Un nuevo escándalo conmueve el tipo de política que desde el Gobierno español y algunas autonomías, han venido realizándose a lo largo de esta pandemia. Cuando sigue sin aclararse el caos en las cifras sobre muertos, aparece otro hecho terrible.
Mientras un número no conocido de gente mayor de 75 años morían porque no era suficientemente atendido por falta de plazas en las UCI, y sobre todo de respiradores, una cifra que el periódico El Mundo sitúa en 12.000 personas (de las que posiblemente entre 2.500 y 3.000 corresponden a Cataluña), resulta que 2.200 camas UCI, y un número parecido de respiradores, permanecían sin utilizar en los centros privados.
Antes de la pandemia, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) disponía de 2.236 camas UCI y el Gobierno le solicitó que las ampliaran a 400, llegando al final a una oferta de 2.600 camas. Pero a la hora de la verdad, el Gobierno y en su caso las autonomías con mayores problemas, solo han utilizado el 15% de aquella capacidad. Resultado: 2.000 plazas permanecían vacías cuando los determinados hospitales públicos se planteaban la selección a vida o muerte por la edad, y se disuadía del traslado a los hospitales de las personas de mayor edad que vivían en sus hogares o en residencias.
Conclusión: de las actuales 20.000 muertes de España el 87%, de acuerdo con los datos oficiales, corresponden a personas mayores de 70 años, las que se han visto maltratadas en la atención sanitaria, porque faltaban plazas UCI y se debía dar prioridad a individuos más jóvenes. Si a este porcentaje se le añade el que corresponde al periodo entre 50 y 69 años, que es del 12%, la cifra de muertos se sitúa en el ¡99%!, según datos hechos públicos por el experto y asesor del gobierno Antoni Trilla. Es decir, el impacto del coronavirus por debajo de los 50 años en términos de mortalidad, es prácticamente marginal, un muy reducido 1%.
¿Por qué el Gobierno Sánchez no adoptó las medidas necesarias para que se distribuyera a los enfermos más graves entre el total de capacidad UCI que presentaba España? Esta omisión ha significado un aumento desmesurado de la mortalidad. Si se hubiera hecho este uso lógico de la capacidad disponible, se hubieran salvado muchas vidas de padres, madres, abuelos y abuelas, y se hubiera evitado esta brutalidad del triaje. La cuestión es por qué no se ha llevado a término esta medida, quién es el responsable de tamaño error, toda vez que el Real Decreto sobre el Estado de Alerta está dirigido, precisamente, a dotar de poderes al Gobierno por encima de las competencias autonómicas y de otro tipo, a fin de utilizar de la mejor manera posible el conjunto de recursos de toda España, en lugar de que estos queden compartimentados en sectores o en territorios. Una omisión tan grave, concreta y mortal, puede dar lugar a la exigencia de responsabilidades penales. En todo caso, es evidente que las responsabilidades políticas existen y exigen ceses o divisiones, y han de ser ventiladas con luz y taquígrafos en el Congreso de los Diputados.
Es una manifestación más, y seguramente todavía no las conocemos todas, del desastre que significa la gestión de la pandemia en este país que quedará clara cuando conozcamos esa verdad oculta, que es el número real de muertos.
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