Declive referido a la situación española, pero también puede rastrearse en buena parte de Europa, incluso de los Estados Unidos.
Pero vayamos a lo nuestro. El sistema de partidos y las instituciones políticas españolas no funciona, y no consigue abordar adecuadamente los grandes desafíos y dificultades que padecemos, y no digamos ya resolverlos. Según los estudios de opinión, la nuestra es, junto con Italia y Grecia, la democracia europea más cuestionada por sus propios ciudadanos. Según el Pew Research Center. Un 65% de españoles «no está satisfecho con cómo está funcionando la democracia» en su país. Empata con Italia y solo los supera Grecia.
El retraso del ejecutivo en abordar el problema de la inflación a causa de los costes de la energía es una constatación de esta crisis, más cuando el propio Decreto sobre el actual “plan de choque”, señala que tal problema comenzó en el segundo semestre del año pasado. Estamos ante el fallo sistémico de la capacidad ejecutiva, que ya se hizo evidente con la gestión de la pandemia. Todavía hoy, dos años después de su inicio, continuamos sin una legislación específica para afrontar este tipo de problemas sanitarios, un sistema de control de las enfermedades infecciosas y una asistencia sanitaria en condiciones.
Aquel fallo se extiende a la Administración Pública necesitada de una profunda reforma, por su deficiente organización y capacidad de ejecución, por las condiciones que rigen su trabajo, porque está envejecida y es deficiente en su sistema de selección. Por eso imperan ahora las empresas de consultoría, para pagar dos veces por el mismo servicio: a ellas y a la burocracia que debería realizar su tarea. Y los costes de esta incapacidad crecen: no son capaces de ejecutar los fondos europeos ordinarios y existe una duda razonable sobre la correcta aplicación de los fondos Next Generation.
No existe planificación de las políticas públicas en el sentido exacto del término, y la organización ministerial es decimonónica y escasa su coordinación horizontal, lo que la imposibilita para abordar la complejidad. Pero sí hay una inflación de cargos políticos de alto nivel: 22 ministerios, 4 vicepresidencias, todo un récord, 541 altos cargos, un 15% más que en el último gobierno Rajoy.
Y junto con el fallo sistémico ejecutivo, surge la degradación del poder parlamentario, fundamento de la democracia liberal. El Congreso, la representación formal del pueblo español, es un apéndice del ejecutivo, que a su vez lo es del presidente del Gobierno. Queda así dibujado un panorama que tiene más de cesarismo que de democracia. La suspensión de las tareas de control parlamentario durante la pandemia, o el hecho de que el Congreso aprobara el rechazo de la nueva política sobre el Sáhara de Sánchez, menos de 24 horas antes de que este se trasladara a Marruecos para validarla, son dos ejemplos de la degradación de la institución parlamentaria. A la que debe sumarse la debilidad de los organismos independientes, que teóricamente actúan como contrapeso. Por ejemplo, la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF) reclama poder evaluar ¡40.000 millones de euros en avales! y el ingreso mínimo vital, con escaso éxito, porque depende de la ayuda de la propia Administración a la que supervisa.
Esta degradación y debilidad explican que no exista la rendición de cuentas, que en el caso de la Covid-19 resulta espectacular: más de cien mil muertos, y nada que analizar, diagnosticar, asumir. Las exigencias legales de transparencia son letra muerta. El Consejo de la Transparencia ha percibido cientos de veces al gobierno por declarar secreta o confidencial información que legalmente debe ser pública, y por utilizar la Ley de Secretos Oficiales de la época franquista. En esto, la memoria histórica no rige. En el Congreso, Esquerra Republicana y Bildu han contribuido a vetar comisiones de investigación sobre la Covid, o los 53 millones concedidos a la compañía área Plus Ultra.
La levedad del ser parlamentario también explica el uso de medidas y leyes claramente inconstitucionales, como el estado de alarma. La salvaguarda del recurso sirve de poco, porque la tardanza en resolverlos en el TC provoca que, mientras, las normas cumplan su efecto. El problema profundo, grave, de España, es su transformación de Estado de derecho en un estado de leyes, que se aplican asimétricamente en función de los sujetos y las ideas.
Las leyes son presentadas para su aprobación sin memorias consistentes sobre los recursos para su aplicación y sus costes, porque fieles a la vieja tradición española, se confunde la letra impresa con la ejecución del propósito. La inflación legislativa es brutal, y continúa. Cada año España produce un millón de páginas de BOE. A pesar de ello, no hay ninguna racionalización legislativa y encima el gobierno anunció 368 normativas más. Y es que la productividad política no la miden por sus efectos, sino por el número de leyes y el gasto. Los resultados no importan.
Excepcionalmente grave es la politización de la justicia, como consecuencia de las cuotas partidistas entre el Partido Popular y el PSOE y sus secuelas: cuando no se ponen de acuerdo bloquean su renovación. Es escandalosa la politización del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas. Solo el hecho de que lleve pendiente más de once años el recurso contra la ley del aborto ya señala cómo de débil es la división de poderes en España, y cómo la Unión Europea prefiere mirar hacia el Este para criticar las manipulaciones de las instituciones judiciales, en lugar de extender su mirada a toda la realidad europea. La Fiscalía General del Estado está colonizada por el gobierno. Colonización que se extiende a entidades teóricamente independientes, como la Agencia de Protección de Datos, como lo constata la elección de sus responsables por el sistema de cuotas entre el PSOE y PP.
Pero no se trata solo de la justicia. Los partidos viven instalados en lo que Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación Hay Derecho, define como clientelismo estructural, consecuencia de que todos los partidos utilizan las instituciones públicas para situar profesionalmente a sus miembros y colaboradores.
En la medida que la política se ha descristianizado en el sentido no confesional del término, al que refiere Tom Holland en Dominio, es decir, como cultura moral, la polarización política ha crecido hasta hacer inviable todo acuerdo, excepto en aquellos aspectos en los que reina el vicio del reparto de cuotas entre partidos. Han destruido la amistad civil aristotélica, sin la que es imposible alcanzar el bien de la polis. La política española por parte del gobierno ha degenerado en políticas de la cancelación que subvenciona, una cultura woke, y la ingeniería del diseño cultural, que pretende transformar las mentes, sobre todo de los niños y adolescentes, y de los hombres, creando la nueva masculinidad. El manifiesto meses atrás de 130 intelectuales españoles (Oscar Tusquets, Fernando Savater, Sergi Pàmies, etc.) enviando un SOS por la libertad de expresión y contra la intolerancia “progresista”, es una consecuencia nada frecuente de la imposición ideológica que se vive en España.
La memoria histórica o democrática es una gran expresión de la incapacidad del gobierno para abordar el presente y prepara el futuro, refugiándose en el pasado para reescribirlo, practicando un ajuste de cuentas. Hasta ahora era un rasgo de los regímenes totalitarios, ahora forma parte de la democracia española.
Artículo publicado en La Vanguardia
Cargando ...
Josep Miró y Ardèvol: Lo más importante que he hecho en mi vida es casarme con Muntsa, tener hijos, Marc y Josep y, pero eso ya es una feliz derivada, una nieta, Anna. Lo más grande que me ha sucedido es haber dispuesto del don de la fe. A partir de ahí, todo lo demás son consecuencias o complementos.