Ya tenemos elecciones a la vista y parece que, una vez más, el apoyo a las familias quedará relegado a un segundo o tercer plano. Que España esté entre los países de la UE con mayor pobreza infantil y entre los que menos invierten en políticas familiares en términos de PIB no parece motivo suficiente para convertir esta cuestión en una prioridad.
En este contexto, el INE ha publicado el avance de la Encuesta de Fecundidad, que no se actualizaba desde 2018 y que recoge cuántos hijos desean tener las mujeres y cuántos tienen realmente. El titular que más ha circulado destaca que el 15,5 % de las mujeres no quiere tener hijos, frente al 12,3 % de hace siete años. El dato es cierto y merece atención, pero representa solo una pequeña parte de la historia.
Lo relevante para las políticas públicas es otra cosa. El 69 % de las mujeres de entre 18 y 55 años desea tener al menos dos hijos, y un 24,3 % quiere tener tres o más. Entre los hombres, las preferencias son muy similares. Mientras tanto, la fecundidad real en España se sitúa en 1,10 hijos por mujer, según el último dato definitivo del INE. Además, el 34,8 % de las mujeres que han sido madres reconoce haber tenido menos hijos de los que deseaba.
La mayoría de la población sigue queriendo una familia con dos hijos o más. Lo que falla es el camino entre ese deseo y la realidad.
La encuesta pregunta a las madres que han tenido menos hijos de los deseados por qué no han alcanzado el número que querían. Entre las más jóvenes, la respuesta más frecuente es que todavía esperan tener más hijos. A partir de los 35 años, sin embargo, el motivo cambia: las razones laborales y las dificultades de conciliación pasan a ocupar el primer lugar, con un 29,2 % entre las mujeres de 35 a 39 años y un 34,4 % entre las de 40 a 44. Las razones económicas representan entre el 11 % y el 16 % en todos los grupos de edad. Los hombres señalan obstáculos similares. Entre quienes han tenido menos hijos de los deseados, el 38,3 % lo atribuye a la situación económica o a motivos laborales y de conciliación.
A partir de los 40 años, los problemas de salud adquieren un peso considerable: los menciona casi una de cada cuatro mujeres. Es la consecuencia de haber tenido que esperar. Primero no se pudo por el trabajo o por falta de dinero; más tarde, la edad puede hacer que ya no sea posible. El 9,6 % de las mujeres de entre 40 y 44 años ha recurrido a un tratamiento de reproducción asistida.
Ante cifras como estas, el debate español suele ofrecer dos respuestas.
Una sostiene que tener hijos es una decisión privada, como cualquier otra, y que cada cual debe asumir sus costes. La otra entiende que el Estado debe tener la última palabra sobre la crianza, como dejó entrever la exministra de Educación Isabel Celaá, hoy embajadora ante la Santa Sede, cuando afirmó que «no podemos pensar de ninguna manera que los hijos pertenecen a los padres».
La tradición democristiana de la que bebo parte de una premisa distinta. La familia es la primera comunidad en la que vive una persona y es anterior al Estado. De ella depende buena parte de lo que después llamamos sociedad: quién cuida, quién educa y quién sostiene a quién. Por eso, los hijos son un bien para todos, no solo para sus padres.
De ahí se deriva un papel muy concreto para los poderes públicos, que el principio de subsidiariedad describe bien. Al Estado no le corresponde sustituir a las familias ni decirles cómo deben vivir, sino crear las condiciones para que puedan sacar adelante sus propios proyectos. Y la encuesta muestra que hoy una de cada tres madres se queda por debajo del suyo.
Lo más útil de la encuesta es que las familias ya han expresado qué necesitan.
La medida más demandada por las mujeres es la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad (22,7 %). La segunda, que entre los hombres ocupa el primer lugar, es una asignación por hijo a cargo hasta los 18 años (13,4 %, casi tres puntos más que en 2018). La tercera es disponer de más escuelas infantiles asequibles y de calidad para niños de 0 a 3 años, una demanda que ha crecido un 65,8 %.
Consideradas en conjunto, las tres peticiones apuntan en la misma dirección: tiempo para estar con los hijos, dinero para criarlos y apoyo para poder trabajar. Una política familiar seria debería ofrecer las tres cosas y permitir que cada familia las combine a su manera.
Nadie propone empujar a tener hijos a quien no los quiere. Una sociedad puede respetar todas las decisiones personales y, al mismo tiempo, reconocer que los hijos son un bien común y actuar en consecuencia. Lo que no puede hacer es seguir llamando libertad a una situación en la que una de cada tres madres tiene menos hijos de los que quería, mientras el país ahonda en su colapso demográfico.
Los hijos que queremos y no tenemos también hablan de cómo está organizada nuestra sociedad. La natalidad no se recupera con discursos, sino con tiempo, conciliación y apoyo real a las familias. Compartir en X
