La prioridad política de Pedro Sánchez ya no consiste en gobernar mejor, ni siquiera en gobernar. Su objetivo es mucho más concreto y mucho más modesto: mantenerse en el poder, pase lo que pase, hasta las próximas elecciones generales. Si es posible, convocándolas antes de las municipales de 2027 para evitar un doble castigo electoral; si las circunstancias lo aconsejan, retrasándolas algunos meses. Pero, en cualquier caso, sin esperar hasta el otoño del próximo año.
El problema es que permanecer en La Moncloa durante todo lo que queda de 2026 y buena parte de 2027, en las condiciones actuales, parece una tarea de extraordinaria dificultad. Precisamente por ello, Sánchez ha modificado de forma visible su estrategia ante los casos de corrupción que cercan al PSOE y a su entorno político.
Hasta hace poco, la pauta era conocida. Ante cualquier escándalo, se reaccionaba con declaraciones contundentes, condenas inmediatas, expulsiones ejemplares y promesas de colaboración absoluta con la Justicia. Ocurrió con los casos que afectaron a Ferraz, a José Luis Ábalos o a Santos Cerdán.
Ahora la posición es exactamente la contraria. Ya no se trata de marcar distancias, sino de cerrar filas.
No es solo una decisión estratégica. Es una necesidad política. Sánchez ya no puede permitirse sacrificar más piezas. Cada nueva concesión sería interpretada como una admisión de debilidad y abriría una dinámica difícil de controlar.
Por eso resulta significativo el tratamiento dispensado a determinados personajes incómodos para el Gobierno y para el PSOE. En circunstancias normales, ciertas declaraciones habrían desembocado en querellas inmediatas, como la que se espera y no llega contra la denominada «fontanera» Leire Díez. No ha sucedido así. El riesgo de que algunas personas, conocedoras de demasiadas cosas, reaccionen provocando problemas aún mayores aconseja prudencia. Una prudencia que no existía cuando se trataba de dirigentes ya amortizados políticamente. Y si existe tal prudencia, es porque hay cuestiones que se prefieren mantener bajo control.
Algo parecido ocurre con José Luis Rodríguez Zapatero. Resulta difícil para el PSOE desmarcarse de quien ha sido presidente del Gobierno, uno de sus principales activos electorales en las últimas campañas y una figura central en la estrategia política del sanchismo. La consecuencia es evidente: nadie se moverá. Nadie dimitirá. Nadie será cesado. Resistir sin ceder un milímetro se ha convertido en la consigna.
La lógica alcanza todos los niveles. Desde el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hasta la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, pasando por responsables orgánicos del PSOE y su propia gerencia.
La prioridad no es corregir errores, sino evitar que cualquier movimiento sea interpretado como una admisión de culpa.
En el caso que actualmente concentra la atención pública, la defensa se articula sobre dos ejes.
El primero consiste en desplazar el foco. Las joyas atribuidas a Zapatero dejan de ser la cuestión principal. El verdadero problema, se nos dice, sería la utilización política del asunto. Como tantas veces, el debate se traslada hacia el Partido Popular o hacia el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso. El objetivo no es esclarecer unos hechos concretos, sino establecer una equivalencia general: todos son iguales.
El segundo eje resulta aún más interesante. No consiste necesariamente en negar los hechos, sino en cuestionar el procedimiento mediante el cual se han obtenido determinadas pruebas. Se trata de una estrategia jurídica perfectamente legítima. Sin embargo, encierra una paradoja política notable: la discusión deja de centrarse en si existió o no corrupción para desplazarse hacia la forma en que esta fue descubierta.
Es un argumento delicado. Porque, llevado a sus últimas consecuencias, supone admitir implícitamente que el problema podría no residir en los hechos, sino en la manera de acreditarlos.
Mientras tanto, el Gobierno insistirá en una idea central: existe una operación política, judicial y mediática destinada a impedir la victoria de la izquierda. Ese relato cobrará fuerza a medida que avancen los procedimientos judiciales que afectan al entorno presidencial, especialmente los relacionados con Begoña Gómez. Cada decisión judicial discutible, cada exceso procesal y cada controversia serán incorporados a una misma narrativa: la existencia de una persecución organizada.
Sin embargo, esta estrategia presenta un problema evidente. La realidad tiene la desagradable costumbre de producir hechos nuevos.
Todavía no conocemos el desenlace de las causas abiertas. Tampoco sabemos qué nuevas informaciones pueden aparecer en relación con presuntas financiaciones irregulares del PSOE. Pero la secuencia política de los últimos meses ha mostrado una constante: cada escándalo acaba siendo eclipsado por otro de mayor dimensión.
Y mientras tanto permanecen intactos los problemas de fondo.
España puede crecer por encima de la media europea y crear empleo, pero sigue ocupando posiciones destacadas en desempleo, especialmente juvenil. La productividad continúa siendo insuficiente. La vivienda se ha convertido en una emergencia nacional. El endeudamiento alcanza niveles históricos. Y los fondos europeos Next Generation han movilizado cantidades extraordinarias de recursos sin que se observen transformaciones estructurales equivalentes.
A ello se suma la pérdida de poder adquisitivo de amplios sectores sociales, el malestar creciente entre los jóvenes y una percepción cada vez más extendida de deterioro de los servicios públicos, las infraestructuras y la seguridad ciudadana.
Una cosa es sobrevivir a una crisis. Otra muy distinta es convertir la supervivencia en un proyecto de país.
Una cosa es sobrevivir a una crisis. Otra muy distinta es convertir la supervivencia en un proyecto de país. #Sánchez #PSOE Compartir en X
