El 70,7% de los españoles cree que las leyes se aplican de forma diferente según quién sea la persona afectada, el 60,9% considera que recibe menos de lo que aporta a las administraciones y más de la mitad teme un deterioro de la sanidad y del acceso a la vivienda. La encuesta refleja un fuerte respaldo a los servicios públicos, pero también una creciente desconfianza sobre su funcionamiento, su equidad y su futuro.
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), presidido por José Félix Tezanos, ha publicado el estudio número 3579, Actitudes hacia el Estado de bienestar (III), fechado el 30 de septiembre de 2026. El trabajo de campo se realizó entre el 10 y el 17 de septiembre, mediante 6.040 entrevistas, y analiza las opiniones de los españoles sobre los derechos sociales, los servicios públicos, la fiscalidad, la igualdad de oportunidades y las expectativas de futuro.
La principal conclusión es clara: los ciudadanos siguen defendiendo ampliamente el Estado del bienestar y reclaman más recursos para sus principales servicios, pero muestran una percepción muy crítica sobre los resultados que ofrece, la justicia con la que se distribuyen sus beneficios y su capacidad para responder a las necesidades futuras.
La encuesta dibuja así una contradicción de fondo: una sociedad que quiere más y mejores servicios públicos, pero que desconfía de la eficacia del sistema, cuestiona la equidad fiscal y percibe desigualdades en el acceso a derechos fundamentales.
Un amplio respaldo a los servicios públicos, acompañado de una profunda insatisfacción
Los resultados del CIS revelan una percepción especialmente crítica sobre la igualdad ante la ley, el reparto de las cargas fiscales y la relación entre los impuestos pagados y los servicios recibidos.
| Indicador | Resultado |
|---|---|
| Cree que las leyes se aplican de forma diferente según la persona | 70,7 % |
| Considera que no todos tienen las mismas oportunidades de acceso a los servicios públicos | 52,4 % |
| Cree que recibe de las administraciones menos de lo que paga | 60,9 % |
| No considera que paguen más impuestos quienes más tienen | 68,9 % |
| Cree que la sociedad se beneficia poco o nada de los impuestos y las cotizaciones | 58,7 % |
| Reclama más gasto en sanidad | 94,6 % |
| Reclama más gasto en educación | 92,6 % |
| Reclama más gasto en prevención de incendios | 92,1 % |
El contraste resulta significativo. Aunque existe un respaldo abrumador a la ampliación del gasto en servicios esenciales, una mayoría cuestiona la equidad del sistema y considera insuficiente el retorno que obtiene de sus aportaciones.
El problema, por tanto, no se limita a cuánto dinero se destina a las políticas sociales. También afecta a cómo se recauda, cómo se distribuye, cómo se gestiona y qué resultados perciben los ciudadanos.
El dato más inquietante es que siete de cada diez encuestados consideran que las leyes no se aplican por igual a todos. Se trata de una percepción que trasciende la evaluación de la sanidad, la educación o las pensiones y afecta directamente a la confianza en las instituciones y a la legitimidad del Estado.
El deterioro de las expectativas desde 2024
La comparación con el estudio Actitudes hacia el Estado de bienestar (II), realizado en noviembre de 2024, permite identificar una evolución negativa especialmente marcada en dos ámbitos: la vivienda y la sanidad.
| Indicador | 2024 | 2026 | Variación |
|---|---|---|---|
| Cree que empeorará el acceso a la primera vivienda | 58,4 % | 65,9 % | +7,5 puntos |
| Cree que empeorará la sanidad | 42,3 % | 51,1 % | +8,8 puntos |
| Cree que empeorarán las pensiones | 55,9 % | 57,5 % | +1,6 puntos |
| Considera satisfactorio el funcionamiento de la enseñanza | 63,8 % | 54,0 % | −9,8 puntos |
| Considera satisfactorio el transporte | 60,9 % | 56,2 % | −4,7 puntos |
Fuente: estudios del CIS de 2024 y 2026. Variaciones expresadas en puntos porcentuales.
