Un nuevo hecho vuelve a poner en cuarentena la rectitud del gobierno español ante la ciudadanía. Es bien conocida su resistencia a reducir el IVA de las mascarillas a pesar de ser declaradas de uso obligatorio. Incluso ahora, sólo se ha rebajado el IVA al 4% en las mascarillas quirúrgicas, las más económicas, pero que tienen el inconveniente de que no protegen al portador, sino a las otras personas. Mientras tanto, la FFP2, que sí que actúa como barrera eficaz, continúa con la abusiva tarifa del 21%.
Hay que considerar que utilizar mascarillas quirúrgicas, especialmente para las poblaciones de riesgo, genera al menos un punto de incertidumbre. Pero es evidente que dada la exorbitante diferencia de precio con la FFP2, ésta sólo puede ser utilizada por personas con ingresos notables. Hay por lo tanto aquí una discriminación de las garantías de seguridad según los ingresos . Un hecho que no deja de llamar la atención en un gobierno que se declara de izquierdas.
El argumento del gobierno fue que no podían bajar el impuesto de las mascarillas porque toda modificación del IVA necesita la conformidad de la Comisión Europea, de la que aún no se disponía. Lastra y Ávalos hicieron declaraciones explícitas en los medios de comunicación, en el sentido de que la Comisión aún no les había dado permiso. Ahora ha visto la luz un documento de la Comisión Europea del 3 de abril autorizando la reducción del IVA para las mascarillas, incluso eliminándolo totalmente, lo que no ha hecho España. A lo largo de muchos meses han estado declarando que necesitaban un permiso que ya existía con el fin de recaudar más con las mascarillas.
La fiabilidad de las declaraciones de nuestros gobernantes son un riesgo creciente para la estabilidad de la democracia porque deterioran la confianza en la política.
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