La multinacional británica de reparto Deliveroo tiene planeado un expediente de regulación de empleo (ERE) para despedir a parte de sus trabajadores de los centros de Madrid, Barcelona y Valencia. El expediente presentado por la compañía tendrá afectación sobre su personal de oficinas y no así sobre los 2.500 repartidores que operan como trabajadores autónomos para la plataforma de reparto. La intención de la marca, según ha denunciado UGT, es llevarse la producción de sus centros tecnológicos a Rumanía, país con unos salarios inferiores a los españoles.
No es la primera empresa de ‘delivery’ que reubicaría su producción tecnológica en el este de Europa, pues Glovo ya abrió el año pasado un ‘hub’ de programación en Polonia, con cerca de 100 ‘techies’. Según el sindicato actualmente Deliveroo se ha acogido a un ERTE por causa de la crisis del coronavirus y tiene a la mayoría de sus personas trabajadoras en casa, sin poder emplearse, y al resto teletrabajando.
Esta decisión por parte de Deliveroo coincide con la ley del Ministerio de Trabajo que se está gestando para regular el trabajo en las plataformas digitales y uno de los elementos en los que la ministra Yolanda Díaz pretende incidir es en el modelo laboral de las empresas de ‘delivery’. La intención del Ejecutivo es clarificar la relación laboral de los ‘riders’ con las empresas y obligarlos a contratarlos mediante la figura del asalariado. Actualmente operan como autónomos, en un modelo que se caracteriza por unos menores costes para la empresa por lo que respecta a obligaciones con la Seguridad Social. Deliveroo ha desvinculado el expediente presentado de dicho proceso legislativo. «Este proceso de despido colectivo no tiene ninguna relación con los procesos judiciales en curso que afectan a la empresa en España y que siguen su curso a la espera de una sentencia firme.», ha manifestado en un comunicado.
En paralelo a esa nueva legislación, Deliveroo se encuentra inmersa en una serie de causas judiciales por todo el territorio español y con juicios pendientes con la propia Seguridad Social. Inspección de Trabajo ha levantado varias actas contra las prácticas de la compañía y ha obligado en plazas como Madrid, Barcelona o Valencia, a contratar como asalariados a sus ‘riders’. Además de imponer sendos requerimientos de pago, con importes millonarios. Actualmente estos procesos se encuentran suspendidos y a la espera de juicio y sentencia firme.
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