El acuerdo del Consejo de Europa sobre España en relación a los juicios del proceso y sus sanciones penales representa un impacto negativo mayor que no se producía desde el tiempo del franquismo, porque pone en cuestión todo el sistema judicial español, aspectos del Código penal y la actuación del gobierno, que afecta tanto al PP como al PSOE. Porque, recordemos, cuando tuvieron lugar los juicios, Sánchez manifestó sin matización su plena conformidad con la dureza de las sentencias y la necesidad de que se cumplieran de manera completa.
El informe tiende a situar a España en un plan similar, aunque no igual, que Turquía. Y todo ello deja muy tocado el prestigio del estado en Europa y muy debilitadas las rogatorias de extradiciones que, en el caso de Puigdemont y los otros afectados, se pide que sean retiradas. Es una enmienda a la totalidad de la figura penal de sedición, de los juicios y de las sentencias, y da la razón a los planteamientos que hacía el independentismo. El Consejo de Europa, una institución que no pertenece a la Unión Europea y que fue creada en 1949, está conformada por 47 países europeos con presencia de Rusia y Turquía, y tiene como objetivo principal la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y del estado de derecho.
El problema de esta sentencia es que ha coincidido de manera prácticamente simultánea en el tiempo con el anuncio grandilocuente de Sánchez en el Teatro del Liceo de Barcelona sobre los indultos. En este escenario el valor de la decisión de Sánchez queda muy rebajado, porque es un gesto inferior al que pide la resolución del Consejo, dado que no se resuelve la situación de los políticos que huyeron, con Puigdemont al frente, ni todas las otras causas abiertas por el proceso que afectan a cientos y cientos de personas. Por lo tanto, da a ERC la posibilidad de exigir más y más, y otorga a Puigdemont y a JxCat el mango de la sartén, porque sus reivindicaciones ya no son de una gente que ha delinquido y pide la luna, sino que se pueden fundamentar en lo que ha dicho el Consejo de Europa.
No está nada claro que esta vez en el estado y en la justicia no tenga efectos a medio plazo muy importantes. ¿Ha calculado bien Sánchez el momento de su decisión y las consecuencias? ¿Estamos ante una ambiciosa alteración de estado como él plantea o bien de un oportunismo circunstancial movido por la necesidad de asegurarse una mayoría suficiente en el Congreso? Ahora, después de lo ocurrido en Estrasburgo, la respuesta no está tan clara y abre más espacios para la incertidumbre que seguridades.
No está claro que sea el inicio de una solución, a pesar de que algunos, empezando por el entorno del Círculo de Economía y la parte de la élite económica que se acoge, y del gen de UDC instalado en fomento, quieran pensarlo así. Y es que no se puede negar ese afecto psicológico que quien tiene hambre sueña pan. Pero mucho nos tememos que por un lado el estado haya quedado profundamente resentido con las incógnitas que este hecho siempre presenta, y que el indulto no se convierta, más allá de su bondad humana, en más leña que atice el fuego empujado por la decisión de una comisión del Consejo de Europa.
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