Una crisis moral es mucho más que una degradación de las costumbres. Es la pérdida de los criterios compartidos que permiten distinguir el bien del mal, lo justo de lo injusto y el interés general del particular. Cuando una sociedad deja de compartir ese mínimo común ético, los vínculos de confianza se debilitan, disminuye el sentido del deber y el poder tiende a sustituir al servicio como finalidad de la política.
Las consecuencias son profundas. La verdad se relativiza, la mentira deja de escandalizar, la corrupción se banaliza, las instituciones se convierten en instrumentos de partido y la ley corre el riesgo de ser percibida no como una garantía de justicia, sino como una herramienta al servicio de quienes gobiernan o aspiran a gobernar.
La familia, la educación, la economía y la convivencia cívica acaban sufriendo los efectos de esa erosión. Una sociedad así cree cada vez más difícil cooperar, asumir sacrificios compartidos o sostener un proyecto colectivo.
¿Quién resolverá esta crisis moral?
La encuesta política publicada por La Vanguardia los días 5 y 6 de julio ofrece unos datos que, más allá de la intención con la que hayan sido recogidos, obligan a una reflexión inquietante.
Solo el 42% de los encuestados considera que los jueces han actuado con imparcialidad en el caso de Leire Díez. En los procedimientos que afectan a José Luis Ábalos y Koldo García, esta percepción solo alcanza el 50%.
Al preguntarse sobre la investigación relativa a José Luis Rodríguez Zapatero y su patrimonio sin justificación conocida, la confianza en la imparcialidad judicial cae hasta el 41%. Por lo que respecta al procedimiento contra el fiscal general del Estado, solo el 32% considera imparcial la actuación de los jueces; en el caso de Begoña Gómez, el porcentaje es del 36% y, respecto al hermano del presidente del Gobierno, en una causa ya muy avanzada procesalmente, solo sube hasta el 39%.
Estos datos describen una situación extraordinariamente grave.
Hablamos de asuntos que acumulan miles de páginas de sumarios, investigaciones judiciales prolongadas, hechos conocidos públicamente, silencios reiterados de los investigados, contradicciones manifiestas y presuntas tramas que se entrelazan y afectan a organismos tan sensibles como la SEPI o la propia Guardia Civil, hasta alcanzar su máximo nivel de mando. Sin embargo, una parte muy importante de la opinión pública considera que la justicia no actúa con imparcialidad.
Aquí aparece el verdadero problema.
O esta percepción es correcta y, entonces, España estaría sufriendo una gravísima crisis del Estado de derecho, porque una justicia parcial dejaría de cumplir su función esencial.
O bien esta percepción es errónea. Si es así, nos encontraríamos ante una crisis moral aún más profunda: una parte considerable de la ciudadanía habría perdido la capacidad de discernir los hechos objetivos bajo la influencia del partidismo, la propaganda o la identificación emocional con determinadas opciones políticas. Cuando esto sucede, la democracia entra en una situación especialmente delicada, porque los ciudadanos dejan de compartir una misma realidad sobre la que deliberar.
Existe, por supuesto, una tercera explicación posible: que la muestra de la encuesta esté sesgada e incorpore una sobrerrepresentación de electores favorables al Gobierno de Pedro Sánchez, más inclinados a interpretar estas actuaciones judiciales bajo la categoría del lawfare. Es una legítima hipótesis, pero presenta una dificultad considerable cuando se analizan simultáneamente los datos electorales del mismo sondeo.
Porque el resultado político de la encuesta es devastador para el Gobierno.
El PSOE experimenta un retroceso muy severo que no es aprovechado ni por Sumar, inmerso en un evidente proceso de descomposición, ni por Podemos, que prácticamente desaparece en términos parlamentarios. Los únicos beneficiarios en el espacio de la actual mayoría son formaciones de dimensión mucho más reducida, como Bildu, BNG o Esquerra Republicana.
En cambio, el crecimiento de Vox sigue sin interrupción y se aproxima ya al 20% de los votos. Sumado a la fuerte ventaja del Partido Popular, la suma de ambos partidos se acerca a los 200 diputados. Con una participación estimada del 67% —es decir, sin un escenario excepcional de abstención—, PP y Vox reunirían a cerca de doce millones de votos, frente a los poco más de ocho millones y medio del conjunto que hoy apoya a Pedro Sánchez. La diferencia se acercaría al 50%, una magnitud muy poco habitual en la democracia española.
Hay todavía un dato más significativo: solo una tercera parte de los encuestados considera que la legislatura debería llegar hasta el final.
Este es probablemente el mensaje político más contundente de todo el sondeo. La legitimidad jurídica del Gobierno sigue intacta, pero su legitimidad política y social entra en una fase de erosión acelerada. Y cuando la legitimidad de ejercicio también se ve cuestionada, el presidente solo puede mantenerse exprimiendo hasta el límite los mecanismos legales que garantizan su permanencia en el cargo.
Si no quiere disolver las Cortes y convocar elecciones, al menos debería someterse a una cuestión de confianza que permitiera verificar si todavía conserva el apoyo político necesario para seguir gobernando.
Por eso resulta difícil compatibilizar esta derrota electoral con la hipótesis de una muestra especialmente favorable al votante socialista. Si realmente existiera este sesgo, lo más probable es que el deterioro electoral del PSOE fuera aún más intenso de lo que refleja la propia encuesta, quizás más cerca del centenar de escaños que de los 110, y con un porcentaje de voto más cercano al 25% que superior a esa cifra.
Sea cual sea la interpretación correcta, el diagnóstico sigue siendo el mismo.
España vive una grave crisis institucional y, sobre todo, una profunda crisis moral. Porque una democracia solo puede funcionar cuando existe un mínimo consenso sobre la realidad, sobre la legitimidad de las instituciones y sobre la obligación de someterse a los hechos antes que a los intereses partidistas.
Cuando ese suelo moral desaparece, la política deja de ser una competición entre proyectos para convertirse en una confrontación entre relatos incompatibles. Y cuando los relatos sustituyen a los hechos, el deterioro institucional acaba siendo inevitable.
La encuesta de La Vanguardia no solo dibuja una probable alternancia política. Retrata, sobre todo, una sociedad dividida en su percepción de la justicia y de la realidad. Esta es, probablemente, la peor noticia de todas. Porque los gobiernos pasan; las mayorías cambian. Sin embargo, una crisis moral necesita muchos años para ser superada.
Si este diagnóstico es acertado, esta será, probablemente, la herencia política más profunda que dejará el período de gobierno de Pedro Sánchez.
El dato más preocupante de la encuesta de La Vanguardia no es quién sube o quién baja. Es que una mayoría de los ciudadanos no comparte ya una misma percepción sobre la justicia y la realidad. Esta es la verdadera crisis. Compartir en X
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