Un país que ve desaparecer su relevo generacional, retroceder su lengua y aumentar su población casi exclusivamente gracias a la inmigración no puede seguir gobernándose como si estos tres fenómenos no tuvieran nada que ver entre sí. Esta es la contradicción existencial de Cataluña. Y su clase dirigente responde a ella con una mezcla de improvisación, autosatisfacción y gesticulación ideológica que roza la irresponsabilidad.
Un país que ya no asegura su relevo
Pongamos las cifras sobre la mesa. En 2024 hubo 53.802 nacimientos y 67.524 defunciones: un saldo natural negativo de 13.722 personas. En 2025 nacieron 54.249 niños, según datos provisionales, con una fecundidad de 1,08 hijos por mujer. El 46,3 % de esos bebés tenían madres nacidas en el extranjero. No es ningún reproche a nadie: es la fotografía de un país que no asegura por sí mismo el relevo demográfico.
La inmigración aporta trabajadores, actividad económica y nuevas familias. Pero cuando es intensa y no va acompañada de previsión, integración e inversión, también multiplica las necesidades de vivienda, escuelas, transporte, sanidad y servicios sociales. Quienes prometen cerrar las fronteras y llevar a cabo expulsiones masivas no explican cómo sostendrían la economía ni cómo aplicarían sus proclamas. Quienes defienden una entrada sin límites prácticos tampoco explican cómo asumirán sus consecuencias. Entre el apocalipsis y la alegría administrativa hay algo que se llama gobernar.
El resultado afecta también a la continuidad cultural. El catalán era la lengua habitual del 36,1 % de la población de quince años o más en 2018; en 2023 había descendido al 32,6 %. Sería absurdo atribuir este retroceso únicamente a la inmigración. Pero aún lo sería más negar que los cambios demográficos, sin una integración lingüística sólida, condicionan la transmisión de la lengua, las costumbres y la memoria compartida. Un pueblo no es solo una población censada.
La maternidad, una heroicidad sin políticas
Mientras tanto, las instituciones proclaman su preocupación por el futuro del país y abandonan una de sus condiciones más elementales: que formar una familia y tener hijos sea posible. La vivienda inaccesible, los salarios bajos, la precariedad y una conciliación laboral a menudo más recitada que practicada convierten la maternidad en un ejercicio de resistencia. Un modelo económico demasiado dependiente de la actividad turística de bajo valor añadido no ayuda a romper esta dinámica.
La ayuda propia de la Generalitat por nacimiento es de 650 euros, o de 750 euros para familias numerosas o monoparentales, y solo se concede por debajo de determinados umbrales de ingresos. Es una prestación ridícula, no una política de natalidad. En 2025, el 30,8 % de las personas que vivían en hogares con hijos dependientes se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 18,7 % de las que vivían en hogares sin hijos dependientes. Tener hijos sigue comportando una penalización material que la política se resiste a corregir.
El Parlamento, el aborto y la doble vara de medir
En este panorama, en 2024 se registraron 21.761 abortos en Cataluña, una cifra equivalente al 40,4 % de los nacimientos del mismo año. Y el 30 de septiembre de 2026 el Parlamento aprobó una declaración de compromiso con el derecho al aborto y de apoyo a sus defensoras, suscrita por el PSC, ERC, Junts, Comuns y la CUP. Es legítimo defender este derecho; lo que resulta políticamente incomprensible es dedicarle tanta solemnidad mientras la maternidad que se querría ejercer sigue encontrando tantas puertas cerradas.
Pero la contradicción no termina aquí. El Corrent Social Cristià ha denunciado que, el 17 de septiembre, activistas feministas interrumpieron en Santa Maria de Montalegre un acto en el que mujeres que habían abortado querían explicar su experiencia. Según el comunicado, la policía tuvo que intervenir para que el acto pudiera reanudarse. La entidad pidió a los grupos parlamentarios una condena de la coacción y una defensa explícita de la libertad de expresión y de reunión. Denuncia que no recibió la respuesta política que reclamaba.
El Corrent señala la doble vara de medir: ¿por qué la libertad merece protección cuando se ejerce en una dirección, pero no cuando hablan mujeres con una experiencia y una opinión diferentes? También denuncia un trato desigual en la financiación pública entre entidades que promueven el aborto y organizaciones que acompañan a embarazadas con dificultades. Es una acusación que reclama transparencia presupuestaria, no silencio.
Y queda, finalmente, la cuestión moral que la retórica institucional no puede liquidar: si la libertad de decidir es un bien fundamental, ¿qué ocurre con la vida humana en desarrollo, distinta de la madre y radicalmente dependiente de ella? El Corrent la plantea en términos de protección del más vulnerable. No es una pregunta que desaparezca por el hecho de declararla reaccionaria.
La contradicción central de Cataluña es esta: pretende preservar la lengua sin asegurar suficientemente su transmisión, mantener el crecimiento sin planificar sus consecuencias y proclamar el valor de las libertades mientras administra selectivamente su defensa. Sin una política de familia, de natalidad, de integración y de libertad para todos, no estamos construyendo el futuro de un país. Nos limitamos a gestionar su desaparición como proyecto colectivo.
Cataluña tiene más defunciones que nacimientos, el catalán retrocede y la inmigración sostiene el crecimiento demográfico. Pero la política sigue actuando como si estos hechos no tuvieran ninguna relación. #Cataluña #Demografía Compartir en X
