ratificación y aprobación del nuevo texto por dos tercios de las nuevas cámaras.
- Referéndum obligatorio.
No son 176 diputados. Son 234 en el Congreso, una mayoría equivalente al Senado, unas elecciones y una segunda aprobación por dos tercios.
Por eso la república puede servir como bandera electoral. No como atajo jurídico.
Y todavía existe el riesgo político. Sánchez intentaría convertir unas elecciones sobre su gestión en unas elecciones sobre el rey. Pero podría conseguir lo contrario: que el referendo sobre la monarquía se convirtiera en un referendo sobre Sánchez. Y que la pulsión conservadora fuese más fuerte que una revolución constitucional dirigida por un presidente profundamente desgastado.
Tercera salida: perder para volver como jefe de la oposición
Queda una última posibilidad. Que Sánchez ya no prepare una victoria. Que prepare la derrota.
Podría convocar antes de que el PSOE bajara de los cien diputados. Colocaría a sus fieles en las listas. Mantendría el control del grupo parlamentario. Intentaría sobrevivir en el congreso socialista posterior. Y esperaría.
El nuevo gobierno recibiría las facturas pendientes. La deuda pública alcanzaba en junio de 2026 los 1,76 billones de euros y el 101,5 % del PIB. AIReF advertía que el crecimiento del gasto computable podía llegar al 6,4 %, por encima de los compromisos fiscales. Bruselas exigiría consolidación. Alguien debería pagar las promesas, aplazamientos y desequilibrios acumulados. AIReF
Desde la oposición, Sánchez podría denunciar cada ajuste. Podría presentarse como defensor de las pensiones y de los derechos sociales. Podría achacar al PP las consecuencias de las decisiones que él mismo había aplazado.
Es una estrategia posible. Pero tiene un fallo. Una derrota de la magnitud que anuncian las encuestas podría acabar con su liderazgo. El PSOE podría decidir que cien diputados son demasiado pocos para mantener al propio capitán.
Por eso la respuesta más probable es también la más sencilla. Sánchez no tiene aún ningún gran plan. Ni el estado de sitio. Ni la República. Ni una retirada napoleónica hacia la oposición.
Tiene el poder. Y se aferra.
Convocará solo cuando crea que el día siguiente será peor que hoy. El problema es que puede descubrirlo demasiado tarde.
La respuesta más probable es también la más sencilla. Sánchez no tiene aún ningún gran plan. Ni el estado de sitio. Ni la República. Ni una retirada napoleónica hacia la oposición. #PedroSánchez Compartir en X
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