El índice de malestar económico habrá aumentado notablemente a pesar de que el paro se ha reducido. La causa, obviamente, es el extraordinario incremento de la inflación.
El índice de malestar económico es un indicador de relevancia que se compone a base del agregado de la inflación y la tasa de paro. Cuanto mayores son estos dos componentes, peor es el índice. Cuando se compone de este modo, se le denomina de malestar convencional, porque existe otra forma de medirlo: el índice llamado de malestar compensado, que agrega los dos componentes anteriores, la tasa del crecimiento del PIB. Lo que ocurre es que en nuestro caso, tras la radical caída del PIB del año pasado, ahora este año y el que viene, tendremos importantes subidas del PIB nominal, pero que sólo serán efecto del rebote después de la caída a causa de la pandemia. Este crecimiento desde muy abajo, más que registrar una mejora del aparato productivo, lo que señala es un retorno a las condiciones de normalidad en la actividad económica, al desaparecer las restricciones causadas por la Covid. Desde esa perspectiva, el uso del indicador de malestar compensado no es recomendable porque falsea el panorama.
El índice de malestar convencional empeora sensiblemente a pesar de las buenas cifras del paro. Según la EPA del tercer trimestre, hemos recuperado la cifra de 20 millones de trabajadores por primera vez desde 2008, y ésta es una muy buena noticia. También se ha reducido sensiblemente en 7 décimas la tasa de paro, que pasa del 15,26% al 14,57%, que es una tasa objetivamente muy alta, pero que es la misma que teníamos en los meses precovid. Por tanto, desde el punto de vista del empleo, a pesar de la anomalía española de la elevada tasa de paro, comparada con la situación precedente, hemos recuperado la normalidad.
Pero ese aspecto positivo tiene dos matizaciones importantes. Una, el elevado número de personas que trabajan en la administración, que ya significan casi 3,5 millones de ocupados sobre una cifra de empleo privado de 16,5 millones. Referido al total, significa que 1 de cada 5 puestos de trabajo en España pertenece al sector público. Dado el elevado coste del salario medio de estos trabajadores y la carencia de indicadores de productividad y eficiencia, el resultado no es para lanzar cohetes al vuelo. De hecho, señala la importancia de que realmente se revise la eficacia de este ámbito del trabajo público, porque precisamente es uno de los puntos débiles de la economía española, como pone de relieve las dificultades cuando deben gestionarse aspectos relacionados con la administración. Las oficinas de empleo son un ejemplo negativo, en ese sentido. Tanto es así que incluso afecta a la desigualdad en España expresada en el Índice de Gini. Por ejemplo, si el número de días en que se tramita una prestación por desempleo hubiera aumentado la mitad entre los meses de octubre y diciembre del año pasado, el Índice de Gini, es decir, la desigualdad, se habría reducido en 0,9 puntos, que es una magnitud importante.
Ahora el índice de malestar económico se sitúa en el 20,07 y es uno de los mayores que ha registrado el país en los últimos años. Es consecuencia de que la reducción del empleo no ha sido suficiente para compensar la importante subida de precios que sitúa al IPC en un 5,5%, su máximo desde 1992.
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