El número de parados en abril fue de -73.890 y el paro baja de la cifra de los 3 millones para situarse en 2,79 millones. Los afiliados a la Seguridad social desestacionalizados aumentan hasta 20,66 millones de personas, que es una cifra récord.
En el mes de abril han vuelto a reducirse los parados y es el segundo mes consecutivo de descenso, si bien ha coincidido con la Semana Santa, que siempre es una buena época para el empleo. Pero aun así las cifras son de récord porque la media de reducción del paro en el mes de abril de la última década ha estado cerca de -39.000 trabajadores, muy por debajo del registro de 2023. Por tanto, es lógico que el gobierno español y todos los autonómicos, sean del color que sean, celebren los resultados y se atribuyan los méritos. Pero estos autoelogios deberían venir compensados por la capacidad de identificar los problemas que las mismas cifras señalan, porque de no ser así pasamos de un legítimo reconocimiento de la bondad de los datos a la propaganda política cruda y pelada.
Porque la primera evidencia es que la mitad del aumento de los puestos de trabajo, concretamente 238.436, se han concentrado en la hostelería. Sin exagerar, podemos decir que el mecanismo que salva la cara no es demasiado distinto que el de la época de Franco. El turismo interno e internacional genera todo un empleo y actividad económica que mejora sustancialmente las cifras y en particular las del empleo.
Pero este hecho tiene importantes contrapartidas que es un error extraordinario ignorar.
La más evidente es que señala que España sigue anclada en el mismo modelo de baja productividad, donde la hostelería y construcción tienen un papel determinante. Es evidente que no es necesario descalificar estos sectores, pero sí que hay que caracterizarlos. El empleo que generan es de baja formación, productividad y salarios.
Basta con ver qué ocurre con las comunidades autónomas donde el monocultivo turístico existe: Canarias y Baleares. Ninguna de las dos supera en PIB por habitante de la media española, que está ubicada en los 25.498 euros. Baleares, pese a su posición privilegiada e historia, está en los 24.866 euros y es la 8ª comunidad autónoma en este ranking. Y Canarias aún queda mucho más lejos, la 16a, y 18.990 euros.
Y si de esta perspectiva pasamos al caso concreto de Cataluña, podemos constatar que los dos municipios turísticos por excelencia, Salou y Lloret de Mar, se sitúan muy atrás en el ranking de municipios de acuerdo con su PIB por habitante. Lloret de Mar alcanza los 17.800 euros y Salou los 16.500, lejos de la media catalana de 29.100 euros, ocupando respectivamente los puestos 122 y 136 del ranking de PIB por habitantes por municipio de Catalunya.
Sin embargo, hay más problemas. La cuestión que presentaba el presidente de la patronal española, Garmendia, que se producía la contradicción de que faltan puestos de trabajo y al mismo tiempo el paro es muy elevado, tiene un claro reflejo en la situación turística.
En Catalunya 400.000 personas buscan empleo, pero las plazas de hostelería son cada vez más ocupadas por extranjeros, mayoritariamente fuera de la UE que son los que aceptan salarios bajos. Y esto explica que haya desempleados del país que no quieren acoger esa demanda y una puerta abierta a la inmigración extracomunitaria. Este perfil de trabajador hace 10 años representaba al 22% del sector. Ahora significa ya el 34%, 1 de cada 3 trabajadores con un incremento ligeramente superior a 1 punto por año.
Estas personas a su tiempo generan nuevas demandas de viviendas sociales y de determinadas prestaciones sociales. Y es que el sector turístico, que beneficia a otros sectores, como la alimentación, el comercio, la construcción, el transporte, tiene, sin embargo, una gran externalización de costes sociales y de oportunidad sobre todo relacionados con bienes públicos, como la seguridad, la sanidad, la contaminación, etc. Y todo esto no se tiene en cuenta, pero obviamente carga sobre la economía del país. Y éste es uno de los claroscuros de las cifras de abril.
Una segunda consideración es que se sigue sin contabilizar los fijos discontinuos inactivos, que ahora ya no son una cifra marginal como eran antes de la reforma y su interés estadístico era mínimo. Ahora representan un volumen importante que distorsiona las estadísticas de paro. Constatémoslo.
Entre abril de 2019 y el actual, el paro se ha reducido en unas 300.000 personas, pero se calcula que los fijos discontinuos inactivos son 443.000, que no aparecen contabilizados y que si se integraran como parados que están, en las estadísticas, el balance de abril a abril 2019-2023 señalaría, no una reducción de las personas sin empleo, sino un aumento de 100.000.
Una última consideración es que las brillantes cifras de trabajadores en la Seguridad Social, al igual que en el número de empleados, no señalan la diferencia entre trabajadores a tiempo parcial o a tiempo completo. Y, por tanto, no expresan bien la realidad del mercado laboral, que sólo el cómputo de las horas trabajadas nos indica de forma apropiada. La sombra es que si se utiliza este indicador, entonces, el resultado no es ni mucho menos brillante.
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