Los proyectos de decreto regulando las enseñanzas concertadas con la excusa de la inclusión social, y que en la práctica se transforma en un conjunto de medidas que limitan el derecho de los centros, a la vez que les imponen unas cargas económicas desmesuradas sin las correspondientes contrapartidas, no son nada más que la utilización de un problema que tiene la sociedad que surge de ella misma y de la incapacidad del Gobierno de la Generalitat y del Estado para abordar la desigualdad creciente que existe en nuestra sociedad.
Una premisa debería centrar toda política educativa: la falta de inclusividad de las escuelas no puede ser corregida solo con medidas escolares, porque su causa tiene que ver con el funcionamiento global de la sociedad y las políticas públicas que los gobiernos realizan. Los problemas sociales en las escuelas, que se reflejan en los distintos resultados de los alumnos en función de su clase social y del centro al que van, solo tienen buen abordaje si se actúa sobre las causas de esta desigualdad. Un ejemplo concreto lo demuestra:
La tasa de riesgo de pobreza es claramente mayor para las personas de 18 a 45 años que para los de 46 a 64 años. En otras palabras, las personas con edad de tener hijos pequeños son más pobres que aquellos que ya los tienen en una edad adulta. concretamente es de un 10,6 para los nacidos en Cataluña y en el resto de España para la población más joven, y de solo 18 ,6 para los mayores de 46 años. Es sabido que la crisis ha provocado un descenso en los ingresos que ha castigado, no solo a la clase media, sino especialmente a la población de menores ingresos, pero que ha dejado prácticamente intocada a los jubilados, que apenas han visto disminuir su rentas.
Los bajos salarios, el precariado, un sistema fiscal que les favorece sobre todo a los que menos ingresan, algo que es además más acusado en Cataluña, porque la carga fiscal es de las más elevadas de España para que el grupo de población.
De todo esto surge el problema de la población escolar perteneciente a familias con menos recursos que alcanzan un rendimiento más bajo. Los datos para toda España y para el 2015, que es el último año al que se tiene acceso, señalan que el porcentaje de alumnos que repitió curso, que es un buen indicador del deficiente rendimiento escolar, se situó en el 49,9 por ciento, mientras que en el 2003 estaba en el 40,9 por ciento. Pero en las clases medias esta misma cifra se situaba en el 32,4 por ciento y solo había aumentado poco más de un punto, Mientras que las familias con mayores ingresos fueron del 15,5 por ciento y solo había crecido 4 décimas en relación con 2003. Esto no se resuelve inyectando alumnos con bajo rendimiento y menores ingresos familiares a otros centros, si previamente no se dedican atenciones y recursos a estas familias con hijos de bajos ingresos. Una renta familiar básica y la asistencia a las familias para que se ocuparan de sus deberes educativos, en la medida que les fuera posible, esto sí que contribuiría a la solución. Entonces sí que cobraría sentido evitar la concentración de alumnos con problemas en unos centros determinados. Pero esto exige un esfuerzo que la Generalitat no está dispuesta a hacer, y significa también una premisa ideológica que el Gobierno de Cataluña no está dispuesto a asumir: la prioridad a las familias con hijos.
Pero es que, además, los datos demuestran que, precisamente es Cataluña uno de los lugares de España donde más ha descendido el problema de los repetidores como expresión del bajo rendimiento escolar. Concretamente, en 2015 se situaba en el 16 por ciento muy por debajo de Canarias, 35,6 por ciento, Asturias Aragón, o la Comunidad Valenciana.
Y es que los proyectos de decreto de Bargalló son en realidad una excusa para dificultar la vida del caballo a batir por la izquierda catalana: la escuela concertada y de manera primordial la más numerosa, la escuela cristiana.
Claro que los buenos datos sobre los repetidores catalanes también pueden interpretarse bajo la sospecha razonada en múltiples hechos, que existe la instrucción pública de hacer pasar curso a la inmensa mayoría de alumnos prescindiendo del grado real de conocimiento. Pero este ya sería otro tema que ciertamente los proyectos de decreto del conseller Bargalló tampoco resuelven.
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