Mientras nos distraen con frecuentes menciones a las amenazas del fascismo y el machismo, el nuevo totalitarismo del siglo XX se expande por todas partes. Es la consecuencia lógica de una sociedad desvinculada, que solo puede sostenerse mediante un sistema autoritario que impide toda disidencia, ya que es la única forma de mantener la falacia en la que se basa la cultura hegemónica de la desvinculación.
Han logrado, de manera similar a tiempos pasados, instaurar una vigorosa autocensura. Profesionales que callan por temor a perder su sustento, el reconocimiento público y, sobre todo, por el miedo a ser señalados, excluidos y cancelados. El nuevo totalitarismo crece, por lo tanto, es crucial exponerlo en sus hechos concretos para que cada persona pueda juzgar y formar su propia opinión sobre lo que está ocurriendo.
Una característica fundamental del totalitarismo es que sus fines justifican los medios, sin importar las consecuencias.
Un ejemplo reciente de esto es la reacción de la progresía ante la sentencia de un juzgado contencioso administrativo de Barcelona que declara ilegal la forma en que el Ayuntamiento llevó a cabo la transformación de la calle Consell de Cent del Eixample en el «eje verde.»
Esta calle es crucial para la articulación del área central de Barcelona y su interacción con el conjunto metropolitano. Su transformación en una vía peatonal altera profundamente su estructura urbana y afecta negativamente a la circulación y el acceso desde el exterior hacia el centro de la ciudad.
Este proyecto fue criticado por expertos en urbanismo, como Salvador Rueda “padre” de la concepción de las supermanzanas aplicadas a Barcelona, y por el exarquitecto jefe del ayuntamiento Acebillo, quienes consideraron que era una brutalidad urbanística y que su aprobación contravenía la legalidad y las garantías ciudadanas.
Además, la transformación se realizó de manera apresurada para coincidir con las elecciones municipales, generando un gasto extraordinario de 26 millones de euros.
La transformación se hizo sin cumplir con la condición previa necesaria de adaptar el transporte público a las necesidades que generaba el drástico cambio. La consecuencia ha sido un aumento extremo de la congestión, la contaminación y el ruido en la zona del Eixample, y en particular en la calle Valencia que acumula el flujo de tráfico cortado en el eje verde.
Se han producido de inmediato externalidades negativas precisamente donde se daba la mejora: Su asimetría en la urbanización ha provocado la gentrificación de la calle que ha elevado los precios de alquiler y ha comenzado a expulsar a los residentes originales, al tiempo que la calle se ha convertido en un punto de carga y descarga, y escenario de celebraciones que degradan su entorno.
En definitiva, se ha realizado la transformación sin garantías jurídicas para la ciudad, no se ha tenido en cuenta el interés general de los ciudadanos y solo los beneficios de unos pocos, y no se han conseguido las ventajas anunciadas de reducir la contaminación; simplemente la han desplazado a las calles vecinas.
Los canceladores
La antigua alcaldesa, ahora desautorizada por la juez, ha arremetido contra la persona. Es lógico, porque corresponde a su estilo, faltado del más elemental respeto con quien disiente de ella, aunque sea una juez que se expresa mediante una sentencia razonada.
Rápidamente se han añadido los canceladores que, como Colau, consideran que aquello que ha definido la progresía no puede ser alterado y que los medios de usar una vía fraudulenta para aprobar una modificación del plan metropolitano, porque de eso trata la sentencia, no importan. Solo vale el fin perseguido. Tampoco se han de considerar las consecuencias reales. Lo único que importa es el relato sobre la inexistente mejora de la salud de la gente y la descontaminación atmosférica.
Tampoco hay nada que decir sobre el abrumador coste de 26 millones; al contrario, solo se ha de considerar el Matrix ideológico que se vende como si fuera realidad,
El cancelador Jordi Amat escribía en El País, que “la patronal estaba contra el futuro”, refiriéndose a la asociación de comerciantes que impulsaron el recurso. Ha afirmado demagógicamente que la sentencia tendría consecuencias negativas para la salud pública y que de esta manera ha conseguido frenar una transición urbana destinada a reducir el uso del vehículo privado, olvidando que el propio alcalde actual, Collboni, ha frenado la iniciativa a pesar de haber sido años y años teniente de alcalde de Colau.
Según Amat solo se trata un empeño de empresas monopolísticas y de medios de comunicación y no un fraude en la tramitación y de la oposición mayoritaria de la ciudad, que rechazo ampliamente a Colau y su proyecto en las últimas elecciones.
Califica la sentencia de alucinante y se olvida que no se modificó para nada la contaminación de la ciudad, simplemente la trasladó de una calle a las restantes. Lo mezcla todo con el calentamiento global y considera que se aprovechan los resquicios legales para “seguir envenenando”. Así llama Amat a cumplir con las garantías jurídicas en las transformaciones urbanísticas.
Sostiene que la sentencia refuerza el principio tóxico de que las calles deben ser para los coches, cuando lo que hace es establecer que se ha de cumplir con las normas de tramitación para que los ciudadanos puedan tener garantías.
Termina con una aportación más del universo Matrix, afirmando que no se ha producido el colapso y los problemas de tráfico anunciados, a pesar de que no se necesita ser un experto, sino que basta andar por la calle Valencia para comprobar la magnitud del desastre,
EL País, sobre todo, pero no solamente, ha lanzado una campaña de rescate de una pieza clave de Sumar, hoy descabalgada, mostrando claramente que los medios y las repercusiones reales no les importan si estorban a sus fines.
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