El partido de la derecha alternativa y antiinmigración Alternativa por Alemania (AfD por sus siglas en la lengua de Goethe) lleva meses creciendo en todas las encuestas, situándose a mediados de enero en torno al 23% en intención de voto. Un fenómeno que Converses ya ha recogido y que despierta cada vez más inquietudes entre las élites políticas alemanas, en particular el tripartito de gobierno liderado por los socialdemócratas del SPD de Olaf Scholz.
La primera en poner sobre la mesa la prohibición de las candidaturas de la AfD fue Saskia Esken, codirigente del SPD, y quien se declaró a principios de enero a favor de debatir la exclusión del partido alternativo. Los términos de la propuesta incluyeron un barniz para suavizar una idea que parece propia de un régimen autocrático: el objetivo sería, según Esken, «despertar las conciencias» de los votantes. Numerosas voces, provenientes sobre todo de las izquierdas, se han sumado a ese llamamiento.
Prohibir el segundo partido alemán según las encuestas sería pues una forma como otra de educar al electorado, eso sí, siempre a favor de los intereses de quien tiene que perder con el auge de la AfD.
La realidad es que, como también se ha dado en el caso recientemente en Polonia con las groseras maniobras del nuevo gobierno de Donald Tusk, los autoproclamados defensores de la democracia liberal y del europeísmo están demostrando ser tanto o más responsables de su degradación como los partidos a los que acusan de «populistas de extrema derecha».
Hay que considerar también que en Alemania, la cuestión de prohibir candidaturas electorales está muy marcada por el auge democrático del partido nacional-socialista en los años 20 y 30 del siglo pasado, que condujo a Adolf Hitler al poder de forma legal por la vía electoral. Sin embargo, cualquier persona sensata que compare los programas electorales e idearios de ambas formaciones debería darse cuenta de que nada tienen que ver.
Además, para ilegalizar un partido político en Alemania la Constitución exige demostrar que este «busca socavar o abolir el orden básico libre y democrático». El tribunal constitucional alemán tan sólo ha encontrado esta condición satisfecha en dos ocasiones, que datan a más de la década de los 50 del siglo pasado: en 1952 prohibió el Partido Socialista del Reich, heredero del Partido Nazi, y cuatro años más tarde hizo lo mismo con el Partido Comunista de Alemania.
Alice Weidel, codirigente de AfD y diputada en el Bundestag, precisó al diario Politico que “los repetidos llamamientos para prohibir [el partido] demuestran que las demás formaciones hace tiempo que se han quedado sin argumentos sustanciales contra nuestras propuestas políticas”.
Sin embargo, no todas las personalidades políticas de los principales partidos tradicionales alemanes se han declarado a favor de la medida. En particular, desde la gran favorita en las encuestas, la coalición democristiana CDU-CSU, se tiende a desaprobar la idea de prohibir una formación que goza de un apoyo popular tan sustancial como la AfD.
Según las últimas encuestas, la CDU-CSU y la AfD combinadas, que aglutinan el espacio político de centroderecha y derecha, reunirían en torno al 55% de los votos si se celebraran elecciones parlamentarias en el país. En cambio, los tres partidos de la coalición de gobierno progresista se quedarían con un escaso 33% . El experimento político de Scholz está pues profundamente desacreditado.
El 2024 puede ser un año crucial para Alemania: el país se va hundiendo en una grave crisis económica, arrastrada por una desfallecida industria. El año pasado el PIB alemán se contrajo por primera vez desde la pandemia de 2020. El gobierno hace frente por primera vez a una crisis de la deuda. Las políticas climáticas coercitivas de Scholz, como la prohibición de las calderas de gas domésticas, han despertado un descontento popular cada vez más extendido, y a mediados de enero los agricultores alemanes se manifestaron masivamente en Berlín contra el fin de los subsidios agrarios, mientras la UE ha abierto las puertas a las importaciones masivas de productos extracomunitarios de países como Ucrania y Marruecos.
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