El prácticamente estrenado de nuevo TC, que refleja la voluntad política de Sánchez, ha iniciado su andar con un escándalo que le desacredita. El tema es el aborto, mejor dicho, el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la ley del aborto promovida por la ministra Aído del gobierno de Rodríguez Zapatero.
Pero pese a ser un tema polémico, pese a que el PP intente pasar de puntillas, el escándalo que genera el TC presidido por el exfiscal general del estado Cándido Conde-Pumpido, va mucho más allá porque cuestiona de raíz la imparcialidad y objetividad del garante de la Constitución.
Todo gira en torno a que los cuatro nuevos miembros, tres propuestos por el gobierno, (Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo, ex ministro y ex secretario de estado de Justicia, e Inmaculada Montalbán, magistrada que anteriormente ha ocupado el cargo en el CGPJ), así como la propuesta por el PP (Concepción Espejel, que también ha estado anteriormente en este órgano de gobierno de los jueces), se pronunciaron formalmente en su día sobre la ley que ahora se examina para valorar su constitucionalidad.
Con ese solo anunciado es evidente que todos ellos debían apartarse voluntariamente de decidir sobre esta cuestión. Porque de forma formal y notoria habían manifestado su posición, que era, en los casos de los tres magistrados gubernamentales, totalmente favorable al gobierno.
Pero no se han querido retirar y han rechazado la recusación de que una serie de firmantes del recurso de inconstitucionalidad les pedían, entre otras razones porque estaban tan contaminados que era de libro el hecho de que no participaran en las deliberaciones.
Pero como en este momento hay una amplia mayoría gubernamental en el TC, han tirado por el derecho y han negado que hubiera motivo para ser recusados porque dicen que su criterio jurídico se produjo muchos años atrás. Pero, claro, esta afirmación no significa ni mucho menos que hayan cambiado de actitud, que sigue siendo exactamente la misma y, por tanto, la referencia al tiempo pasado no tiene ningún sentido. Lo tendría si al mismo tiempo adujeran que ya no mantienen la posición de entonces, pero eso, es una posibilidad metafísica porque son personas que a su condición de magistrado y juristas les une su estricta disciplina a las decisiones del gobierno, como se pone de manifiesto en toda su trayectoria profesional.
Pero si esto ya es motivo de descrédito, porque sitúa un precedente terrible como es el de considerar si uno está contaminado o no, ya no depende de los hechos sino de la fuerza de los votos en el seno del tribunal, lo es aún más el hecho de que la magistrada Concepción Espejel que por decisión propia comunicó que no participaría, la mayoría del tribunal ha decidido que no le admite esta decisión y le obliga a participar, vulnerando así el principio de conciencia de la propia magistrada.
Subrayamos la contradicción: por un lado, a la hora de negar las recusaciones impera la subjetividad bajo el juicio del que dijeron entonces, aunque el tiempo transcurrido ya no cuenta en el momento actual, aunque siguen pensando lo mismo. Y en relación con Concepción Espejel impera, no el respeto a la decisión en conciencia de la magistrada, sino la imposición de la mayoría de votos de quienes no les interesa este testigo porque pone en evidencia a quienes, estando en igual o peor situación, no quieren apartarse de la decisión.
Todo ello configura un grave revoltijo que va más allá del aborto porque afectará a cualquier otra cuestión que tenga recursos pendientes, como es la eutanasia o la ley de enseñanza y otros. Deja al TC descalificado de toda independencia y convertido en un simple apéndice de la voluntad del gobierno de turno y la mayoría que ha logrado configurar.
Se intentan justificar todas estas arbitrariedades aduciendo que si se produjeran las recusaciones, no habría el quórum necesario para decidir.
Pero está claro que este hecho instrumental no puede condicionar la existencia de razones objetivas que hacen a todas estas personas incompatibles con participar en la sentencia del tribunal.
Por otra parte, cabe decir que el quórum, incluso en este supuesto, no se logra porque está pendiente de nombrar a otro magistrado por parte del Senado que corresponde al PP y que se encuentra bloqueado en aquella instancia. Por tanto, además hay una burla política porque quienes hacen lo posible para que el tribunal no pueda funcionar con normalidad, es la misma mayoría gubernamental que ahora lo controla.
Por si esto no fuera suficiente, las organizaciones profesionales de la magistratura están desempeñando un papel que está lejos de lo que se espera de estas instancias de nuestra sociedad.
La Asociación Profesinal de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria(AJFV) y el ForoJudicial Independiente (FJI) se han pronunciado en el sentido de no pronunciarse porque el TC no es Poder Judicial y, por tanto, no les corresponde decir nada. Pero algo sobre el respeto a los procedimientos jurídicos, en ese caso el de las recusaciones, sí podrían decir. Que los jueces huyan de estudio es una mala cosa.
Quienes no han huido es la minoritaria asociación gubernamental de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) que dice que «unas opiniones abocadas años atrás no tienen por qué afectar a la imparcialidad».
Más frívolo imposible porque no se trata de comentarios de sobremesa que pudieran haber hecho aquellas personas, sino de actuaciones formales debidamente registradas en las que manifestaban su posición sobre la ley del aborto recorrida.
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