Los dirigentes de nuestros partidos políticos nos han acostumbrado a una práctica perversa y corrosiva para la sociedad: el cinismo como resultado necesario cuando sus palabras recurren a la mentira y a la tergiversación como recursos habituales.
Esto sucede en muchos ámbitos, y también en el caso, siempre dramático, de los desahucios, más aún cuando afectan a personas vulnerables. Illa y Collboni no paran de afirmar que determinados desahucios de personas vulnerables no se producen en nuestro país, y presentan la situación catalana como un paraíso para los inquilinos.
Hace poco, el alcalde declaraba a 20 Minutos que el caso de Mari Carme no se habría podido dar en Cataluña.
Pero ¿cuál es la realidad?
El dato más útil para construir una aproximación es este: en 2023 se tramitaron en Cataluña 13.325 peticiones de lanzamiento y se ejecutaron 7.148. El mismo informe de la Generalitat interpreta aquellas 13.325 peticiones como 13.325 hogares en riesgo de perder su vivienda. Con estas cifras, Cataluña ocupa el primer lugar en número de desahucios de toda España.
A partir de aquí, podemos aproximarnos a la vulnerabilidad.
1. Concepto amplio: hogares vulnerables sometidos a un procedimiento de desahucio
El indicador más valioso que he encontrado es el de Barcelona. La Unidad Antidesahucios municipal señala que el 80 % de las unidades familiares en proceso de perder su vivienda vivían por debajo del umbral de pobreza y disponían de informes de vulnerabilidad social y económica.
Si, solo como ejercicio de estimación, aplicamos este 80 % a los 13.325 casos catalanes de 2023:
13.325 × 80 % = 10.660 hogares.
No presentaría los 10.660 hogares como una estadística oficial de Cataluña, porque el 80 % procede de Barcelona. Pero sí permite afirmar que el orden de magnitud de los procedimientos de desahucio que afectan a hogares socialmente vulnerables podría situarse en torno a los 10.000 anuales.
Entre 9.000 y 11.000 hogares anuales en riesgo de desahucio podrían encontrarse en situación de vulnerabilidad económica o social en Cataluña, tomando como referencia los 13.325 procedimientos de 2023 y la experiencia de los servicios antidesahucios de Barcelona. No es un dato oficial, sino una estimación del orden de magnitud.
2. Concepto jurídico estricto: personas vulnerables que solicitan la suspensión judicial
Aquí aparece una novedad estadística muy interesante. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha empezado, por primera vez, a contabilizarlo expresamente.
Durante el cuarto trimestre de 2025, en España se presentaron 2.732 peticiones de suspensión de lanzamiento por situación de especial vulnerabilidad y se resolvieron 2.559. Es exactamente el indicador que hasta ahora nos faltaba. El propio CGPJ advierte que los datos son nuevos y todavía tienen carácter orientativo.
Aún no he encontrado publicada la desagregación de Cataluña. Pero Cataluña representa aproximadamente una cuarta parte de los lanzamientos españoles, o incluso algo más: en 2025 registró 6.814 lanzamientos, el porcentaje más elevado del Estado.
Si las peticiones de suspensión por vulnerabilidad tuvieran una distribución territorial similar, Cataluña se situaría aproximadamente en:
700-750 peticiones de suspensión por vulnerabilidad en un trimestre.
Proyectadas a un año, serían aproximadamente:
2.800-3.000 peticiones anuales.
Esta estimación me parece especialmente interesante porque ya no hablamos genéricamente de pobreza, sino de personas que alegan ante el juzgado una situación de especial vulnerabilidad para intentar suspender el lanzamiento.
Pero no todas estas peticiones terminan con una suspensión.
3. El núcleo más estricto: desahucios efectivamente suspendidos por vulnerabilidad
Durante ese mismo cuarto trimestre de 2025, en España los juzgados suspendieron:
- 221 lanzamientos al amparo del artículo 1 del RDL 11/2020;
- 84 al amparo del artículo 1 bis;
- 167 al amparo del artículo 441.5 de la LEC.
