Pasada la primera ola de ayer que motivó la lógica sorpresa por los acuerdos alcanzados entre JxCat y el gobierno, con un inventario muy optimista de los resultados por parte de los portavoces de Puigdemont, comienzan a aparecer grandes nubes. De hecho, también ayer era ya una advertencia general el silencio del gobierno sobre los acuerdos alcanzados. Todo lo que sabíamos era de boca de Junts sin que los portavoces socialistas o gubernamentales dieran un ápice de información.
El resultado se ha traducido en cuatro bloques de opinión. El del gobierno Sánchez que exhibe los contenidos beneficiosos de los decretos y quita hierro a unos acuerdos que ellos no han explicado. Un segundo bloque es el del clan sobresaltado, sobre todo por la cuestión del traspaso de las competencias en inmigración, que obviamente está encabezado por el PP, pero que se extiende a instancias claramente independientes e incluso socialistas. Existe también la alegría, ya veremos si excesiva, de JxCat. Y curioso, la actitud de rechazo de ERC que, como representante de los intereses de Catalunya por medio del gobierno de la Generalitat, debería estar satisfecha de que aumenten las competencias del gobierno catalán. Esta última reacción más las duras declaraciones de Junqueras, ponen de relieve un problema crónico de Catalunya que además aflora en los momentos difíciles: el de su atomización y enfrentamientos internos. Es una maldita tradición que al menos se remonta al siglo XV y a la I Guerra Civil catalana.
En esta ocasión, la interpretación exultante del gobierno Sánchez no puede esconder el desconcierto, la incertidumbre y la sensación de pérdida porque se ha ido demasiado lejos con las concesiones a Junts. Incluso, Enric Juliana, lírico glosador de las políticas de Sánchez, piensa que «todo es demasiado complicado».
Porque además detrás de Junts viene el gobierno vasco, que ya ha reclamado la misma competencia, y Coalición Canaria, el voto que le dio la victoria in extremis a Sánchez, porque no ve nada clara esta cuestión. Por su parte el aliado incondicional del gobierno español, Junqueras, descalificaba a JxCat acusándoles de “abrazar los discursos de la extrema derecha que criminalizan a las personas migrantes”. No parece lógico que reclamar la competencia sobre inmigración signifique automáticamente tener un carácter xenófobo, pero la «política fraterna» catalana tiene estas connotaciones.
En realidad, existen muchas razones para dudar del significado real de los acuerdos de ayer entre Junts y el gobierno español. Para empezar, hacer efectivo el traspaso de las competencias en inmigración vía artículo 150.2 de la Constitución requiere una ley orgánica y, por tanto, la mayoría absoluta de 176 diputados. Sólo que falle uno, por ejemplo el de CC, no hay ley. Pero es que además, no todo lo que es del estado puede traspasarse por esta vía generosa del 150.2, porque el artículo 149.2 de la CE establece claramente que el estado tiene competencia exclusiva sobre las materias de “inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo” . Esto hace que varios juristas ya se hayan precipitado a decir que este traspaso, de tratarse, tal y como dice Junts, de capacidad de regular los flujos migratorios, sería inconstitucional. Además, ya hay dos sentencias del TC de 2002 y 2016 que tienden a favorecer esta explicación.
Por tanto, una posible interpretación del traspaso al margen de lo que recite Míriam Nogueras, es que lo que se daría y se pagaría, en todo caso, sería una especie de gestión social de la inmigración para favorecer la integración de los inmigrantes en los órdenes culturales, lingüístico, laboral, etc, pero nada de regular quién entra y quién sale de Cataluña, quién puede residir y dónde puede hacerlo y en qué condiciones se puede echar a un inmigrante del país catalán. Si esto acaba siendo así, lo que tendríamos no es un gran pacto, sino más bien el “parto de los montes” que después de mucho ruido acabó pariendo un ratón.
De hecho, ésta puede ser la tónica de la legislatura, la estrategia de Sánchez. Pactar todo lo pactable, aguantando el chaparrón, pero, a la hora de la verdad, ni 5 de caja. Ya lo apuntábamos ayer con el traspaso de Cercanías logrado por ERC: comisión política, comisiones técnicas, subcomisiones, comités,… y así se pueden pasar los años que dure la legislatura.
De hecho, este estilo ya se ve, por ejemplo, en el otro punto pactado anunciado por JxCat como que el gobierno se hacía cargo del coste de bonificación del transporte público que correspondía a la autonomía. Ya han aclarado los gubernamentales que esto no va así. Lo que van a hacer es liquidar la obligatoriedad de contribuir con el 20% a la bonificación, pero el gobierno del estado no la va a pagar. Por tanto, lo que ha acordado Junts es que en todo caso las empresas en Catalunya pierdan el 20% de esta bonificación porque como no estará obligada a hacerlo, la Generalitat se puede inhibir tranquilamente. Es fácil constatar que existe una gran diferencia según cuál sea la versión.
Y tres cuartos de lo mismo se puede decir en relación con las famosas balanzas fiscales. Ahora ya está claro que, en contra de lo que anunció Junts, el gobierno Sánchez no las publicará; es decir, no asumirá oficialmente ningún tipo de balanzas, que es lo que nos han vendido Míriam Nogueras y Turull. Lo que hará el gobierno es facilitar a quien lo solicite los datos primarios para que cada uno valore la balanza fiscal que considere adecuada de acuerdo con las metodologías disponibles y discordantes. Es decir, tendremos más datos, pero estaremos donde estaríamos según si el cálculo se hace por el método coste-beneficio, que da un resultado muy diferente, a si se utiliza la otra vía más empleada, que es el del gasto efectivo. O sea que, de cambios pocos y de maquillaje mucho.
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