La evolución de las expectativas es especialmente reveladora. En apenas dos años, la proporción de ciudadanos que teme un empeoramiento de la sanidad ha aumentado 8,8 puntos, mientras que la preocupación por el acceso a la primera vivienda ha crecido 7,5 puntos. Al mismo tiempo, cae casi diez puntos la valoración satisfactoria de la enseñanza.
La vivienda y la sanidad concentran dos de las principales señales de deterioro de las expectativas ciudadanas. En educación, además, disminuye la proporción de quienes consideran satisfactorio su funcionamiento.
En materia fiscal y de igualdad ante la ley, el diagnóstico del estudio de 2026 sigue siendo muy crítico. Para determinar con precisión si estas percepciones se han mantenido estables desde 2024, conviene contrastar los porcentajes correspondientes de ambos cuestionarios.
La vivienda, el gran examen de la política social
La vivienda constituye uno de los puntos más delicados para el Gobierno de Pedro Sánchez. El 65,9 % de los encuestados considera que el acceso a la primera vivienda empeorará, un indicador que refleja la dificultad para convertir el reconocimiento de un derecho en una realidad accesible para amplias capas de la población.
La cuestión tiene especial relevancia política porque la vivienda ha ganado protagonismo en la agenda del Ejecutivo y en el debate público. En 2023 se aprobó la Ley por el Derecho a la Vivienda, que contempla, entre otras medidas, mecanismos relacionados con las zonas de mercado residencial tensionado y la regulación de los alquileres en determinados supuestos.
La encuesta no permite atribuir el deterioro de las expectativas a esa ley ni a una única decisión gubernamental. Sí plantea, sin embargo, una pregunta política legítima: ¿por qué las medidas adoptadas no se han traducido en una expectativa social más favorable sobre el acceso a la vivienda?
El problema, además, no puede desligarse de la evolución de la oferta inmobiliaria. El Banco de España ha advertido del desajuste entre la creación de hogares y la construcción de vivienda nueva. La insuficiencia de oferta frente a la demanda constituye uno de los factores estructurales que ayudan a explicar las dificultades de acceso, aunque su alcance concreto debe respaldarse con la serie estadística y el periodo de referencia correspondientes.
Tras más de ocho años de Sánchez en el Gobierno, la vivienda se ha convertido en una prueba especialmente visible de la distancia entre los objetivos anunciados y los resultados que esperan los ciudadanos. La responsabilidad política del Ejecutivo debe evaluarse atendiendo a sus competencias, sus decisiones y sus resultados, sin ignorar el papel de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Sanidad: más preocupación por el futuro
La sanidad presenta otra señal de alarma. La proporción de encuestados que teme que empeore aumenta del 42,3 % en 2024 al 51,1 % en 2026. En paralelo, el 94,6 % reclama más gasto sanitario.
Ambos resultados reflejan una demanda social muy elevada de protección sanitaria y una inquietud creciente sobre la evolución del servicio.
La lectura política es relevante, aunque exige cautela. El aumento del gasto, por sí solo, no garantiza una mejora proporcional de la experiencia ciudadana: también importan la organización asistencial, las listas de espera, la disponibilidad de profesionales, la atención primaria y la eficiencia en el uso de los recursos.
Ahora bien, la encuesta tampoco demuestra que el gasto sanitario haya aumentado de manera homogénea en todas las administraciones ni permite concluir que una mayor inversión no haya producido mejoras. Para establecer esa relación sería necesario contrastar las percepciones con datos objetivos de financiación, actividad asistencial, tiempos de espera y resultados sanitarios.
Además, la sanidad es una competencia compartida en términos de financiación y gobernanza, con un papel central de las comunidades autónomas en la prestación del servicio. La responsabilidad del Gobierno central debe valorarse dentro de ese reparto competencial.
Pensiones: preocupación por la sostenibilidad
Las pensiones ofrecen un diagnóstico diferente. El porcentaje de ciudadanos que cree que empeorarán pasa del 55,9 % al 57,5 %, un incremento de 1,6 puntos.
El cambio es menor que el registrado en vivienda y sanidad, pero la preocupación sigue siendo mayoritaria. El dato refleja una inquietud persistente sobre el futuro de una de las principales piezas del Estado del bienestar.
