Después de cantar y no parar sobre la ocasión única y extraordinaria que se le presenta al independentismo catalán en la política española, al tener en sus manos decidir quién gobierna en España o si hay nuevas elecciones, llega la hora de la verdad. Y esa verdad nos ha sido anunciada: amnistía y, cada vez más con la boca pequeña, referendo.
Según sea el balance de estas reivindicaciones, se verá claro si el independentismo tiene alguna esperanza o es un muerto en vida, dado que estos dos objetivos no pueden ser sustituidos por sucedáneos, como el traspaso de Cercanías o cuestiones aún más difícil aplicación y que en el fondo nada tienen que ver con la independencia, como es la reforma del sistema de financiación.
De la amnistía se habla mucho y parece ser la carta que se jugará el gobierno español. El referendo ni se menciona. Según la vicepresidenta y ministra de Trabajo y de increíble prestigio, la amnistía es perfectamente posible y el PSOE asume el tipo de argumentario que aflora, que puede reducirse a dos puntos: La Constitución no la prohíbe y el Congreso de los Diputados tiene plena libertad para decidir lo que considere oportuno.
El problema es que estas dos afirmaciones no son jurídicamente solventes. Primero, porque el Congreso (como tampoco el Parlamento de Cataluña) puede aprobar lo que quiera, porque hay que recordar que las instituciones no están sujetas a un régimen de libertades, como las personas, que pueden hacer todo lo que no esté prohibido, sino que, por el contrario, están sometidas a un principio de sujeción a las leyes y a la Constitución y no pueden actuar al margen de ella. Por tanto, su capacidad no es ni mucho menos ilimitada.
El hecho de que la amnistía no esté expresamente prohibida, no significa que realmente no lo esté por un conjunto de normas. Vale la pena recordar que el referéndum de autodeterminación tampoco está explícitamente prohibido, pero no puede celebrarse porque es incompatible con artículos de la propia Constitución.
Algo parecido ocurre con la amnistía. Al menos tres razones la hacen imposible. La primera es que lo prohibido por el derecho con un tema menor es obvio que no puede ser legalizado con un tema mayor, y la constitución prohíbe el indulto general. Sólo acepta explícitamente el indulto a personas concretas en circunstancias concretas. Y la amnistía es un estadio superior al indulto general porque éste sólo perdona la pena, pero la amnistía además borra el delito que se haya podido cometer.
La segunda razón de la que muchos juristas escriben estos días es que no se puede alterar el principio de constitucionalidad de división de los poderes, que concede el poder judicial la exclusiva de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y el legislador no puede alterar esa función. Algo que sí haría la amnistía, excepto si la Constitución afirma específicamente que es posible, que es lo que ocurre con los indultos personales. Pueden aplicarse porque la Constitución así lo dice, no por regla general.
Otro argumento muy desarrollado por los juristas es que la amnistía vulneraría el principio de igualdad entre los ciudadanos porque supondría para los amnistiados una situación de privilegio.
Visto todo esto, parece muy improbable que esta vía pueda ser aprobada de forma clara y nítida. Y, por tanto, hay muchos números que se juegue en un escenario de múltiples engaños en el que todo consista en hacer ver. Está claro que Sánchez podría utilizar una carta muy arriesgada que sería hacer aprobar una ley, más o menos matizada, de amnistía que sería opuesta a la Constitución, esperando que en unos meses el actual Tribunal Constitucional, que ya ha dado muestras fehacientes de ser un disciplinado servidor de los intereses del gobierno, la declarara constitucional. Habría terminado el conflicto.
Pero claro, resultaría una carta escandalosamente peligrosa porque lo que se vendría a decir es que todo lo que se hizo el 1 de octubre, antes y después, al intentar promover la consulta y las protestas posteriores por las que hay gente procesada, era justo y lo que resultaba injusto fue la acción policial que lo reprimió y lo que es difícilmente asimilable por el sistema, por la justicia que les castigó o procesó. Sería una inversión total que daría una victoria plena al independentismo. A condición, claro, de que entonces aprovecharan este hecho para repetir la acción por la independencia, porque habría quedado claro que «legalmente» el estado se había opuesto de forma injusta.
¿Puede asumir esa conclusión Sánchez? Lo veremos en los próximos días. En todo caso, lo que desde Catalunya hay que ver es si JxCat y ERC se la juegan y van a la amnistía clara y neta o no votan por el presidente en funciones del gobierno, o acaban de venderse el muy escaso capital político que les queda como fase previa a su semi extinción.
Y aún quedaría otra cuestión por explorar. En las actuales condiciones y escenarios, ¿el compromiso formulado de “lo volveremos a hacer” tiene sentido? Lo exploraremos en otra ocasión.
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