El bien común es un concepto básico para la política porque expresa su finalidad última. Consiste en este conjunto de condiciones que permiten a todos los miembros y familias de una comunidad alcanzar el modo de vida más satisfactorio, al tiempo que se promueve la justicia, la equidad y la prosperidad colectiva.
Obviamente, no es fácil, pero éste debería ser el marco de referencia y el tensor que definiera todas las políticas públicas.
Nada más alejado de la realidad. Nuestros políticos pasan. Nuestras pretendidas élites van a lo suyo y gran parte de los medios de comunicación hacen negocio con la política de los partidos en lugar de esforzarse por servir la realidad a los ciudadanos.
No hace falta estudiar demasiado para darse cuenta que vamos por el mal camino. Basta con ver los bosques sometidos al estrago de la sequía, que está terminando con buena parte de ellos, nuestro gobierno no hace nada por paliar el impacto. ¿Qué podría hacer? Pues para empezar, evitar la propagación de plagas que aún los estropean más dada su debilidad. No es así, nunca como ahora los bosques catalanes han estado tan invadidos por la procesionaria. Pasearse por ellos es un escándalo en ese sentido. También serían necesarios los trabajos de prevención para evitar que la muerte de los árboles favorezca a otras plagas. Por último, habría que incentivar la gestión forestal para facilitar la resistencia del bosque. Por ejemplo, reduciendo el número de pies, que con su acceso y la falta de agua, no hacen otra cosa que contribuir a una mayor mortalidad forestal.
O por decir otra, lo que ocurre con la vivienda. Cataluña no es ni de lejos la primera comunidad en renta per cápita. Pese a esta situación la ciudad de Barcelona es la que exige de toda España un porcentaje de ingresos del hogar más altos en relación con el alquiler medio. Un 44%, 14 puntos por encima del 30% que recomiendan los expertos. Madrid, que económicamente hace ya algunos años que va como una moto y que nos supera año tras año, se sitúa en el 37%. La diferencia en euros es importante.
Y si del alquiler pasamos a la compra, la cosa se equilibra más, pero sigue siendo alta. Hace necesario un esfuerzo que equivale al 33% de los ingresos, por detrás de Palma (46%) y San Sebastián (39%), y al mismo nivel de Málaga (33%) y ligeramente por debajo de Madrid (31%). Este hecho irradia consecuencias negativas por todos lados, pero ni la Generalitat ni el Ayuntamiento de Barcelona actúan en consonancia con este hecho, ya que deberían moverse bajo el criterio de una emergencia habitacional.
Y qué decir, por ejemplo, de la productividad o de la natalidad que nos han convertido en un país que crece en habitantes a pesar de que mueren más personas de las que nacen, lo que significa que cada vez más la inmigración sustituye a la población autóctona.
Pero es que la misma vida política es una maraña, como lo constata la cuestión de la amnistía, que focaliza gran parte de las prioridades políticas, o pone de relieve los acuerdos a los que dicen que se llegan con el gobierno español, pero que no se ven las concreciones por ninguna parte. Por citar el último, que provocó tanto revuelo y que ya está olvidado, cabe preguntar en qué términos concretos ha quedado lo que parecía un importante acuerdo sobre las competencias de la Generalitat en materia de inmigración.
El presidente de la Generalitat, que encarna mejor que nadie el tópico vacío de contenidos, va de renuncia en renuncia de sus propios compromisos: el acuerdo de claridad se ha convertido, si es que ya no lo era, en una entelequia. Y la famosa -es un decir- mesa de partidos ya ha sido retirada por el propio Aragonès.
La mala gestión del agua acentúa el desprestigio político catalán porque nos dicen con razón que serán solidarios con Catalunya trayendo agua en barco, mientras que Catalunya no quiso serlo en el período Zapatero, y de acuerdo con él, para ayudar con agua del Ebro a la Comunitat Valenciana.
La guinda no pequeña de esta tarta del agua ha sido que la Comisión Europea lleva ante el Tribunal de Justicia de la UE a España por su falta de esfuerzos en la gestión del agua. Y en esta «falta de esfuerzos» naturalmente el gobierno catalán ocupa el primer puesto del ranking, porque somos los más afectados por el actual desequilibrio hídrico y la falta de acción desde la última sequía de 2008.
Y la lista podría seguir recordando, por ejemplo, el desmedido impuesto de sucesiones que impera en Catalunya. Pero como muestrario, dejémoslo aquí: en Cataluña nadie se ocupa del bien común
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