Total: 472 suspensiones judiciales por vulnerabilidad, sobre 2.559 peticiones resueltas. Es aproximadamente el 18,4 %.
Si Cataluña presentara una proporción similar a su participación en los desahucios estatales, estaríamos hablando, de forma muy aproximada, de unos 120-140 lanzamientos suspendidos por trimestre, es decir, del orden de 500 anuales.
Y esto encaja razonablemente con otro dato: entre 2021 y 2024 había 768 solicitudes de compensación de propietarios catalanes afectados por suspensiones extraordinarias. Estas 768 solicitudes representan necesariamente solo una parte de los casos, porque, para obtener una compensación, hay que cumplir requisitos adicionales y el propietario debe solicitarla.
Y así tenemos esta pirámide:
| Concepto | Cataluña: orden de magnitud anual |
|---|---|
| Hogares con procedimiento o riesgo de desahucio | 13.000 |
| Hogares probablemente vulnerables socialmente | 9.000-11.000 |
| Peticiones judiciales de suspensión por vulnerabilidad | 2.800-3.000, estimadas |
| Suspensiones judiciales efectivamente acordadas | 500, estimadas |
| Solicitudes de compensación de propietarios | 768 acumuladas entre 2021 y 2024 |
La diferencia entre 10.000 hogares vulnerables y 500 suspensiones no es contradictoria. Para beneficiarse de la moratoria extraordinaria, no basta con ser pobre o tener dificultades económicas: hay que cumplir los requisitos jurídicos específicos, acreditar la vulnerabilidad, no disponer de una alternativa habitacional, plantear el incidente y que el juzgado acuerde la suspensión. (BOE).
El resultado es del todo evidente: en Cataluña, y en Barcelona, donde gobierna desde hace años el PSC, con la estrecha colaboración de los Comunes —¡ay, Colau!— y de ERC, se desahucian a muchas personas, y una parte importante de ellas son vulnerables. Se desahucian a tantas personas que Cataluña ocupa el primer lugar entre las comunidades autónomas en esta desafortunada clasificación, muy por delante de Madrid o Andalucía.
Datos anuales (CGPJ)
- 2025: Cataluña registró 6.814 lanzamientos, el 26,6 % del total nacional (25.540). Le siguen Andalucía (3.782), la Comunidad Valenciana (2.992) y Madrid (2.267). Forbes.
- 2024: Cataluña registró 7.381 desalojos, el 26,8 % del total, por delante de Andalucía (4.027), la Comunidad Valenciana (3.610) y Madrid (2.375).
Datos de 2026
- Primer trimestre: Cataluña registró 921 lanzamientos, el 23 % del total español, que fue de 4.005, y volvió a ser la comunidad autónoma con más lanzamientos.
- Segundo trimestre: Cataluña registró 983 lanzamientos, el 21,9 % del total nacional. Brainsre.
El peso de Cataluña ha disminuido ligeramente en 2026, pero sigue liderando la clasificación. En conjunto, los desahucios han caído drásticamente en España: un 35,7 % interanual durante el segundo trimestre de 2026.
Cataluña concentra alrededor del 16-17 % de la población española. Por tanto, acumular entre el 22 % y el 27 % de los desahucios representa un peso claramente superior al que le correspondería por demografía. Por eso, Cataluña también tiende a situarse entre las primeras comunidades en la tasa de desahucios por habitante.
Conclusión
Allí donde se aplica plenamente la legislación de Sánchez sobre vivienda, reforzada por medidas específicas de los gobiernos de Illa, los Comunes y ERC; allí donde el dominio político territorial socialista es más amplio, con la capital incluida y Collboni al frente, es donde se producen, con diferencia, más desahucios en términos absolutos y, en gran medida, también en términos relativos.
Madrid, a pesar del aire trágico con el que se ha presentado su situación, registra cifras muy inferiores.
El antídoto contra el cinismo es siempre la estadística.
Cataluña encabeza los desahucios de España. Illa y Collboni hablan de protección social, pero las cifras cuentan otra historia. #Desahucios #Catalunya Compartir en X
