El comienzo del año está marcado por unos hechos que cambian en gran medida el escenario político.
El primero de ellos es la crisis de la policía catalana provocada por la destitución del mayor Trapero y junto a él el relevo de unos setenta cargos, lo que en un cuerpo que tiene la dimensión de los Mossos, señala ya una experiencia traumática. Todo esto se ha hecho sin explicaciones suficientes, bajo la sospecha de que es un “pasamos cuentas” aplicado por el conseller Elena bajo las instrucciones específicas de Junqueras y que, de paso, deja mal parada la autoridad de Aragonès, que en todo caso se ha limitado a expresar su conformidad.
La sospecha de que, junto a estos cambios exista el intento de paralizar investigaciones en curso por casos de corrupción de dirigentes independentistas, planea sobre el conjunto, hasta el extremo de que La Vanguardia llegue a reclamar en un editorial que se impulsen las investigaciones que se habían abierto y no queden paradas.
Pero, el mal ya está hecho y la imagen de los Mossos como policía «política o politizada» se ha vuelto a hinchar a manos del nuevo conseller, Joan Ignasi Elena. El problema no es pequeño porque al margen de sus dimensiones políticas y judiciales, ese debilitamiento de la policía significa un peligro para la seguridad de los catalanes.
Recordemos que nuestro país vive bajo una fuerte tensión delictiva. Encabezamos el ranking de okupaciones a cargo de organizaciones mafiosas, la cifra de robos no resueltos es astronómica, la violencia con armas de fuego sigue creciendo, somos el centro de la exportación de marihuana producida en el mismo país y crecen las organizaciones dedicadas a esta tarea y a la lucha mutua.
El debilitamiento policial sólo representa mejores oportunidades para que el gran delito organizado arraigue en Cataluña. Y el problema añadido es que esta cuestión no forma parte de ninguna agenda política y no recibe la atención proporcional a su importancia por parte de los medios de comunicación. Hay aquí, y de cara al futuro, una importante fisura con fuertes repercusiones políticas.
Es también el momento en el que se constata la inutilidad de la mesa de diálogo despreciada por el gobierno español y el PSC, el escaso y decreciente peso de Aragonès en la política española y el hecho realmente preocupante, que ERC aluda, a pesar de su importancia parlamentaria en el Congreso, el abordaje de los grandes temas.
En primer término, la financiación, el mal estado de la sanidad catalana, por ejemplo, no tiene solución sin otro sistema de financiación autonómica. Ésta es una realidad cruda y pelada que el socialismo no quiere abordar y ERC deja hacer.
Mientras JxCat sigue dando vueltas a la misma cuestión, la inutilidad de la mesa de diálogo, algo que es cierto, pero sin que en su arsenal figure ninguna respuesta concreta ni ningún camino bien señalado.
El resultado a principios de 2022, es que los grandes intereses de Cataluña siguen muy mal cuidados. ERC, que podría hacerlo, no lo plantea, el PSC que de vez en cuando hace intervenciones positivas, como en el conflicto de la lengua, tiende a ser la coartada del gobierno español para no abordar las grandes cuestiones pendientes; ya hemos apuntado la de la financiación, pero también podríamos hablar de Cercanías y otras más. Y JxCat sigue sin presentar una agenda política que una un horizonte independentista definido con el abordaje de las grandes cuestiones que Catalunya necesita resolver.
Una vez más, el ejemplo contrario lo podemos encontrar en el País Vasco. Mientras que aquí el cajón de las compensaciones está vacío, el PNV ha conseguido un nuevo “tanto” importante, que es el traspaso de la competencia de los nombramientos y asignación de secretarios e interventores municipales, que en todas partes, Cataluña incluida, son de designación estatal. El gobierno vasco día a día gana autogobierno, mientras que aquí toda la fuerza se va por la boca. El nuevo ministro de los Comunes, Subirats, ha llegado a plantear algo tan revolucionario como que «en algún momento» se haga alguna «forma de consulta». En ese momento más impreciso y difuminado no se puede ser. Pues éste es el perfil de las aportaciones que se están produciendo en nuestro país y el nivel en el que se mueve nuestra política.
Un hecho disruptivo se ha producido en relación a las elecciones municipales de Barcelona. Se trata del nombramiento de Maria Eugenia Gay como delegada del gobierno en Cataluña. Ha sido una sorpresa porque no hace más de medio año que fue elegida por segunda vez como decana del Colegio de Abogados de Barcelona. Una institución importantísima de nuestra sociedad civil que ahora ve cómo su exponente máximo asume un cargo altamente político, pero de muy segundo nivel. En realidad se trata sólo de la preparación para el desembarco de Gay en la candidatura por la alcaldía de Barcelona.
Significa, por tanto, la muerte política anunciada de Jaume Collboni, que a partir de ese momento ya está fuera de lugar de todo futuro municipal. Si bien Eugenia Gay siempre ha mantenido relaciones con el partido socialista, tanto en Madrid como en la persona de Ila, formalmente nunca ha tenido carnet, y la mejor forma de ser aceptada por el aparato local del PSC en estas condiciones es exhibiendo durante unos meses antes la confianza del gobierno de Sánchez en un cargo como el que ahora ha sido nombrado. Las únicas cuestiones de este fichaje del PSC se sitúan en cómo superará durante estos meses de cargo a la delegación provincial, los conflictos políticos que se verán multiplicados, porque todo el mundo sabe que es la candidata in pectore a la alcaldía, y también porque su presencia en modo alguno borra la estrecha complicidad que el PSC ha mantenido con todos los desbarajustes de Colau.
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