Es posible aproximar cuál será la realidad de Cataluña en cuanto a sus dimensiones socioeconómicas más importantes a finales de año. El escenario que describiremos se fundamenta en las previsiones actuales sobre la caída del PIB y los datos de la crisis pasada, la que se inició en 2008. Por lo tanto, si los rebrotes se multiplican y se dan nuevos periodos de confinamientos territoriales, estos escenarios aún se pueden agudizar. Siendo malos no sería la peor hipótesis.
En cuanto al dato más determinante, la renta media por hogar se situaría en el mismo nivel que en el período más agudo de la crisis, es decir en el año 2013. Significaría que en menos de un año habríamos caído lo mismo que se tardó en cinco años en la crisis pasada. Será por tanto un choque brutal. Hay que ver si las políticas públicas consiguen atenuar sus efectos, porque lo más importante es no perder puestos de trabajo, no dejar al margen las familias y no romper la estructura de producción y sus cadenas de valor. Si esto no se consigue en una medida razonable, el periodo de recuperación será muy difícil porque evidentemente no es lo mismo recibir una vez a que te rompan el hueso.
La previsión para situarnos al mismo nivel del 2019 nos situaría a finales de 2023 y esto representaría, entre subidas y bajadas, que habremos vivido un periodo crítico extraordinariamente largo que se inició en 2008, con la crisis de las suprime, que se remontó entre el 2018 y 2019 fugazmente, para volver a caer en 2020. A esta caracterización temporal de la crisis económica hay que añadir la política, que también tiene incidencia sobre ella. Y aquí hay que referirse a la década perdida que va de 2010 a 2020 y que simbólicamente se inicia con la sentencia del Tribunal Constitucional. En realidad esta datación que gusta mucho, es poco realista porque las grandes convulsiones políticas en realidad no empezaron hasta dos años más tarde, si bien es cierto que a partir de la sentencia la política catalana se desvió de la gestión del país para entrar en conflicto con la política del estado.
Una serie de indicadores de la situación socioeconómica nos pueden revelar el escenario que nos encontraremos a principios del año que viene en Cataluña.
Previsiblemente el indicador de pobreza AROPE se situaría en el 22,6% teniendo como referencia la escala española, y en el mismo sentido el riesgo de pobreza se situaría en torno al 15,8,%. Naturalmente si en lugar de la media de la renta española utilizamos la catalana, entonces este riesgo de pobreza crece y afectaría uno de cada cinco catalanes. La pobreza material severa, lo que podríamos llamar un estado de necesidad claro, afectaría al 7,5% de la población y los hogares con baja intensidad de trabajo serían el 11,5%. Entre estas dos últimas cifras se movería la dimensión de la población de Cataluña que tendría unas necesidades vitales insatisfechas y perentorias. Serían aproximadamente entre 750.000 a 800.000 personas. Hay que ver si el escudo social diseñado por el gobierno español y las medidas que pueda tomar la Generalitat, por el momento desconocidas, y la de los grandes ayuntamientos pueden paliar el impacto social de unas cifras tan duras.
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