La ciudad de Igualada presenta una situación extremamente preocupante, pero no tanto por la cifra de contagios como por la elevada letalidad. Aquella población y la parte de la Conca d’Òdena registran una elevada cifra de muertos: 63,1 por 100.000 habitantes, mucho más alta que Madrid (27,9) y Lombardía (41,6). Para Cataluña la cifra es de 6,9, más de nueve veces inferior.
Cuando se decretó el confinamiento de este territorio, antes del estado de alerta, el 13 de marzo, había 67 casos y solo 3 muertos. El día 23 los casos habían crecido hasta 292 y los muertos se habían multiplicado más de por 10, alcanzando los 36. Los picos de mortalidad se registraron los días 15, con 4 fallecimientos, el 16 con 5, y sobre todo el día 19 con 9 muertos en un solo día, aunque el siguiente no se produjo ninguna baja. Después durante 3 días sucesivos, el 21, el 22 y el 23 de marzo, murieron cada día 4 personas.
Es esta elevada letalidad la que debe preocupar a la Generalitat, la que debería mover a esfuerzos, porque significa un fallo generalizado en el sistema sanitario, que en el caso de Igualada descansa sobre el hospital que a su vez fue foco inicial de la pandemia.
A la luz de estas cifras se puede observar que la declaración de confinamiento específico para el territorio, sin antes haber adoptado un refuerzo importante de la capacidad y recursos sanitarios, fue un error de principiante, porque lo único que consiguió es encerrar a los ciudadanos de aquella población y comarca en un entorno con recursos sanitarios claramente deficientes. Sin reforzar el material de protección personal, aumentar el número de médicos y enfermeras, dotarlos de los especialistas adecuados, y reforzar la capacidad en UCI y sobre todo en respiradores, el confinamiento se acercaba mucho a una trampa mortal. Después, a la vista de las cifras, el Conselleria de Salut, tardíamente, ha intentado paliar la situación, pero buena parte del daño ya estaba ocasionado. La lección trágica es clara: no se puede confinar una pequeña porción de territorio si antes no se adoptan las medidas para proporcionarles los recursos necesarios, cosa que no siempre es fácil.
La propuesta posterior del Gobierno de la Generalitat de endurecer el confinamiento, prohibiendo toda actividad no estrictamente necesaria, y que la presidencia del Gobierno español no ha permitido, quizás contribuyera a reducir algo los contagios, pero no aborda el problema de fondo de la letalidad. Una cifra que multiplica por 10 a la media de Cataluña, que más que dobla la de Madrid, posee una razón de especificidad propia que ha de ser por esta misma lógica específicamente atacada.
Sin duda la mortalidad tan elevada tiene un reflejo en el daño que el coronavirus debe haber causado en la población de más edad. Porque hasta ahora, todas las comparaciones de diferencia de este trágico ratio se encuentran en este factor. En la medida que consigue preservarse a la población mayor de 60 años, la mortalidad se reduce. El ejemplo más espectacular lo encontramos en un país próximo, como es Alemania. El problema de conocer esta dimensión esencial para un diagnóstico acertado es que la Generalitat no ofrece para Igualada, ni en realidad para el conjunto de Cataluña, una estadística digna de este nombre. No sabemos cómo se distribuye por edades y por sexo, ni cuántas personas están ingresadas en la UCI, ni cómo han crecido los contagiados cada día, ni los que se dan de alta.
El Departamento de Salud se limita a publicar una breve nota donde hay un apunte con cifras del día, pero esto no es ni de lejos un registro estadístico que implica una acomodación y tratamiento de los datos, así como su depuración. Esta es otra de las grandes dejaciones del Gobierno de Cataluña.
Resulta difícil de entender que un país que dispone de un sistema estadístico propio, el IDESCAT, no sea capaz de ofrecer unas buenas estadísticas, como sí hace el Gobierno vasco, de algo tan grave como esta pandemia. No, no es una razón técnica lo que lo impide, sino o bien una grave omisión, o bien la voluntad política de no ser transparentes.
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