La tragedia de la DANA en Valencia, en un clima extremo de polarización política, debería servir como un punto y aparte, abriendo un período marcado por la compasión por las víctimas, la solidaridad y la eficacia en la respuesta de las administraciones. Es especialmente importante la que posee los mayores medios, la del Estado, que debería dar una respuesta inmediata a las necesidades de personas, familias y empresas afectadas, con medidas urgentes para paliar los daños materiales y un plan integral de reconstrucción. El objetivo no es solo restituir lo perdido, sino crear las condiciones para que no vuelva a suceder.
En su momento, después de la gran riada de 1957, se canalizó el río Turia. Ahora, es necesario algo similar, así como una rendición de cuentas en forma de un libro blanco elaborado por una comisión independiente que examine qué se ha hecho mal y proponga remedios. Dar cuentas al final, no ahora, como parece ser la tentación de algunos desde la Moncloa, que intentan utilizar la tragedia para atacar al adversario político que gobierna en Valencia, debería ser la prioridad. Esperamos que esto solo sea el resultado de una mala lectura de la realidad y no un propósito político definido.
A corto plazo, es imperativo resolver las condiciones básicas para que el país pueda funcionar, con Valencia en primer término, pero también teniendo en cuenta otras afectaciones que, aunque menores, también son importantes en Andalucía y Castilla-La Mancha. La coordinación entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno de España es fundamental, puesto que las aportaciones de este último son decisivas: una parte de la infraestructura dañada —ferrocarriles, autopistas, carreteras nacionales— es competencia del Estado. El objetivo está claro: la gente debe poder volver a la vida habitual, ir al trabajo, llevar a los niños a la escuela, hacer la compra, y todo ello en el menor tiempo posible.
Esta condición exige también que llegue dinero. No anuncios, sino efectivo, en el menor tiempo posible, dirigido a las familias afectadas, que son muchas, y a las empresas. En la zona afectada no puede producirse una catástrofe económica después de la catástrofe natural. La forma de hacerlo es concreta y sencilla: se trata de ingresar directamente en las cuentas de las personas y empresas dinero proporcional a las necesidades básicas, por un lado, y a lo que la empresa haya perdido en una primera estimación, por otro.
Esta medida serviría para detener el golpe inicial; más adelante, con más tiempo, se evaluará si los recursos aportados han sido suficientes y se establecerán mecanismos para compensar de forma proporcional. Pero, en cualquier caso, el dinero debe llegar ya, y ésta es una tarea prioritaria del Gobierno de Sánchez. Si el caso se hunde en la burocracia, el daño a las personas, las familias, la economía y a Valencia será terrible.
Éstas son acciones a corto plazo. A medio y largo plazo, es necesario un plan integral de reconstrucción que tenga en cuenta las condiciones y la experiencia, y que no se limite a rehacer lo destruido, sino que se encamine a limitar futuras catástrofes. Esta última, a pesar de ser fruto de condiciones muy específicas -no solo la DANA, sino el tren de tormentas estático que se auto-regeneró durante horas-, se ha visto agravada por las condiciones fisiográficas del territorio, lleno de pequeños cursos de agua de régimen torrencial. En esta ocasión, la virulencia ha sido extrema.
Hay que evitar repetir el fiasco de la COVID-19: la mayor mortalidad registrada en España desde la Guerra Civil no ha tenido una rendición de cuentas ni ha sido sometida a ningún examen. El Gobierno de Sánchez lo ha evitado, y la oposición tampoco ha exigido con fuerza, una comisión del Congreso para llevar a cabo esta labor. Ahora, ante lo sucedido, es necesario que se constituya una comisión independiente formada por profesionales y expertos en los ámbitos afectados, que prepare un libro blanco que deba someterse al Congreso de los Diputados y al Parlamento Valenciano.
No se trata tanto de buscar responsabilidades políticas –aunque también sea importante–, sino de identificar qué no ha funcionado, ya que en España abunda la normativa que obliga al Gobierno a actuar antes, durante y después de las emergencias. Concretamente, existe una ley estatal marco, la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, y otras normativas de desarrollo.
Las funciones de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, del Ministerio del Interior, incluyen:
- La preparación de planes estatales de protección civil.
- La realización de estudios sobre análisis de riesgos y proyectos piloto preventivos para fundamentar planes de prevención de emergencias.
- Informar y someter a evaluación de impacto los estudios técnicos preceptivos.
- Desarrollar programas de información a la población y promover la autoprotección ciudadana y corporativa.
- Coordinar la formación del personal del sistema nacional de protección civil.
- Mantener el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias.
- Actuar como Centro de Coordinación Operativa en Emergencias de Interés Nacional.
- Solicitar la movilización de recursos extraordinarios, incluida la Unidad Militar de Emergencias.
La protección frente a emergencias y catástrofes forma parte de la Estrategia de Seguridad Nacional, presidida por el presidente del Gobierno, que prevé acciones prioritarias en situaciones como la de la reciente tragedia. La Estrategia Nacional de Protección Civil de 2019 establece medidas en el marco de la Directriz Básica de emergencias frente al riesgo de inundaciones, conectando el riesgo de inundación con la planificación territorial y los usos del suelo.
El Plan Estatal de Inundaciones, aprobado en 2011, también establece acciones prioritarias como:
- Fortalecer la vinculación de la protección civil con la planificación territorial.
- Usar el Sistema Nacional de Cartografía de zonas inundables para la identificación de elementos vulnerables.
- Fortalecer los sistemas de aviso hidrológico y desarrollar herramientas predictivas de fenómenos meteorológicos extremos.
Toda esta normativa define actuaciones y criterios que debería evaluarse para conocer qué se ha hecho antes de la catástrofe y extraer las conclusiones pertinentes.
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