Como un símbolo de cómo está funcionando el gobierno catalán en la lucha contra el coronavirus, nada mejor que situar el 061. Un teléfono de emergencias que está desbordado, que presenta largas esperas para ser atendido y, esto es lo más grave, es el único teléfono de toda Europa que cobra por la llamada.
Naturalmente el colapso hace que las llamadas se alarguen, y hasta conseguir conectar le pueda costar al que pide ayuda o quiere informarse 5, 10 e incluso 14 euros, en función del tiempo empleado. Es un escándalo institucional. Pero es que todo va derivando hacia este escenario escandaloso.
Ayer pocas horas después de la comparecencia del presidente de la Generalitat, de la Consejera de Sanidad, del Consejero de Interior y algunos cargos más, después de no decir nada nuevo, y de anunciar la Consejera de Sanidad que creía que con las medidas establecidas, que en realidad son las determinadas para toda España, lo controlarían, estalló el grave foco de Igualada. Si las más altas autoridades de Cataluña hablan ignorando que en una población del país hay 200 profesionales de la salud aislados, de un total de 250, se han producido 3 muertos, y hay 20 casos confirmados, sólo se puede concluir que nuestros gobernantes hablan desde la más absoluta ignorancia, porque tan pocas horas de diferencia entre la comparecencia y la eclosión del fenómeno de Igualada hacen inexplicable otra razón. Ahora incluso se habla de cerrar la ciudad. ¿De qué sirvió la rueda de prensa de ayer? ¿Qué confianza podemos tener en nuestros gobernantes, y en particular en la consejera de Sanidad?
Pero es que hay más. Si en Igualada se han producido ya 3 muertos, significa que puede haber del orden de 300 personas afectadas. Es patente que a estas alturas no tienen mucha idea concreta de nada. Para empezar, no está nada claro cuál es la tasa efectiva de contagio en Cataluña, es decir, a cuántas personas de mediana transmite la enfermedad un portador del virus. Las tasas internacionales que fluctúan sitúan la cifra entre 1,4 y 3. Pero de acuerdo con declaraciones de un epidemiólogo del Hospital Germans Trias de Badalona, la magnitud en Cataluña estaría situada alrededor de 10, que es una cifra muy alta. Para hacerse una idea de lo que significa, pensamos que una persona transmite el virus a otras 10 y estas 10 cada una lo transmite a 10 más. Y estas 100 resultantes lo transmiten cada una a 10 más y así sucesivamente. Si además consideramos que mientras en la gripe el período en que se manifiestan los síntomas es de 2 o 3 días, y en el caso del coronavirus puede llegar hasta 14, podremos constatar que puede haber durante 1 semana o 10 días personas portadoras que lo transmitan sin ser conscientes de que están infectadas.
El problema radica en que en Cataluña y en toda España hay miles de portadores y cientos de focos desconocidos porque las medidas de contención son pasivas y no se activan hasta que la bomba estalla, como en el caso de Igualada, o a una escala más grande, Madrid. Este es el error fundamental de tal como está planteada la estrategia sanitaria en nuestro país. Esta equivocación, unida a la insuficiencia de recursos, porque no se ha establecido ningún presupuesto extraordinario de la magnitud necesaria para salir a afrontar realmente la crisis, determina una evolución pésima. En pocos días España ha pasado de ocupar la séptima posición en Europa a ser la segunda, después de Italia, con 3.000 casos declarados.
La consecuencia es que si esta dinámica no varía, a finales de mes los hospitales catalanes quedarán colapsados. En este sentido hay que apuntar que en toda Cataluña sólo existen 1.000 camas para unidades de cuidados intensivos, que además tienen que atender los casos habituales que llenan una buena parte.
Detrás de toda esta falta de respuesta institucional plana una pregunta importante: de qué sirve que los catalanes seamos, junto con Asturias y Valencia, los que pagamos los impuestos más altos de España, como lo señala el Panorama de Fiscalidad Autonómico y Foral 2020.
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