Estafa puede utilizarse como sinónimo de engaño, de fraude. Con puridad significa provocar un perjuicio patrimonial mediante el engaño y con ánimo de lucro. Si sacamos la idea de lucro de la definición, el sentido de estafa como daño patrimonial y también como engaño se adapta perfectamente a lo que se ha hecho con la llamada supermanzana, más concretamente con la calle Consell de Cent y los ejes verticales que, como Borrell, Rocafort, Enric Granados y Girona la atraviesan.

Ahora, es bien sabido que tres sentencias, tres, consideran que la tramitación realizada por el Ayuntamiento se saltó la ley porque llevó a cabo una importante transformación de un eje básico del Eixample como si fueran obras de arreglo de la calle a base de presentar el proyecto en formato de pequeños proyectos diferentes en lugar de lo que es, una única obra.

Con esta trampa tan grosera, el Ayuntamiento de Colau y Collboni querían evitar la tramitación más garantista, que obligaba a considerar la obra, como así lo establecen las tres sentencias, como una modificación del Plan General Metropolitano.

La consecuencia es que ahora, el Ayuntamiento, de una u otra forma, en un grado u otro, debe retrotraer la actual situación a una que se parezca a la situación inicial. Esto tendrá un mayor o menor coste, según lo que se haga, pero es que también habrá que devolver los fondos europeos, el dinero gastado para construir el eje verde.

Todo ello, además de su gravedad intrínseca, que es muy grande, tiene otras añadidas que dan idea de la degradación política bajo la que vivimos.

Primero porque Colau intentó enredar a propios y a extraños, aunque el clamor jurídico de que estaba haciendo una arbitrariedad era muy ruidoso. Si el alcalde no respeta el derecho, ¿cómo pensar en una ciudad bien ordenada y que funcione bien?

Pero es que, además, Collboni, que ahora hace todo lo posible por hacer ver que no estaba, es corresponsable de la acción porque era primer teniente de alcalde, sabía perfectamente lo que se estaba haciendo y nunca abrió la boca. Tenemos, por tanto, un alcalde que se desliza y que se adapta a las circunstancias en función de quién mande en el poder.

El tercer hecho es que todo esto tiene un coste para la ciudad, para nuestros bolsillos.

Pero, ¿cuáles son las consecuencias concretas de todo esto sobre los responsables?

¿Qué repercusión administrativa, penal o política tiene ese engaño sobre Ada Colau y sobre los socialistas que ven recompensada su trayectoria con un buen resultado electoral en las últimas elecciones?

La ciudadanía actúa con poca conciencia de su propia dignidad, porque si esto no fuera así, sus exigencias serían mucho mayores y todo ello repercutiría en una mejor gobernanza y quienes estarían a la cabeza serían mucho más cuidadosos y eficaces en sus actuaciones.

Además, ya se sabía que el eje verde de Consell de Cent provocaría el colapso permanente de la calle Valencia y el empeoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes y, en menor grado, también de otras vías paralelas. Se ha roto lo que era el fundamento del Eixample: la malla urbana isométrica que garantizaba la igualdad del espacio para todos.

Ahora hay unos beneficiarios, los de Consell de Cent, y unos perjudicados, los de las calles del entorno.

En otras palabras, la medida de Colau-Collboni ha incrementado la desigualdad en la ciudad, acentuada por el proceso de gentrificación que vive la vivienda en Consell de Cent. Hay algunos sabios, entre ellos arquitectos, que proclaman que la solución es hacer más calles como Consell de Cent. Es, por ejemplo, el caso de Juli Capella.

Son capaces de replantear estos términos en el esquema de la ciudad sin dedicar una sola línea a la movilidad y la accesibilidad, porque el problema del coche en Barcelona es básicamente que el Eixample es el pequeño núcleo central de una extensa y densa área metropolitana que se comunica con él y que es fuente de su vitalidad. Y mientras el transporte público no garantice una buena accesibilidad desde las periferias metropolitanas, cualquier alteración, como la de Consell de Cent, es un despropósito colosal.

Esto sin considerar la inversión necesaria y sobre todo los costes de mantenimiento, pero ésta ya es otra historia.

El Ayuntamiento de Colau y Collboni querían evitar la tramitación más garantista, que obligaba a considerar la obra, como así lo establecen las tres sentencias, como una modificación del Plan General Metropolitano Share on X

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