Es bastante insólito que un instrumento tan importante como es el Atlas de Cuidados Paliativos en Europa en su última versión del año pasado no sea un material básico en el Congreso a la hora de debatir el proyecto de ley sobre la eutanasia.
La realidad que muestra el Atlas de la situación española es más bien penosa, y sitúa el nivel de los cuidados paliativos españoles a la misma altura que países tan poco desarrollados como pueda ser Georgia o Moldavia, y muy por debajo de estados que tienen menor desarrollo económico, como es el caso de Polonia.
En concreto, el número de unidades de atención paliativa para 100.000 habitantes en el caso español es la mitad en comparación al polaco. La Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) ha hecho público que cada año mueren 80.000 personas que necesitarían este tipo de atención para evitar que el sufrimiento acompañara la última etapa de su vida.
A pesar de todas estas evidencias, el Congreso no tiene previsto abordar esta cuestión, que obviamente no resuelve la ley de la eutanasia. Por otra parte, no se puede presentar como opción escoger entre el sufrimiento de la última etapa de la vida o el homicidio legal a cargo de un médico.
Es evidente que el propósito que mueve a legislar la eutanasia es una intención benéfica, pero también lo es que el resultado práctico conlleva una reducción del gasto por parte del estado: lo que no se gastará en cuidados paliativos, ni en los cuidados médicos de los que deciden morir, ni en las pensiones que se evitan. Y esta evidencia resulta sospechosa.
En todos los países del mundo, y evidentemente en Europa, hay una resistencia a legislar en este sentido. De hecho, el primer país que lo hizo a inicios de este siglo fue Holanda, y sólo han seguido el mismo camino los otros dos estados del Benelux, Bélgica y Luxemburgo.
Lo intentó Portugal en 2018, pero la ley fue rechazada porque junto con los diputados católicos votaron los del partido comunista portugués, que sigue teniendo una fuerza importante. De hecho, en términos relativos, es la organización comunista con más peso electoral en Europa. La razón para este voto contrario es constatar que la eutanasia afecta sobre todo a las personas de menores ingresos y que en este sentido constituye un signo más de discriminación.
El Partido Comunista español, que está integrado en la alianza de Izquierda Unida con Podemos, no mantiene la misma posición que sus correligionarios portugueses. La posición del Partido Comunista Portugués (PCP) no es un hecho extraordinario en el otro extremo de la visión política, ya que el Tribunal Supremo de los EE. UU. estableció en 1997 que la eutanasia es una vía para coaccionar a los más débiles y dependientes.
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