El 17 de septiembre, en Santa Maria de Montalegre, Barcelona vivió una escena que desacredita profundamente el feminismo que la protagonizó: personas que invocaban los derechos de las mujeres impidieron que otras mujeres contaran su experiencia del aborto. Esta contradicción tiene un significado político y moral que es necesario denunciar con claridad. Cuando una ideología necesita silenciar a las personas que dice defender, revela hasta qué punto las ha subordinado a su dogma.
El acto «Y después del aborto, ¿qué?», organizado por la Corriente Social Cristiana, Entidades por la Vida y la Plataforma por la Familia Catalunya-ONU, quería escuchar testimonios personales. El acto se inició a las 19.30 horas. Los organizadores explican en el diario que entre 30 y 40 personas, situadas entre el público, lo interrumpieron con gritos y pancartas. La misma información recoge que llegaron a tomar el micrófono. La situación se prolongó casi media hora, hasta que los Mossos d’Esquadra desalojaron a las activistas y el acto pudo reanudarse.
Muchas personas que seguían la retransmisión por streaming tampoco pudieron saber con normalidad lo que ocurría. La agresión contra la libertad de palabra afectaba, pues, a las mujeres que querían hablar, a los asistentes que querían escuchar y al público que lo intentaba desde casa. Una minoría había decidido imponer a todo el mundo lo que se podía escuchar.
La policía tomará declaración a testigos el día 23.
Las mujeres sometidas al filtro ideológico
Aquí reside la gravedad específica de los hechos. El relato personal de una mujer merece respeto aunque contradiga una consigna. Si explica sufrimiento, soledad, presiones o arrepentimiento, nadie tiene derecho a expulsarla de la conversación porque su experiencia resulte inconveniente. Escucharla no obliga a compartir todas sus conclusiones. Impedir hablar significa negarle la condición de sujeto con criterio y voz propios.
El feminismo que solo acepta testimonios compatibles con su doctrina convierte a las mujeres en instrumentos. Las aplaude si confirman el relato y las desautoriza cuando lo cuestionan. Esta tutela ideológica reproduce lo que afirma combatir: alguien decide, desde fuera, qué puede decir una mujer sobre su vida. En Montalegre, esta pretensión se materializó mediante la agresión, la intimidación y la ocupación del espacio de palabra.
Por eso, el descrédito va más allá de las personas que reventaron el acto. Interpela a las organizaciones feministas que reivindican una representación general de las mujeres. Tienen la oportunidad y la responsabilidad de condenar estos comportamientos sin excusas. Si los justifican porque las víctimas defienden la vida o son cristianas, aceptarán que los derechos dependan de la afinidad ideológica. Y si los amparan, contribuirán al deterioro de la credibilidad del movimiento.
La coacción como método político
Hay que llamar a esta conducta por su nombre: censura ejercida mediante la coacción. El hecho de que se envuelva con vocabulario emancipador no modifica su naturaleza. Entrar en un acto ajeno, interrumpirlo e impedir que siga es atribuirse una autoridad sobre los demás que nadie ha concedido. Es un comportamiento de lógica totalitaria: el adversario queda privado de la posibilidad de expresarse.
La discrepancia sobre el aborto es profunda y afecta a cuestiones decisivas sobre la vida, la maternidad y la responsabilidad colectiva. Precisamente por eso necesita debate público y testimonios libres. Quien pretende clausurarlo con gritos empobrece a la sociedad y muestra una incapacidad para confrontar experiencias. La fuerza de los argumentos se comprueba escuchando las objeciones y respondiendo a ellas.
La Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y las instituciones que proclaman defender a las mujeres deberían pronunciarse con claridad. La intervención de los Mossos permitió reanudar el acto, pero la cuestión cívica sigue abierta. Las mujeres que fueron silenciadas merecen el mismo respeto institucional que cualquier otra. Su posición frente al aborto no puede convertirlas en ciudadanas con menor protección ni menos reconocimiento público.
Habría que preguntarse, también, qué precedente se establece si normalizamos estos hechos.
Cualquier grupo podría adjudicarse el poder de suspender un encuentro alegando que su contenido le ofende. La libertad quedaría entonces a merced de quien movilice a más personas dispuestas a intimidar.
Aceptar este criterio erosiona la convivencia y castiga especialmente a aquellos que sostienen posiciones menos aceptadas en determinados ambientes.
También existe una cuestión elemental de respeto humano. Compartir públicamente una vivencia íntima exige confianza. Interrumpir ese momento con gritos añade humillación a quien ha aceptado exponerse ante los demás. Ninguna causa que se proclame liberadora puede justificar este trato. La dignidad de una persona no queda suspendida cuando lo que explica desmiente las certezas del grupo que tiene delante en ese momento.
La respuesta anunciada por las entidades organizadoras mantiene una exigencia democrática: seguir hablando, dar difusión a los testigos y llevar a la calle una campaña pacífica de carteles. Afirmaron que no reventarán actos ajenos ni impedirán que nadie se exprese. Esta coherencia merece soporte. Sobre todo, es necesario que las voces interrumpidas lleguen más lejos. El mejor desmentido de la censura será que aquellas mujeres puedan explicar, en su totalidad y sin miedo, lo que algunos no querían dejarnos escuchar.
En Montalegre, personas que invocaban los derechos de las mujeres impidieron que otras mujeres contaran su aborto. Esta contradicción desacredita al feminismo que la practica. #Feminismo #CorrienteSocialCristiana Compartir en X