La encuesta no cuestiona directamente la evolución de las prestaciones actuales ni permite medir por sí sola la sostenibilidad financiera del sistema. Lo que pone de manifiesto es que las medidas presentes no eliminan la incertidumbre sobre su evolución a largo plazo.
La cuestión política consiste en garantizar que la protección de los pensionistas actuales pueda mantenerse sin trasladar desequilibrios insostenibles a las generaciones futuras.
La desigualdad ante la ley, el problema más profundo
El 70,7 % de los encuestados cree que las leyes se aplican de forma diferente según la persona afectada. Es uno de los datos más contundentes del estudio.
Esta percepción tiene un alcance mayor que la insatisfacción con un servicio público concreto. Afecta a la confianza en la igualdad ante la ley, a la imparcialidad de las instituciones y a la idea de que todos los ciudadanos están sujetos a las mismas reglas.
Cuando una mayoría considera que la aplicación de las normas depende de quién sea el afectado, el problema deja de ser exclusivamente administrativo y se convierte en una cuestión de legitimidad institucional.
El resultado constituye un aviso para cualquier Gobierno, independientemente de su orientación política. La confianza en el Estado no depende únicamente de las prestaciones que ofrece, sino también de la percepción de que actúa con imparcialidad, transparencia y equidad.
El sistema fiscal, bajo sospecha
La encuesta también revela un problema de legitimidad distributiva. El 68,9 % no cree que quienes más tienen sean quienes más impuestos pagan, mientras que el 60,9 % considera que recibe de las administraciones menos de lo que aporta. Además, el 58,7 % cree que la sociedad se beneficia poco o nada de los impuestos y las cotizaciones.
Estos porcentajes apuntan a una brecha entre la aceptación del Estado del bienestar y la confianza en los mecanismos que lo financian y administran.
Los ciudadanos pueden defender una mayor inversión en sanidad, educación y protección social y, al mismo tiempo, desconfiar de la justicia del sistema fiscal o de la eficiencia del gasto. No existe una contradicción necesaria entre ambas posiciones: reclamar servicios de calidad no equivale a considerar que el sistema actual funcione correctamente.
La principal dificultad política consiste en conciliar tres demandas: más prestaciones, mayor eficiencia y una distribución de las cargas fiscales que se perciba como justa.
Por eso, incrementar el gasto no garantiza automáticamente una reducción de la insatisfacción. La percepción de que los recursos se utilizan de forma ineficiente o de que las cargas no se distribuyen equitativamente puede debilitar el apoyo al sistema, incluso cuando existe un amplio consenso sobre la necesidad de mantenerlo.
Ocho años de Sánchez: la distancia entre las políticas y los resultados
Los datos adquieren una dimensión política especial al conocerse después de más de ocho años de gobiernos presididos por Pedro Sánchez. La encuesta permite examinar el clima social durante ese periodo y constatar que persisten importantes dudas sobre el funcionamiento del Estado del bienestar.
Sin embargo, no demuestra por sí sola que el deterioro de las expectativas sea consecuencia directa de la actuación del Ejecutivo. Los resultados reflejan percepciones ciudadanas, no una evaluación causal de las políticas públicas. Además, ámbitos como la sanidad, la educación, la vivienda y los servicios sociales dependen en buena medida de las comunidades autónomas y, en determinados aspectos, de los ayuntamientos.
Esa distribución de competencias no exime al Gobierno central de responsabilidad política. El Ejecutivo dispone de instrumentos legislativos, presupuestarios, fiscales y de coordinación que influyen en la evolución de los servicios y de las condiciones de acceso a derechos sociales. La cuestión es determinar qué parte de los resultados corresponde a sus decisiones y qué parte responde a factores estructurales o a la gestión de otras administraciones.
La lectura más sólida de la encuesta no es que el Estado del bienestar haya dejado de contar con respaldo social. Es casi lo contrario: la ciudadanía continúa reclamando una intervención pública intensa, pero cuestiona que el sistema esté respondiendo de manera suficiente y equitativa.
El contraste entre las expectativas de los ciudadanos y los objetivos proclamados por las administraciones constituye, en cualquier caso, un elemento relevante para evaluar la gestión pública. Después de tantos años en el poder, el Gobierno debe responder no solo por las políticas anunciadas, sino también por los resultados obtenidos en los ámbitos sobre los que tiene capacidad efectiva de actuación.
