No es, ni mucho menos, el país más peligroso del mundo para sus habitantes ni visitantes. Pero China ha sido acusada recientemente por la ONG Human Rights Watch (HRW) de constituir una «amenaza global» para los derechos humanos.
¿Es una afirmación exagerada?
Por un lado, la propia ONG reconoce que, en países como Yemen o Siria, la situación para los derechos humanos es mucho peor, ya que los actores implicados «ignoran descaradamente las reglas internacionales establecidas para la protección de los ciudadanos». Se trata, pues, de amenazas gravísimas e inmediatas a los derechos más fundamentales, empezando por el de la vida.
Pero, por otro lado, si bien Pekín no presenta una amenaza en este ámbito, su comportamiento preocupa por la falta de cumplimiento de otros derechos cívicos supuestamente reconocidos, como la libertad de expresión o de reunión, así como la preservación de la privacidad de las personas.
El informe de HRW denuncia que el gobierno del presidente chino Xi Jinping está llevando a cabo la «represión más brutal en décadas», cerrando asociaciones cívicas, vigilando masivamente grupos enteros de población, censurando las redes sociales o desafiando el sistema de libertades aún vigente en Hong Kong.
El control de la población como producto de exportación
El gobierno comunista chino impone un régimen estricto de censura sobre sus ciudadanos desde hace décadas. Pero a medida que el país gana importancia económica, diplomática y tecnológica, está propagando este modelo de sociedad en todo el mundo con el objetivo de «evitar tener que rendir cuentas por su actuación represiva», según el director ejecutivo de HRW Kenneth Roth.
De hecho, hace tan sólo unos días, las autoridades chinas denegaron al propio Roth su acceso a Hong Kong para presentar el informe de la ONG.
La censura al estilo chino se podría considerar prácticamente un subproducto de su expansión comercial. En África, por ejemplo, Pekín está facilitando que los gobiernos locales se doten de sistemas de control de Internet, a menudo a través de empresas parapúblicas. Forma parte, parece, del plan de Xi Jinping para hacer de China «una superpotencia cibernética».
Por otro lado, para las empresas multinacionales u otros actores no estatales, oponerse en público a Pekín puede tener un elevado coste: el cierre en el mercado interior chino, que ya representa el 16% de la economía mundial, puede ser muy nocivo para su desarrollo.
La creciente influencia de la visión china en las Naciones Unidas
Como Converses a Catalunya ya explicó, otra parte de los esfuerzos chinos se dirigen a influir en la ONU. Máxima institución oficial de defensa y promoción de los derechos humanos a escala mundial, Pekín considera clave «adaptar» su visión para que no entre en conflicto con el enfoque chino.
China ha multiplicado por cinco su contribución presupuestaria a la ONU en los últimos 10 años, y ya es el segundo contribuyente principal de la organización. A parte de enviar más y más diplomáticos a Nueva York y presionar para que accedan a cargos clave, el gobierno chino también está forjando lentamente una alianza de estados autocráticos para promover su modelo de derechos humanos.
El papel de las nuevas tecnologías
Si China asusta a los observadores internacionales que velan por los derechos humanos, es también por sus capacidades tecnológicas, que se acercan cada vez más a las occidentales y las superan ya en algunos aspectos.
De hecho, uno de los ejes estratégicos de Xi Jinping es que China se convierta en la primera potencia mundial en el campo de la inteligencia artificial. Algo por lo que el país se encuentra particularmente bien posicionado gracias a que el gobierno puede servirse de los datos personales de sus ciudadanos.
