La República de Weimar fue el régimen democrático que gobernó Alemania entre 1919 y 1933, surgido tras la derrota en la Primera Guerra Mundial, la abdicación del káiser Guillermo II y el hundimiento del Imperio alemán. Nació con la ambición de instaurar un sistema parlamentario moderno y pluralista, pero arrastró desde el principio una grave inestabilidad política, crisis económicas recurrentes, polarización ideológica y una progresiva pérdida de confianza en las instituciones.
Aquellas debilidades acabaron erosionando la democracia hasta facilitar la llegada al poder del nacionalsocialismo de Adolf Hitler en 1933.
La lección de Weimar no es que Hitler llegara al poder. La lección es que, antes de que Hitler llegara, la democracia ya había empezado a morir.
La deslegitimación de las instituciones, y especialmente del Reichstag, el Parlamento alemán, fue decisiva. Sin un Parlamento capaz de desempeñar sus funciones, la democracia se convierte en una simple apariencia. El poder sigue existiendo, pero ya no es democrático porque desaparece el mecanismo esencial de control, deliberación y representación.
Después de las elecciones de 1930, el Reichstag quedó tan fragmentado que resultaba prácticamente imposible construir una mayoría estable. El canciller Heinrich Brüning convenció al presidente Paul von Hindenburg para que le permitiera gobernar mediante el artículo 48 de la Constitución, que autorizaba decretos presidenciales de emergencia. A diferencia de nuestros decretos ley, aquellos no requerían validación parlamentaria posterior.
El argumento era aparentemente prudente: evitar nuevas elecciones porque nazis y comunistas podían crecer aún más. Resulta imposible no advertir cierto parecido con el argumento contemporáneo según el cual hay que evitar cualquier alternativa porque gobernarían el PP y Vox.
El resultado alemán fue devastador. El Reichstag siguió existiendo, pero se convirtió en una institución decorativa. Ya no aprobaba presupuestos, no elaboraba leyes relevantes y no controlaba efectivamente al gobierno. Los ciudadanos terminaron contemplándolo como un escenario de disputas inútiles mientras el poder real se trasladaba al ejecutivo.
Es ahí donde aparece la pregunta. Sin ser iguales, ¿hasta qué punto determinadas singularidades del sistema español están conduciendo a una situación funcionalmente similar?
La democracia española dispone de tres mecanismos extraordinarios que permiten mantener a un gobierno sin una mayoría efectiva de gobernabilidad.
Primero
El primero es la cuestión de confianza. En la mayor parte de las democracias parlamentarias, el Parlamento dispone de mecanismos para cuestionar la continuidad del gobierno. En España, no. Solo el presidente del Gobierno puede plantear una cuestión de confianza. El Congreso no puede exigirla.
Esta singularidad, nacida durante la Transición, cuando se temía la fragilidad de los partidos y la inestabilidad de los gobiernos, impide una práctica habitual en otras democracias: verificar si quien gobierna sigue disponiendo de legitimidad de ejercicio.
Segundo
La segunda singularidad es la moción de censura. El nombre es el mismo que en el resto de Europa, pero su naturaleza es completamente distinta.
En un régimen parlamentario normal, una exitosa censura provoca la caída del gobierno. Después se abre una nueva fase: o bien se forma una mayoría alternativa o se convocan elecciones.
En España no funciona así. En realidad, la moción de censura equivale a elegir simultáneamente a un nuevo presidente. Fue precisamente este mecanismo el que permitió la llegada inicial de Pedro Sánchez al poder en 2018, gracias, entre otros factores determinantes, a la política impulsada por Marta Pascal desde el PDECat.
La consecuencia es evidente. Si no existe una mayoría alternativa ya construida, la vía democrática de devolver la palabra a los ciudadanos queda bloqueada.
Tercero
La tercera singularidad completa el círculo. Solo el presidente del Gobierno puede disolver las Cortes y convocar elecciones.
Por tanto, si no puede ser sometido a una cuestión de confianza impulsada por el Parlamento y tampoco puede ser censurado a menos que exista una mayoría alternativa completa, su continuidad queda prácticamente garantizada aunque gobierne en minoría.
Quien no tiene la continuidad garantizada es el Congreso, ni la calidad democrática ni el buen funcionamiento del país.
Esta situación acaba de mostrar una consecuencia reveladora. Junts per Catalunya presentó una moción reclamando la convocatoria de elecciones. La iniciativa contaba con el apoyo de PP, Vox y otros grupos. Era una moción sin efectos jurídicos, puramente política, destinada a evidenciar la inexistencia de una mayoría parlamentaria estable para sostener al Gobierno.
Pero ni siquiera esto ha sido posible.
El PSOE y Sumar, gracias a su mayoría en la Mesa del Congreso —que no refleja ni de lejos la correlación real existente en el pleno de la cámara—, han impedido que la iniciativa llegara a debate y votación. El argumento utilizado es que convocar elecciones es una prerrogativa exclusiva del presidente.
La paradoja es enorme. El Congreso aprueba continuamente resoluciones simbólicas sobre cuestiones que no son de su competencia, desde las actuaciones de Benjamin Netanyahu hasta todo tipo de posicionamientos internacionales. Pero no puede ni siquiera votar una propuesta simbólica reclamando elecciones generales.
Mientras, España acumula años sin nuevos presupuestos generales; leyes importantes permanecen bloqueadas durante años —la reforma de la ley del suelo y la de vivienda son ejemplos claros—; las sesiones de control se han degradado hasta convertirse en una confrontación casi tabernaria, y el Congreso ha perdido gran parte de su capacidad de fiscalización efectiva.
Pedro Sánchez ya había mostrado durante la pandemia una concepción expansiva del poder ejecutivo. La suspensión práctica de la actividad parlamentaria y los sucesivos estados de alarma, posteriormente declarados inconstitucionales, establecieron un preocupante precedente. Y no ocurrió nada.
El imperio del ejecutivo
Un ejecutivo que además presenta una fuerte concentración presidencialista. A diferencia de otros países europeos, el jefe del Estado español no dispone prácticamente de ninguna capacidad moderadora. El presidente de la República Italiana puede influir decisivamente en la formación de gobiernos y en las convocatorias electorales. El presidente portugués puede vetar leyes. El rey de España, constitucionalmente, puede sonreír, sancionar formalmente las leyes y disponer de un Falcon cuando le corresponde.
La democracia española no es Weimar. Pero presenta una fragilidad institucional creciente que debería preocupar a cualquier demócrata.
A diferencia de la Alemania de los años treinta, España no vive una gran depresión económica. Pero su futuro está atravesado por auténticas bombas de relojería: la crisis de la vivienda, la persistente pérdida de poder adquisitivo, el envejecimiento demográfico, la natalidad hundida y una inmigración masiva que nadie parece capaz de ordenar.
Y entonces aparece la pregunta final.
¿Quién sustituirá al régimen actual?
En Weimar lo hicieron los nazis, que llegaron a superar el 30% de los votos antes de alcanzar el poder.
En España, el sucesor del sanchismo podría ser el propio Sánchez.
Por una razón elemental: ha logrado construir un sistema político en el que cada vez resulta más difícil distinguir entre el Gobierno, el Estado y su propia persona. Y cuando esto sucede, el problema ya no es quién gobierna hoy. El problema es qué queda de la democracia cuando el gobierno deja de necesitar al Parlamento.
La comparación entre la República de Weimar y la España de Sánchez no está en los resultados, sino en la progresiva pérdida de funciones del Parlamento y la concentración del poder en el ejecutivo. #CongresoDiputados Compartir en X
