Hay democracias que mueren de golpe. Otras se van extinguiendo lentamente, erosionadas desde dentro, mientras sus instituciones permanecen en pie y conservan la apariencia de normalidad. Este es el peligro que hoy amenaza a España.
Ninguna democracia es invulnerable a sus enemigos interiores. Tampoco lo es la nuestra, nacida de la Constitución de 1978, fruto de un extraordinario esfuerzo de reconciliación nacional, generosidad política y voluntad de convivencia. Aquella Constitución no fue simplemente un acuerdo jurídico: representó una gran esperanza colectiva. Hizo posible sustituir la imposición por el pacto, el enfrentamiento por la concordia y la arbitrariedad del poder por el imperio de la ley.
Hoy, aquel legado se encuentra gravemente comprometido.
Durante los últimos años, y especialmente en la legislatura que ahora termina, España ha vivido sometida a un sobresalto permanente, consecuencia de una forma de gobernar que ha convertido la conservación del poder en un objetivo superior al respeto institucional. El abuso de poder, el afán de controlar los organismos del Estado y el desprecio hacia los contrapesos constitucionales han ido alterando las reglas esenciales de nuestra democracia.
El gobierno de Sánchez ha dejado de reconocer límites que nunca debió traspasar.
El Congreso de los Diputados ha visto degradada su función de representación y control; el Senado ha sido sistemáticamente menospreciado y el poder judicial, sometido a una confrontación incesante. La colonización partidista del Tribunal Constitucional, de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado ha comprometido la confianza en su independencia. Y todo ello mientras el Gobierno ha prescindido reiteradamente de presentar nuevos presupuestos, vaciando de contenido una de las responsabilidades fundamentales del poder legislativo.
No son simples anomalías administrativas. Son manifestaciones de una misma deriva: la pretensión de gobernar sin controles efectivos, de convertir las instituciones comunes en instrumentos de partido y de confundir la autoridad democrática con la posesión del poder.
Esta degradación se ha visto agravada por una sucesión interminable de escándalos de corrupción que afectan al entorno inmediato del Gobierno y a los partidos que lo sostienen, hasta configurar un panorama que presenta los rasgos de una corrupción sistémica. La mentira política, la difamación del adversario y las denuncias de utilización de estructuras opacas al servicio del poder han contribuido a destruir uno de los bienes más valiosos de cualquier democracia: la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
Nunca debería considerarse una virtud política la simple capacidad de resistir. Y, sin embargo, hemos llegado al extremo de que la principal cualidad atribuida al presidente del Gobierno es su habilidad para mantenerse en el poder a cualquier precio. Pero gobernar no es resistir. Gobernar es servir, responder, rendir cuentas y aceptar los límites que impone el Estado de derecho.
La paradoja resulta todavía más grave porque este ejecutivo, tan dispuesto a concentrar poder, ha demostrado serias incapacidades para ejercer sus responsabilidades esenciales. La crisis de Ceuta, con una entrada masiva estimada en más de 80.000 personas, constituye una expresión extrema de la incapacidad para prevenir y gestionar una crisis que afectaba directamente a la soberanía nacional.
Tampoco es aceptable que las cifras positivas de crecimiento del PIB, del empleo, del salario mínimo o de la ligera reducción de la desigualdad sirvan de coartada para ocultar el balance social y económico de la legislatura.
La crisis de la vivienda se ha convertido en una barrera infranqueable para muchos jóvenes y familias. La presión fiscal crece mientras se deterioran servicios públicos esenciales. El poder adquisitivo de buena parte de la población no recupera el terreno perdido. La productividad registra un crecimiento muy pobre, del 0,4% según la revisión del INE recogida en este balance, pese a la llegada de los cuantiosos fondos europeos Next Generation. Y toda una generación contempla el futuro con menos expectativas que sus padres.
Una economía no progresa de verdad cuando aumentan sus magnitudes agregadas, pero se debilitan las posibilidades de vivir, trabajar, formar una familia y construir un futuro.
Este es el balance que nos sitúa ante las elecciones del 29 de noviembre.
No son unas elecciones más. Representan una oportunidad decisiva para poner fin a una etapa de abuso de poder, restaurar los contrapesos institucionales, recuperar el respeto a la Constitución y devolver a la política aquello que nunca debió perder: el sentido del bien común.
La democracia no consiste simplemente en ganar elecciones. Exige reconocer la legitimidad del adversario, respetar la independencia judicial, someterse al control parlamentario, decir la verdad a los ciudadanos y aceptar que las instituciones no pertenecen a quienes gobiernan, sino a toda la nación.
La política democrática es el diálogo entre adversarios legítimos, no una guerra contra enemigos a los que hay que destruir. Cuando desaparece esta distinción, la convivencia se fractura y la democracia comienza a perder su alma.
Por eso, el 29 de noviembre no se trata únicamente de decidir quién gobernará España durante los próximos años. Se trata de decidir cómo queremos ser gobernados, qué límites debe respetar el poder y qué herencia institucional dejaremos a las generaciones venideras.
El voto devuelve a cada ciudadano una facultad insustituible: exigir responsabilidades, poner límites al poder y abrir un nuevo camino.
Hoy, votar con responsabilidad significa hacer posible la opción de cambio que España necesita. Pero no se trata solo de pedir el voto para un determinado partido o agrupación política, como de exigir a quienes salgan elegidos el cumplimiento de su obligación para con todos los ciudadanos iguales en dignidad y derechos, sean cuales sean sus opciones políticas, que así lo juran o prometen cuando acceden. Para ello están los pactos que permite nuestro ordenamiento y el sentido común. Gobernar tiene que ser, ante todo, servir.
No para sustituir una hegemonía por otra. No para vengar agravios ni alimentar nuevas divisiones. Sino para recuperar la libertad de las instituciones, el respeto a la ley, la dignidad de la política y la concordia entre españoles.
Porque los gobiernos pasan, pero la democracia debe perdurar. Porque ningún dirigente es imprescindible, pero las instituciones sí lo son. Y porque aquello que se construyó con tanta generosidad en 1978 no puede quedar a merced de la ambición de unos pocos.
El 29 de noviembre tenemos la oportunidad y la responsabilidad de demostrar que la democracia española es más fuerte que quienes abusan del poder.
Es la hora de recuperarla. Es la hora del cambio.
Ninguna democracia es invulnerable a sus enemigos interiores. La democracia española necesita recuperar la independencia de sus instituciones, el respeto a la Constitución y la concordia. Declaración de la FundSocial. Compartir en X
