La justicia en España está viviendo de forma aparatosa la destrucción de todo el edificio institucional y por extensión del derecho.
Uno de los golpes más demoledores es consecuencia de lo que está ocurriendo en el TC con el aborto y la forma de abordarlo 13 años después. La mayoría gubernamental ha rechazado la recusación objetiva de cuatro de sus miembros en un gesto insólito, pese a ser magistrados plenamente contaminados por decisiones anteriores sobre la ley sobre la que debían juzgar su constitucionalidad.
Es algo insólito, y aún lo es más que la misma mayoría rechazara la retirada de una magistrada que sí aceptaba las razones para no participar en las deliberaciones obligándola a continuar.
También llama al escándalo el hecho de que ahora con 3 días resuelvan una cuestión que no han podido tratar en más de una década, pero además en estos 3 días, en realidad 3 mañanas, se han cargado la ponencia sobre la posible sentencia, que aceptaba la constitucionalidad de la ley salvo en un punto, y han dictado sentencia proclamando la plena constitucionalidad del A la Z y encargándole a la vicepresidenta gubernamental que redacte la justificación.
Fuentes del tribunal ya han señalado que será un trabajo rápido porque «Montalbán -que es el nombre de la vicepresidenta- tiene muy trabajado el tema». Si lo tenía trabajado de antes de ser magistrada, es evidente que no podía intervenir y si lo ha hecho ahora es que ya estaba sobre aviso, por parte del presidente Conde-Pumpido, que liquidarían al ponente y ella elaboraría un acuerdo previamente cocinado fuera de las deliberaciones entre los magistrados.
Todo ello una comedia que no hace reír porque significa la demolición del TC.
Además aparece el líder del PP, el partido que había presentado el recurso de inconstitucionalidad con una extensa argumentación, y declara que ahora le parece bien que sea constitucional y que ve correcta la ley de plazos. Y esto lo hace sin ningún tipo de debate interno, pese a que ésta es una cuestión que está formalizada en los congresos del PP.
¿Quién puede confiar en liderazgos de este tipo que cambien las ideas según convenga?
Pero es también la crisis que viene arrastrando al CGPJ que contribuye a la destrucción del sistema de justicia en España. Al no renovarse cuando debía hacerlo en diciembre del 2018, por desacuerdo entre el PP y el PSOE, el gobierno le castigó con una nueva legislación que le impide hacer nombramientos.
La consecuencia es que se van produciendo vacantes en el Tribunal Supremo que es la máxima instancia en la que se acaban dilucidando las cuestiones judiciales más controvertidas, y en este momento casi un 30% de plazas de juez están vacantes.
Ello supone que en las dos salas del Supremo más afectadas dejarán de dictarse por el momento más de 1.200 sentencias con todo lo que conlleva de problemas personales, litigios económicos e indemnizaciones.
¿Cómo puede funcionar una economía sin garantías constitucionales, ni un mínimo de dinamismo en las resoluciones judiciales?
Porque, y ésta es la otra, hace ya tres semanas que los letrados de la administración de justicia están en huelga sin que la ministra, Pilar Llop, haya dicho esta boca es mía. La consecuencia es una parálisis generalizada de los juzgados.
Se calcula que su actividad ha caído un 60% y que existen 350 millones de euros no pendientes de liquidar, sino de entregar a quien le corresponde por esta parálisis. Las consecuencias sobre personas y empresas son evidentes. Se han suspendido más de 110.000 vistas, que cuando acabe la huelga tendrán que reprogramarse.
El problema es que la agenda ya estaba llena hasta el año 2025. Por tanto, la parálisis de la justicia española va desde los tribunales de primera instancia hasta el TS. Con el añadido de la politización radical y pérdida de la legitimidad del TC.
Por último, y puede ser la guinda de este gran pastel, la mayoría del parlamento ha recusado al ministro Grande-Marlaska. Un juez acusado de mentir. El gobierno tiene un lío monumental con la justicia, en gran medida lo ha generado él por su voluntad de imponer sus tesis sin matices. La lástima de todo es que lo paguemos nosotros.
La parálisis de la justicia española va desde los tribunales de primera instancia hasta el TS Share on X
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