Los pesados fardos…

Publicado en La Vanguardia el 28-6-2021

El acuerdo del Gobierno de reducir el IVA de la electricidad del 21% al 10% y la supresión del impuesto del 7% a la generación de electricidad son medidas adecuadas. Y aunque la autocita no es recomendable, no puedo resistir la tentación de señalar que, en mi blog Tras la virtud, en la edición digital de este periódico del 14 de junio, “Las nuevas tarifas eléctricas, o la política como engaño”, razonaba y pedía una decisión de este tipo, señalando a la par que el primer beneficiario de los aumentos de la factura eléctrica era la hacienda pública.

El Gobierno ha respondido adecuadamente, si bien sus medidas resultan tardías, son limitadas, insuficientes y no abordan el fondo del problema.

Llegan tarde porque la electricidad ha venido incrementando sus precios desde principios de año, y lo más grave, conocían de antemano el gran aumento que se iba a producir a causa de los nuevos precios de los derechos de emisión de CO2. Se pasaba de 1.200 millones de ingresos fiscales en el 2020 por este concepto a una previsión de 2.400 millones para este año. Era, además, el anuncio de una verdad molesta: la descarbonización, la llamada transición energética, tiene un coste importante del que el recibo de la electricidad es solo un claro exponente, y la cuestión irresuelta es cómo se distribuye este coste.

Las medidas ahora adoptadas son un simple parche de urgencia ante la indignación generalizada de la ciudadanía, lógica por otra parte, porque este junio será el mes con el recibo de la electricidad más caro de toda la historia, según Facua. Pero la cuestión de fondo, el problema de la excesiva fiscalidad en la factura que pagamos, sigue sin abordarse. España –lo publicaba este periódico el1deenero de este año– es uno de los estados de la Unión Europea con unos impuestos y cargos sobre electricidad más elevados, con el agravante de que los países que nos superan en fiscalidad, como Alemania y Dinamarca, disponen de unos ingresos por habitante muy superiores a los de España, y por tanto el mordisco sobre la renta es mayor en nuestro caso. Es evidente que el problema no viene de ahora. Lo que ha sucedido es un rápido aumento de los derechos de emisión deCO2 –la aceleración de la transición energética– que lo ha acentuado. En lugar de continuar cociendo la rana poco a poco, le han pegado un hervor y el animal ha saltado. En eso estamos.

Pero hay otra cuestión. Sufragar la transición energética a base de impuestos indirectos como el IVA aumenta el problema de la desigualdad. Lo hace de dos maneras distintas. En el caso de su aplicación a la factura eléctrica, porque es muy elevado, el 21%, tres puntos por encima de la media europea, y más del doble del agua. ¿Quién puede defender que esta diferencia es justa? En Italia, la situación es razonable: 10% de IVA para ambos aprovisionamientos. Pero además al financiar la transición con este impuesto, se castiga en mayor medida a las rentas más bajas. El Observatorio sobre el reparto de los impuestos entre los hogares españoles calcula que las rentas inferiores, que corresponden al primer quintil, pagan por IVA e impuestos conexos el 14,66% de sus ingresos. Para las rentas más altas, las que se sitúan en el centil máximo, solo representa el 4,06%. Entre ambos extremos la evolución es siempre la misma: a menos ingresos, más impacto del IVA sobre la renta.

Tenemos un modelo sobre la electricidad, y en general sobre la transición energética, socialmente regresivo. Es esto lo que debe abordar el Gobierno, y no solo los parches de urgencias presentados como “medidas sociales”, tan pequeñas, que no pasan de ser migajas que caen del banquete fiscal del Estado. Lo expresa bien esta relación: la rebaja del IVA ahora acordada significará una reducción de 650 millones de euros de ingresos fiscales para lo que queda de año, pero el incremento de los derechos de emisión de CO2, que también pagamos, será de 1.200 millones.

Pero el problema es todavía más amplio: las crisis acumuladas de la sociedad desvinculada, su anomia, son generadoras de costes crecientes; sociales, de transición, transacción y oportunidad, que son cargados sobre los ciudadanos por los poderes públicos en manos de la partitocracia. Es el caso de la vivienda. El incumplimiento de construir vivienda pública de carácter social se traduce en un gran déficit que pretende paliarse a expensas de los propietarios de viviendas y tolerando las ocupaciones. En el ámbito local, es un buen ejemplo de este mal proceder la recogida domiciliaria de basuras que está imponiendo Ada Colau. Esta medida traspasa a los vecinos el coste de una mejor selección de los residuos, pero sin rebajarles la tasa por este concepto, una de las mayores de España.

Se cumple así aquello de: “Lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar”.

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