Un Estado del bienestar que conserva el apoyo, pero pierde confianza
El estudio del CIS deja diez conclusiones principales:
- El respaldo al Estado del bienestar sigue siendo muy elevado. La demanda de más gasto en sanidad, educación y prevención de incendios demuestra que los ciudadanos no reclaman una retirada del Estado, sino servicios públicos que respondan mejor a sus necesidades.
- La vivienda es uno de los principales focos de pesimismo. El aumento de 7,5 puntos en quienes creen que empeorará el acceso a la primera vivienda refleja la dificultad de convertir el reconocimiento de ese derecho en una expectativa de acceso real.
- La sanidad concentra una preocupación creciente. La proporción de quienes prevén un deterioro aumenta 8,8 puntos en dos años, pese al respaldo prácticamente unánime a un mayor gasto sanitario.
- La enseñanza pierde valoración. La caída de 9,8 puntos en la proporción de ciudadanos que consideran satisfactorio su funcionamiento constituye otra señal de alerta sobre la percepción de los servicios públicos.
- Las pensiones siguen generando incertidumbre. Aunque el empeoramiento de las expectativas es más moderado, más de la mitad de los encuestados teme una evolución desfavorable.
- La igualdad ante la ley aparece como una debilidad institucional. El 70,7 % cree que las normas se aplican de manera diferente según la persona afectada, un dato que cuestiona la confianza en la imparcialidad del sistema.
- La justicia fiscal está en entredicho. Una mayoría no considera que quienes más tienen sean quienes más impuestos pagan y cree que la sociedad obtiene pocos beneficios de las aportaciones fiscales y sociales.
- Existe una brecha entre lo que se paga y lo que se percibe. El 60,9 % considera que recibe menos de lo que aporta a las administraciones, una percepción que puede debilitar la legitimidad del gasto público.
- El deterioro de las expectativas no es uniforme. La vivienda y la sanidad destacan por la evolución negativa desde 2024, mientras que la educación registra una caída relevante en su valoración satisfactoria.
- La principal exigencia ciudadana es que el sistema funcione mejor. Los resultados apuntan a la necesidad de evaluar no solo los recursos destinados a las políticas sociales, sino también su eficiencia, sus resultados y la equidad en el acceso a las prestaciones.
La conclusión política: más Estado no basta si no ofrece mejores resultados
La encuesta dibuja una sociedad que quiere mantener e incluso ampliar el Estado del bienestar, pero que desconfía de la capacidad de las administraciones para financiarlo, gestionarlo y distribuir sus beneficios de forma eficaz y justa.
Esa es la principal tensión que atraviesa el estudio: los ciudadanos reclaman más servicios públicos, pero una mayoría cuestiona la equidad fiscal, la igualdad ante la ley y la relación entre sus aportaciones y los beneficios que reciben.
Tras más de ocho años de Sánchez en el Gobierno, el diagnóstico merece atención. No porque la encuesta demuestre que el Ejecutivo sea el responsable exclusivo de todos los problemas detectados, sino porque pone de manifiesto que las políticas, las prestaciones y los compromisos públicos no han eliminado una profunda insatisfacción en ámbitos esenciales.
El desafío ya no consiste únicamente en anunciar nuevos derechos o aumentar las partidas presupuestarias. Consiste en demostrar que los recursos se traducen en mejores servicios, que el acceso a ellos es más equitativo y que el sistema fiscal reparte las cargas de forma que los ciudadanos consideren justa.
El Estado del bienestar conserva el respaldo social, pero ese respaldo no equivale a un voto de confianza sobre su funcionamiento. La distancia entre ambas cosas constituye el principal mensaje político de la encuesta y uno de los indicadores que deben tenerse en cuenta al evaluar la gestión de las administraciones durante los últimos años.
Entre 2024 y 2026, quienes creen que empeorará el acceso a la primera vivienda pasan del 58,4% al 65,9%. En sanidad, del 42,3% al 51,1%. Dos grandes fracturas del Estado del bienestar. #Vivienda #Sanidad Compartir en X
