En España a partir de 2024 no podrán circular bajo riesgo de sanción los coches con etiqueta B y en aquellas ciudades en las que se han establecido Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), Madrid en primer término. Barcelona es una singularidad porque la justicia suspendió la normativa municipal sobre la OCDE, el Ayuntamiento ha recurrido y se está a la espera de que se dicte sentencia y si existe o no un nuevo recurso por algunas de las partes. La incertidumbre sobre los coches con esta etiqueta planea sobre Barcelona.
Y no son pocos, el 31,5% de los turismos y comerciales ligeros que equivalen a 9,4 millones de vehículos tienen etiqueta B. Además, otro 30% no tienen etiqueta. Por tanto, más del 60% de los vehículos están afectados por las prohibiciones ya en vigor o próximas, en especial a lo que se refiere al acceso y circulación a las grandes poblaciones. Está claro que ante esta perspectiva algunos ayuntamientos ya se han echado atrás por ejemplo el de la ciudad de Badalona, una de las más grandes de Catalunya.
El gobierno español presiona para que todas las urbes de cierta dimensión apliquen estas restricciones, pero paradójicamente ha comenzado su mandato como presidente de turno de la UE aflojando la presión sobre las limitaciones de emisiones por parte de los vehículos. Al final la presión de una serie de países, entre ellos Italia y Francia, ha prosperado.
La UE se rige por las normas 6 y 7 en relación con las emisiones que han ido introduciendo igualmente un proceso de reducción de dióxido de carbono (CO₂) y otros contaminantes que obligan a modificaciones crecientes a los fabricantes de automóviles. Han establecido las ZBE en ciudades europeas entre ellas las españolas. Pero es cada país quien establece la restricción. También se han establecido subsidios, en el caso español muy pocos, e impuestos, éstos claramente sí, para grabar los vehículos contaminantes e incentivar a los vehículos eléctricos.
Se fomenta la infraestructura de carga eléctrica, pero en este capítulo España está a la cola y este hecho limita en serio la adquisición de vehículos con este tipo de motor. Hecho que unido al precio más alto que tienen, sitúa a España en la cola de coches eléctricos. La UE había establecido objetivos muy ambiciosos para 2023 consistentes en prohibir la venta de coches contaminantes.
Ahora la Comisión propone modificar la normativa Euroset de forma que retrase de 2025 a 2027 la entrada en vigor de los límites y las condiciones de emisión de los coches nuevos. En el caso de los vehículos industriales el retraso hasta 2029. Se ha introducido, pero una novedad estableciendo límites por las partículas que emiten los frenos y neumáticos que se añadirán a las demás restricciones. Pero, y esto es importante, la prohibición de coches que emitan CO₂, es decir los de combustión que incorporan también los híbridos, se prolonga de 2030 a 2035. También está sobre la mesa la propuesta alemana de exceptuar de esta limitación a aquellos vehículos que consuman combustibles sintéticos. Por tanto, el panorama general ha aflojado las restricciones y todavía es posible que en la medida en que nos acerquemos a las nuevas fechas se vuelvan a flexibilizar porque la producción de automóviles es básica para la industria europea y es dudoso que el todo eléctrico para 2035 pueda ser una realidad.
Situados en el caso de España,el batacazo que se avecina para buena parte de la población, la situada en las rentas medias y bajas, será importante porque obliga a cambiar el coche y si se compra uno nuevo debe pensárselo dos veces si es de gasoil, gasolina o incluso híbrido, dado que en poco más de una década no se podrán vender y eso significa que mucho antes automsu valor se habrá depreciado. El ciudadano, por tanto, de cara al 2024 deberá rascarse el bolsillo. El problema se multiplica si se considera que el próximo año el gobierno Sánchez, de continuar, retirará todas o la mayoría de las subvenciones actuales dirigidas a paliar la inflación, aunque ésta, según todas las previsiones, seguirá siendo alta.
A este panorama se añade que España es el país de la OCDE y uno de los tres de Europa donde más han subido los impuestos. La losa que todo esto configura sobre las espaldas de los ciudadanos es monumental.