En 1974, junto con dos buenos amigos, los economistas Frederic Miralles y Ernest Sena, publicamos La Catalunya pobra. Aquel libro perseguía un objetivo que hoy parece evidente, pero entonces resultaba innovador: situar la pobreza sobre el mapa. No bastaba con saber cuántos pobres existían. Había que saber dónde estaban.
Solo así era posible entender que la pobreza no era un fenómeno homogéneo. Había una pobreza urbana, vinculada a los barrios degradados, a la carencia de oportunidades laborales y a la concentración de problemas sociales. Y existía una pobreza rural, marcada por el despoblamiento, el envejecimiento, el aislamiento y la desaparición de la actividad económica. Compartían la falta de recursos, pero sus causas, sus dinámicas y las políticas necesarias eran muy distintas.
Hace medio siglo disponíamos de muy pocas herramientas para llegar a estas conclusiones. Las estadísticas eran escasas, las posibilidades de localización territorial muy limitadas y la informática era prácticamente inexistente. Trabajábamos con datos fragmentarios, pero ya intuíamos una idea que sigue plenamente vigente: la pobreza tiene geografía.
Hoy la situación es radicalmente distinta.
Las administraciones disponen de una cantidad inmensa de información territorial. Los datos fiscales, laborales, educativos, sanitarios, demográficos y sociales permiten conocer con una precisión extraordinaria qué ocurre prácticamente en cada barrio, en cada municipio e incluso en cada sección censal. Instrumentos estadísticos que hace cincuenta años parecían ciencia ficción forman hoy parte del patrimonio ordinario de cualquier administración.
El progreso de las herramientas ha sido espectacular. El de las políticas, no. Es ahí donde aparece la gran paradoja.
Durante estos cincuenta años se han destinado enormes cantidades de recursos a combatir la pobreza, pero las políticas siguen descansando, esencialmente, sobre dos pilares.
El primero son las prestaciones y ayudas sociales. Sin duda son imprescindibles, pero siguen dejando fuera a muchas de las personas que realmente las necesitan, mientras que otras acceden a ellas sin que constituyan una auténtica palanca de promoción personal.
El segundo es la inversión territorial. El Pla de Barris es probablemente el ejemplo más conocido. Se rehabilitan espacios públicos, equipamientos y viviendas, se desarrollan programas sociales y educativos y se movilizan importantes recursos públicos.
Sin embargo, estos dos grandes instrumentos comparten un defecto de fondo. Prácticamente nunca se evalúan por sus resultados. Se presenta el gasto, pero no el impacto.
Se conocen los millones invertidos, pero no qué ha cambiado realmente cinco o diez años después, ni para qué han servido.
¿Qué ha cambiado? ¿Cuánta gente hemos recuperado de la marginalidad? ¿Ha disminuido la pobreza? ¿Ha aumentado la movilidad social? ¿Han mejorado los resultados educativos? ¿Ha crecido el empleo estable? ¿Los jóvenes tienen más oportunidades? ¿Las familias han recuperado capacidad de autonomía?
La solución es muy pobre: gastar más e ir haciendo la sociedad del subsidio y, sobre todo, generar una subclase profesional de funcionarios y ONG especializados en la pobreza. Una subclase cada vez mayor y costosa, en ocasiones de gestión poco clara —ver coste y escándalo con los jóvenes tutelados por la Generalitat—. Y todo porque el planteamiento es deficiente: no se miden los resultados, no se definen con claridad los objetivos ni se planifica la gestión para conseguirlos. Porque no hay rendición de cuentas.
Rara vez estas preguntas obtienen una respuesta rigurosa.
El gasto acaba sustituyendo a los resultados como indicador de éxito. Y esa confusión es extraordinariamente dañina. Sin evaluación, la política pública deja de aprender de sus errores. Sin rendición de cuentas, es imposible distinguir lo que funciona de lo que solo consume recursos.
Existe todavía una segunda limitación, probablemente más profunda.
La pobreza sigue abordándose desde una concepción extraordinariamente individualista. Las administraciones identifican a individuos receptores de prestaciones gestionadas por una burocracia cada vez más extensa. Las familias apenas existen como sujeto activo. Las comunidades locales tampoco.
Resulta paradójico que este modelo sea impulsado principalmente por gobiernos que se definen de izquierdas. En este aspecto, su enfoque es profundamente liberal: el Estado ante el individuo. Entre ambos prácticamente desaparecen las instituciones intermedias.
El principio de subsidiariedad queda reducido a una declaración retórica. La participación ciudadana es a menudo más cosmética que real. Las redes comunitarias, las entidades sociales, las asociaciones de barrio, las parroquias, las familias o las iniciativas de proximidad desempeñan un papel secundario cuando, precisamente, son las que mejor conocen la realidad cotidiana de los territorios. Y su sitio es colonizado por la propia administración y por los profesionales de las ONG, que sufren —no todos— de un grave problema: cuanto más escandalosamente crítica sea la situación, más posibilidades tienen de acceder a recursos públicos. Así no se puede ir bien.
Y sin embargo, nunca habíamos dispuesto de tantas oportunidades para hacerlo mejor.
Las nuevas fuentes estadísticas permiten identificar con gran precisión las desigualdades sociales, seguir su evolución y medir la eficacia real de las intervenciones. Por primera vez, es posible construir políticas casi quirúrgicas, adaptadas a la realidad concreta de cada territorio.
Catalunya dispone hoy de instrumentos de un valor extraordinario que siguen siendo poco conocidos incluso en el debate público. Uno de los más importantes es el Índice Socioeconómico Territorial elaborado por el IDESCAT. Utilizado correctamente, ofrece una radiografía muy precisa de las desigualdades territoriales y abre posibilidades que hace solo unas décadas eran impensables.
Precisamente sobre esta nueva forma de entender la pobreza territorial tratarán los artículos siguientes de esta serie.
Porque, cincuenta años después de La Catalunya pobra, disponemos de muchos más datos que nunca. La cuestión ya no es si podemos conocer mejor la realidad. La cuestión es si estamos dispuestos a cambiar unas políticas que, con demasiada frecuencia, siguen midiendo el éxito por el dinero gastado y no por las personas que han dejado de ser pobres.
Los datos han avanzado mucho más que las políticas. Sin evaluación ni rendición de cuentas, el gasto acaba sustituyendo a los resultados como indicador de éxito. #pobreza Compartir en X
