El Tribunal Constitucional se ha convertido en una amenaza para los derechos de los ciudadanos. La reciente sentencia del tribunal más alto confirma la preocupante deriva de esta institución, que ha pasado de ser la última garantía de nuestros derechos a ser el guardián de los intereses del Govern. Cada vez que los derechos ciudadanos entran en conflicto con los intereses del Ejecutivo, la balanza se inclina sistemáticamente a favor de Pedro Sánchez, aunque esto implique un retroceso en el estado de derecho.
Esto ha vuelto a suceder en un asunto de gran relevancia: el Tribunal ha revertido su propia sentencia que declaraba inconstitucional el estado de alarma decretado por el Gobierno de Sánchez durante la pandemia de la COVID-19, que nos confinó indefinidamente y suspendió la actividad parlamentaria en un momento crucial para el control del Ejecutivo. El caso conocido como «Koldo-Ábalos«, que ahora sale a la luz, es una de las consecuencias de aquellas restricciones.
Lo preocupante es que esta revisión no surge de una queja jurídica ni de un recurso contra la sentencia original. La mayoría progubernamental del Tribunal aprovechó un recurso de Vox sobre una norma autonómica gallega, que establecía restricciones por motivos de salud pública, para introducir y revisar, de forma unilateral, la sentencia anterior. De esta forma, el Tribunal Constitucional —o mejor dicho, la mayoría afín al Gobierno— se convierte en un agente activo de la normativa jurídica, actuando como una tercera cámara legislativa. No es la primera vez que lo hace.
Detrás de esta forma de proceder, que relega los derechos ciudadanos y las garantías institucionales a un segundo plano, hay mucha revancha. Cuando el Tribunal Constitucional se pronunció en contra del estado de alarma, por seis votos a cinco, uno de los votos discrepantes fue el del actual presidente del Tribunal, Cándido Conde-Pumpido. Rechazó el dictamen con términos extremadamente beligerantes, llegando a calificar a sus colegas de “legos” y “juristas de salón”, aunque posteriormente se vio obligado a retirar sus palabras.
Para mayor escándalo, el ponente de la nueva sentencia fue el exministro de Justicia Juan Carlos Campo, quien formó parte del Gobierno que decretó el estado de alarma durante la pandemia. Es decir, una persona claramente interesada y contaminada por el tema. No sólo no debería haber sido el ponente, sino que debería haberse retirado del caso debido a su evidente conflicto de interés.
Los términos de la nueva sentencia reproducen en gran medida los argumentos que fueron rechazados inicialmente, muchos de los cuales provenían de los votos discrepantes del propio Conde-Pumpido. Así, el Tribunal Constitucional, que debería ser la última instancia para garantizar los derechos ciudadanos, se está convirtiendo en una herramienta para revisar todo lo que no gusta al grupo en el poder.
Esto ya ocurrió previamente en otro caso igualmente escandaloso: la absolución de los expresidentes de la Junta de Andalucía, Griñán y Chaves, por el caso de los ERE. También antes, con la declaración de constitucionalidad de la segunda ley del aborto, cambiando radicalmente la jurisprudencia del propio tribunal, que en su día había reconocido la existencia de derechos del nascituru. Como estos argumentos resultaban incómodos para avalar la legislación abortista, Conde-Pumpido y su equipo optaron por eliminarlos de una plumada.
Además, cuatro de los magistrados que participaron en esta decisión —tres de la mayoría progubernamental y uno de los discrepantes— habrían tenido que apartarse del caso por estar claramente contaminados. La arbitrariedad llegó a tal punto que el propio Conde-Pumpido impidió la recusación de una magistrada que evidenciaba la falta de imparcialidad de los otros tres, incluido él mismo y el exministro Juan Carlos Campo.
En una sociedad donde la política no se viera sólo como un campo reservado a los partidos, sino que las organizaciones civiles actuaran con conciencia de lo público y con un compromiso real con el bien común, seguramente estaríamos alarmados por lo que ocurre en el Tribunal Constitucional. Esta institución es la última garantía de nuestros derechos humanos, civiles y políticos, y debería haber una opinión pública fuerte que presionara para restablecer la equidad en sus decisiones.
Es el momento de actuar. La Conferencia Cívica de Acción Política, que tendrá lugar el próximo 14 de diciembre, es una oportunidad para organizarse y defender nuestros derechos. Apúntate y participa
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