Es ya un hecho que la escuela concertada diferenciada, aquella que escolariza de manera separada a chicos y chicas, que quiera mantener el sistema pedagógico, reconocido por la UNESCO y avalado por la práctica internacional, quedará fuera del concierto y se verá obligada a convertirse en una escuela privada, con lo que significa en costes. Para que no sea así tendrán que abjurar del método pedagógico que ha obtenido unos excelentes resultados durante años y años de aplicación. De las 10 escuelas de este tipo en Cataluña, 8 modificarán el sistema y 2 lo mantendrán. Todo esto es consecuencia del decreto de la Generalitat que a la vez se fundamenta en la ley Celaá. Pero ¿cuál es el problema de fondo?
Pues sencillamente que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional establece que estas escuelas se ajustan plenamente a lo que establece la Constitución, y que en ningún caso puede considerarse que existe un proceso de segregación.
Más grave aún, porque es muy masivo, es lo que sucede con el conjunto de la escuela concertada. La carta de derechos fundamentales de la UE, que con tanto cuidado se llama a defender a los gobiernos, y la legislación existente a partir de la Constitución, establece el derecho a la educación obligatoria, gratuita, la libertad de creación de centros docentes y el derecho preferente de los padres a elegir el tipo de educación que deberá darse a sus hijos de acuerdo con sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas. Todo esto forma parte, repitámoslo, de los derechos fundamentales de la UE y emanan de la Constitución española.
Pero, a pesar de esta evidencia, el gobierno español y la Generalitat vienen vulnerándolos sistemáticamente. Es un caso más de que las leyes se aplican de forma diferente según quién es el sujeto, y esta aplicación discriminatoria es examinada con unos u otros ojos por la Comisión Europea en función de quien gobierna el país. Si esta vulneración de los derechos de los padres y centros escolares la estuviera cometiendo Polonia o Hungría, la Comisión Europea ya habría adoptado medidas o abierto un expediente. En el caso de España no ocurre nada.
Existen dos tipos de acción gubernamental que liquidan estos derechos por medio de la elección ejecutiva. Uno es el que hace referencia al derecho paterno a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas. Ni la ley Celaá, ni las prácticas que se vienen desplegando, ni los currículos escolares, ni los decretos de gobiernos como la Generalitat, respetan esta cuestión, sino que imponen ideologías determinadas en relación con la perspectiva de género, la transexualidad, la forma como hay que entender el sexo y la relación sexual, la cuestión religiosa y otros muchos aspectos, sin que los padres puedan hacer nada por oponerse.
El otro gran vector de destrucción es económico. Es público y notorio que el concierto sólo cubre parte del coste real de la plaza. Y además, en el caso de Catalunya, incumple el pacto acordado. En definitiva, hay por un lado una discriminación económica contra estas familias que se ven obligadas a aportar de su bolsillo la diferencia, y por otro existe un proceso de asfixia continuado a base de ofrecer más y más plazas de escuela pública, que es gratuita. Si la escuela pública estuviera concebida de otro modo y garantizase las convicciones en que deben ser educados los hijos, como ocurre en otros países de Europa, la cosa sería diferente. Pero en el caso español la escuela pública significa adoctrinamiento gubernamental y también adoctrinamiento controlado por parte de algunos de los sindicatos, que además defiende a sus afiliados que quieren imponer determinadas ideologías en la escuela.
Los padres que entregan a sus hijos a la escuela pública en realidad lo que están haciendo en muchos casos es una cesión de su responsabilidad educadora a los grupos ideológicos de control de la escuela pública. Para aquellos que tienen afinidad con estos grupos, este corchete no representa ninguna inconveniencia, pero es evidente que para un gran grupo de la población sí lo representaría si fuera consciente de lo que se les está enseñando en la escuela. Un ejemplo lo podemos encontrar con este tipo de documento de educación de la sexualidad. Si se toma la molestia de echar un vistazo, sin duda se quedará escandalizado del tipo de adoctrinamiento sexual que se quiere imponer a nuestros niños y adolescentes.
Pero a pesar de ser grave, lo peor de todo es que cada vez más estamos entrando en un nuevo régimen en el que las leyes sólo tienen sentido en la orientación que le quiere dar el gobierno y no en aquél con el que han sido pensadas. Que los padres tengan unos derechos significa exactamente esto, y es totalmente contrario a que el gobierno les arrincone y quiera desempeñar su papel como responsable educador. Son demasiados aspectos de la vida española en los que este fenómeno que falsea el estado de derecho se va produciendo, y además el proceso recuerda al de la rana y la olla con agua tibia. La temperatura aumenta tan lentamente que da tiempo a que la ranita se vaya adaptando al incremento de temperatura sin saltar fuera, como sucedería si el incremento fuese repentino, hasta que al final queda perfectamente hervida.
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