Esto es un derrumbe. Todavía lento, porque está autoprovocado y los Estados pueden prolongar su decadencia. Pero llegará un momento en que la inercia acelerará la caída. Entonces los episodios inconexos aparecerán como lo que son: el desmoronamiento de un edificio.
Nos cuentan los hechos uno a uno. Un día, Ceuta. Otro, la vivienda. Después, una investigación judicial o unos Presupuestos que nunca llegan. Así nada parece decisivo. Basta con relacionar las piezas. España conserva elecciones, leyes y administraciones, pero pierde capacidad para aprobar y someter a control sus cuentas, proteger sus fronteras, ejecutar sus normas y sostener servicios públicos ajustados a la población real.
La primera fotografía es presupuestaria. En 2026 siguen prorrogadas, por tercer año consecutivo, las cuentas de 2023. El Gobierno anuncia unos Presupuestos para 2027 sin aclarar con qué mayoría los aprobará. La prórroga es constitucional. Convertirla en forma ordinaria de gobierno significa administrar sin someter el programa económico completo a votación parlamentaria.
La causa política es sencilla. El Gobierno ya no vive en la realidad, sino en el relato. Sánchez reunió el lunes a sus parlamentarios y anunció: «Así llevamos ocho años y el año que viene, otros cuatro años más». El horizonte es 2030; la mayoría necesaria para aprobar las leyes fundamentales pertenece a una cuestión bastante menos lírica.
Ese mismo día presentó Casa 47, el portal estatal de alquiler asequible. La idea es buena. El tono fue grandilocuente: cada ciudadano podría localizar la vivienda adaptada a sus posibilidades. La realidad podía resumirse en una sola línea:
800 viviendas, otras 1.500 prometidas y ninguna oferta en Madrid o Barcelona, los dos mercados más castigados.
Es la maqueta de una política presentada como si el edificio estuviera terminado. La tomadura de pelo consiste en vender un escaparate casi vacío como respuesta nacional.
Ceuta ofrece una imagen más grave.
La entrada masiva registrada a finales de julio ha llevado a la Audiencia Nacional a investigar posibles delitos contra la integridad territorial, homicidios imprudentes y organización criminal. Mientras Sánchez sostiene que no existen pruebas concluyentes de una operación marroquí, el 89 % de los españoles atribuye a Marruecos responsabilidad en la crisis y solo el 14,2 % valora positivamente la gestión del presidente. No es una discrepancia menor: el Gobierno y la sociedad contemplan dos realidades distintas.
El asentamiento de la playa del Trampolín resume la impotencia. Fue desalojado; parte de sus ocupantes volvió; las construcciones reaparecieron. El Estado anuncia normalidad sin ofrecer una cifra indiscutible de quienes permanecen allí. Y Juan Jesús Vivas viaja a Bruselas para solicitar la ayuda que no encuentra suficiente en Madrid. La «europeización» de Ceuta consiste, por ahora, en que la ciudad autónoma pide auxilio a Europa.
La regularización extraordinaria confirma que el problema no es solo fronterizo.
El Gobierno calculó inicialmente unos 500.000 beneficiarios, pero recibió 1.174.978 solicitudes. A 2 de julio había tramitado 609.737 y solo cerca de 11.000 contaban con resolución favorable definitiva. Si el resultado final se aproxima a los 600.000 previstos, quedará más de medio millón de solicitudes fuera.
¿Qué hará el Estado con quienes sean rechazados?
Con los mecanismos actuales, la respuesta previsible es que la inmensa mayoría continuará aquí, con permiso por otra vía o en situación irregular, esperando un nuevo arraigo o una futura regularización. El mensaje exterior es transparente: poner un pie en España ofrece una expectativa muy alta de permanencia. Al mismo tiempo, y debido al reagrupamiento familiar, la cifra de regularizados podría superar los dos millones en unos pocos años.
El coste no se limita a la seguridad. Una inmigración masiva y rápida exige vivienda, escuelas, sanidad, transporte y servicios sociales a un ritmo que las administraciones no proporcionan.
Catalunya anticipa el resultado: crisis extrema de vivienda, enseñanza degradada, servicios sociales desbordados y Rodalies como símbolo de incapacidad. La inmigración no es la única causa, pero negar su peso impide gobernar sus consecuencias.
Al mismo tiempo, los tribunales iluminan los sótanos del poder.
En el caso Plus Ultra, el expresidente de la compañía ha reconocido pagos por 530.000 euros a empresas vinculadas al intermediario Julio Martínez y ha relacionado aquellas gestiones con José Luis Rodríguez Zapatero. Asimismo, ha declarado que los famosos informes de asesoría no eran más que coartadas destinadas a justificar los pagos de la presunta «mordida».
En otra causa, Víctor de Aldama ha declarado ante la Audiencia Nacional que una operación con crudo de PDVSA debía financiar al PSOE y a la Internacional Socialista, y sostuvo que hubo un anticipo de cinco millones de euros en una cuenta rusa. Zapatero y el PSOE lo niegan; Delcy Rodríguez ha iniciado acciones por injurias. Nada de ello constituye una condena. Todo exige una investigación hasta el final.
Pero los socios del Gobierno han desplazado sucesivamente sus líneas rojas: de la sospecha a la imputación; de la imputación al procesamiento; del procesamiento a una sentencia firme que puede tardar años.
Así se sostiene Sánchez, no solo por su habilidad, sino por la complicidad del resto del sistema parlamentario. Este es el punto decisivo.
Iván Redondo escribe que el Gobierno recupera la iniciativa porque desclasificará informes sobre Ceuta, trazará líneas rojas con Marruecos y europeizará las ciudades autónomas. Todavía no conocemos los documentos, las líneas ni el resultado. Sí conocemos la playa del Trampolín, los Presupuestos de 2023, el millón largo de solicitudes y las 800 viviendas del portal. El relato aún se mantiene en pie. El Estado, bastante menos.
Lo preocupante no es que haya problemas. Lo preocupante es que cada vez parece más difícil resolverlos. #GobiernoEspaña Compartir en X
