El caso Noèlia, la joven de 25 años que falleció por aplicación de la eutanasia, ha derivado en una propuesta presentada en la Mesa del Congreso de los Diputados en forma de proposición de ley para modificar algunos aspectos de la regulación vigente.
La iniciativa cuenta con el apoyo del PSC-Units -el micropartido del conseller Espadaler, que se presenta como de inspiración cristiana-, así como de los Comunes, ERC y la CUP. Es decir, una propuesta que ya nace con mayoría suficiente para ser aprobada.
La primera cuestión relevante es que esta valiosa potestad del Parlament de Catalunya por incidir en la legislación española parece cubierta de telarañas y solo se reactiva en asuntos de extrema gravedad como este Resulta digno de análisis observar cuáles son las pocas materias que logran mayorías claras en el Parlamento para proyectarse sobre la legislación estatal. En ese caso, acelerar la muerte.
También sorprende que partidos que se declaran abiertamente independentistas utilicen el Parlament para intentar legislar en España en cuestiones que no tienen que ver con el camino hacia la independencia. Otro elemento que invita, al menos, a la reflexión.
La muerte de Noelia, después de dieciocho meses de litigio con sus padres, se ha convertido en la justificación política de una reforma procesal que pretende acelerar al máximo los recursos judiciales en materia de eutanasia.
La tentación es comprensible: si la justicia llega tarde, se dice, el derecho se vacía de contenido. Pero ahí está el error de perspectiva. En una decisión irreversible como es la eutanasia, el valor superior no es la rapidez, sino la certeza. Y la certeza, en un estado de derecho, recibe otro nombre: garantías.
La reforma que ahora se impulsa parece nacer de una lectura superficial del caso. La lección aparente sería que la lentitud judicial prolongó innecesariamente el sufrimiento de una joven que había reiterado su voluntad. Pero la lección real es otra, más exigente y menos confortable para el legislador.
Noèlia estuvo bajo la tutela de distintos servicios de la Generalitat desde los 12 años hasta su muerte a los 25. Intentó suicidarse en varias ocasiones, sufría una discapacidad por razones psicológicas y, según declaró, había sido víctima de abusos sexuales en tres ocasiones, sin que conste ninguna intervención pública efectiva. Su muerte es el resultado de un escandaloso fracaso de los servicios públicos, con consecuencias de sufrimiento y muerte.
En lugar de analizar qué falló para evitar nuevos casos como éste, la respuesta política parece orientada a facilitar que situaciones similares se resuelvan más rápidamente mediante la eutanasia. Así se legisla hoy en Cataluña: reduciendo garantías en lo que puede suponer una degradación de la justicia.
La muerte asistida no es comparable a otros supuestos en los que la urgencia administrativa o judicial puede ser un bien en sí mismo. Aquí no hay posible rectificación. No hay segunda instancia de la realidad ni posterior reparación.
Un error en la valoración de la capacidad, una insuficiente exploración del sufrimiento psíquico, una alternativa terapéutica deficiente o una situación de desamparo mal diagnosticada no admiten corrección. Por eso es tan peligroso que la respuesta política sea acortar plazos, concentrar instancias y reducir la posibilidad de revisión, especialmente cuando esto desvía el foco del problema real: el mal funcionamiento de los servicios públicos responsables.
La rapidez puede ser una virtud burocrática. Pero la vida y la muerte exigen otra jerarquía de valores.
Existe, además, una cuestión de fondo aún más decisiva que la legislación española sigue evitando afrontar de forma clara: la eutanasia no debería ser jurídicamente accesible sin haber pasado necesariamente por un sistema real, completo y efectivo de cuidados paliativos.
No es suficiente con informar de ello. Es necesario haberlos ofrecido, garantizado y experimentado efectivamente.
La razón no es doctrinal ni confesional, sino casi elemental. La eutanasia no es una solución en sentido positivo. Es, en el mejor de los casos, la constatación extrema de que la medicina curativa ha fracasado, que el dolor persiste a pesar de los mejores esfuerzos y que la reversibilidad ya no existe.
Dicho sin eufemismos: es la forma jurídica de un determinado fracaso. Fracaso terapéutico, fracaso en el control del dolor, fracaso en el acompañamiento humano y, a menudo, fracaso del propio sistema asistencial. Precisamente por eso debería ser siempre la última opción, nunca una vía funcionalmente paralela a la insuficiencia de cuidados paliativos.
Cuando el Estado acelera la eutanasia sin blindar previamente el derecho efectivo a no sufrir, el riesgo es convertir una carencia sanitaria en una salida jurídica. Y esto no es progreso, sino una forma sutil de desistimiento.
El caso Noelia también ha puesto de manifiesto otra cuestión que la reforma evita abordar: el papel de los terceros, especialmente de la familia, en situaciones en las que entran en tensión la autonomía personal, la fragilidad psíquica, la trayectoria vital y el vínculo afectivo.
La reforma responde a esta complejidad con mayor velocidad. Pero lo que sería necesario es más claridad.
Claridad sobre quién está legitimado para intervenir.
Claridad sobre el peso de la salud mental y del trauma previo.
Claridad sobre la calidad del acompañamiento recibido.
Claridad sobre si la voluntad expresada nace de una libertad madura o desesperación sin alternativas.
Nada de eso mejora por sí solo con plazos más breves. Por el contrario, la precipitación procesal puede degradar la calidad de la verdad material.
La paradoja es evidente: una reforma presentada como defensa de la dignidad corre el riesgo de debilitar las condiciones que permiten afirmar con seguridad que la decisión es realmente libre, informada y autónoma. La dignidad no exige velocidad; exige prudencia.
Y la prudencia, en este ámbito, pasa necesariamente por tres condiciones: cuidados paliativos completos, acompañamiento psicológico sostenido y máxima robustez de las garantías jurídicas.
La verdadera lección del caso Noelia no es que la justicia tardó demasiado. Es que la Generalitat y el Estado fallaron estrepitosamente, y que ahora se hace poco por asumirlo. Más aún: no hemos definido bien la frontera entre autonomía terminal y abandono paliativo.
Mientras este caso no sea revisado en profundidad y esta frontera no esté claramente protegida, cualquier reforma que sacrifique garantías en aras de la rapidez será una forma de ocultar el problema y generará soluciones potencialmente peligrosas.
Porque cuando el resultado es irreversible, el tiempo importa. Sí. Pero las garantías importan más.
El caso Noèlia no pide más prisa, sino una revisión a fondo del fracaso institucional que le acompañó desde los 12 años. #eutanasia #casonoelia Compartir en X
