Las dos principales economías de la zona euro fueron recientemente protagonistas de titulares que las sitúan en el punto de mira de las instituciones de Bruselas.
Primeramente, Francia ha recibido una advertencia de la Comisión Europea respecto a su proyecto de presupuestos públicos para el próximo año: el país es uno de los cuatro del bloque de los 27 que no cumple las reglas de deuda y déficit de la UE después de cuatro años de pausa debido a la pandemia (los otros países advertidos son Bélgica, Croacia y Finlandia).
Si el gobierno francés no corrige la situación, Bruselas podría iniciar un mecanismo previsto en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento llamado Procedimiento de Déficit Excesivo, que puede desembocar en sanciones financieras en caso de incumplimiento reiterado.
El sobre-endeudamiento francés supone un fracaso clamoroso para el presidente Emmanuel Macron, que tenía la ambición cuando llegó al poder en 2017 de hacer más competitivos la economía y el sector público.
Aunque el ministro de finanzas Bruno Le Maire ha dicho y repetido que los presupuestos de 2024 supondrán el fin del “cueste lo que cueste”, Francia ha simplemente firmado demasiados cheques en estos últimos años como para mantener la promesa. Una tendencia a gastar que el propio Macron inició en 2018 después de la crisis de las Chalecos Amarillos, y que la pandemia situó en un nivel nunca visto antes.
En concreto, los presupuestos franceses prevén hoy por hoy un déficit de 4,4%, muy por encima del 3% que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento establece.
En cuanto a Alemania, el ministro de finanzas Christian Lindner, conocido por ser un firme defensor del rigor presupuestario, anunció el 22 de noviembre que su país necesita seguir endeudándose por encima de lo que establece la constitución federal alemana para poder acabar el año. El alto tribunal había anunciado la semana precedente bloquear una transferencia de la deuda que implicaría infringir la regla que impide al gobierno endeudarse por encima del 0,35% del PIB.
Esta particular medida constitucional, que data de 2009, fue suspendida entre 2020 y 2022 para poder hacer frente a la gestión de la pandemia de Covid y la crisis energética, y volvió a entrar en vigor para el ejercicio 2023.
Lindner, quien hace tan sólo unos meses pedía a la UE volver a la disciplina fiscal, se desdijo de sus convicciones argumentando que el presupuesto suplementario se necesita para seguir pagando las subvenciones al gas y a la electricidad. Esto da una ideal del estado catastrófico en el que se encuentra la economía germánica después de verse privada de las fuentes de energía barata que alimentaban su industria.
Como Converses apuntaba recientemente, Alemania se encuentra inmersa en una grave decadencia económica que la crisis de los precios de la energía por las sanciones a Rusia ha acelerado sustancialmente, y de la que es improbable que se recupere en los próximos años.
En definitiva, las dos principales economías europeas dan signos de inquietante debilidad. Aunque esto pueda dar algo de oxígeno a los países del sur, acostumbrados a ser la diana de las críticas, hay que considerar que Alemania y Francia podrían acercarse al terreno en el que Italia o España se encontraron en 2008 y del que nunca se han recuperado completamente.
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