Hay momentos en política en los que la contradicción es tan evidente que acaba adquiriendo cierta dimensión cómica. Pero una comedia de las que no hacen reír, porque sus consecuencias son demasiado serias. Lo que está sucediendo estos días con la visita de León XIV a España es un ejemplo casi perfecto.
Hace solo tres días que el Papa pronunció en el Congreso de los Diputados un discurso que fue recibido con largas ovaciones. Durante siete minutos, los diputados se pusieron de pie, aplaudieron y celebraron unas palabras que, aparentemente, compartían. Entre ellas, una afirmación central: la defensa de la vida humana «no es una cuestión parcial ni un interés confesional, sino una meta de civilización». Más aún: «toda vida humana debe ser reconocida y protegida desde su concepción hasta su final natural».
No se trataba de una observación marginal. Era una de las ideas fundamentales del discurso papal. León XIV advirtió que, cuando esa certeza se debilita, los más vulnerables se convierten en las primeras víctimas y la ley deja de cumplir su función esencial: proteger a cada persona.
Pues bien, mientras el Papa continúa su visita a Canarias, el propio Congreso que le aclamó debatirá hoy jueves la toma en consideración de una proposición de ley impulsada por el Parlament de Catalunya para acelerar al máximo los procedimientos judiciales relacionados con la eutanasia y limitar las posibilidades de recurso. Dicho en términos menos burocráticos: se trata de hacer más fácil lo que ya es legal.
La coincidencia temporal es extraordinaria. Pero lo es aún más el contraste moral y político.
Porque esta iniciativa no cae del cielo. Tiene su origen en la mayoría que gobierna Catalunya y está vinculada directamente a uno de los episodios más controvertidos de los últimos años: el caso Noelia.
La joven murió por eutanasia a los 25 años. No padecía ninguna enfermedad terminal. Era parapléjica como consecuencia de uno de sus intentos previos de suicidio. Según su madre, existían perspectivas de mejora clínica. Además, arrastraba una discapacidad superior al 70% anterior a la lesión que la dejó en silla de ruedas.
Durante meses su padre intentó impedir judicialmente la decisión. Por último, los mecanismos administrativos concluyeron que reunía las condiciones exigidas por la ley y la eutanasia se ejecutó.
Pero la cuestión más inquietante no es esa. Lo más grave es el contexto.
Desde los 13 años hasta su muerte, Noelia dependió prácticamente por completo de los servicios de la Generalitat. Primero en centros tutelados y posteriormente en recursos relacionados con sus dificultades sociales, económicas y personales. Durante este período, según sus propias declaraciones, habría sido víctima de tres episodios de abusos sexuales de los que todavía hoy no existe una explicación pública satisfactoria.
Ante un caso así, lo lógico sería una revisión exhaustiva. ¿Qué falló? ¿Quién era responsable? ¿Cómo es posible que una persona tan vulnerable acumulara tantas experiencias traumáticas bajo tutela pública? ¿Qué alternativas de soporte vital, psicológico y familiar se le ofrecieron? ¿Cómo es posible que doce años de asistencia pública acabaran desembocando en tan firme petición de eutanasia? ¿La Generalitat y la mayoría del Parlament de Catalunya consideran normal este desenlace?
Pero la respuesta política no ha sido revisar lo que podía haber fallado. Ha sido otra.
En lugar de investigar hasta el final las posibles deficiencias del sistema, la mayoría formada por PSC, ERC y Comuns impulsa una reforma que rebaja garantías y acelera procedimientos.
Es una forma singular de entender la rendición de cuentas. Cuando un mecanismo genera dudas, la solución no consiste en revisarlo, sino en simplificarlo aún más.
Todo esto adquiere una dimensión particular cuando se observa la figura de Salvador Illa. El president de la Generalitat se define públicamente como católico. Nadie le discute ese derecho. Pero lo relevante no es la autodefinición personal, sino la coherencia entre las convicciones declaradas y las políticas practicadas.
Porque su gobierno no solo ha impulsado esta iniciativa sobre la eutanasia. También ha ampliado las facilidades de acceso al aborto al conjunto del territorio catalán, ha rechazado las principales medidas de apoyo económico a la familia aprobadas por el Parlament de Catalunya el pasado diciembre y mantiene programas educativos inspirados en la perspectiva de género y las teorías queer desde las primeras etapas escolares. Un ejemplo es el programa Coeduca’t, que, según sus críticos, promueve un cuestionamiento abierto de la familia tradicional y una visión ideológica de la identidad sexual.
Es difícil presentar estas políticas como plenamente compatibles con el magisterio católico.
La contradicción es aún más visible después de la publicación de la encíclica Magnifica Humanitas. En su punto 55, León XIV afirma sin ambigüedades que «el aborto provocado, el asesinato de inocentes y la eutanasia son decisiones gravemente ilícitas». No es una nota a pie de página. Es una definición central de su doctrina social.
Además, el pontífice vincula directamente el derecho a la vida con el conjunto de los derechos humanos, atribuyéndole un carácter fundacional. Sin ese derecho, sostiene, el resto de derechos pierden consistencia moral.
Por eso lo que está ocurriendo estos días tiene una carga simbólica tan poderosa. Mientras el Papa es aclamado, sus palabras son ignoradas. Mientras se le recibe con honores institucionales, se impulsan medidas que niegan frontalmente lo que acaba de afirmar. Mientras sus discursos son celebrados, sus conclusiones son rechazadas.
Es posible que Pedro Sánchez esperara a que la visita papal reforzara su proyección internacional y mejorara la relación con la Santa Sede. Si así era, el resultado difícilmente podría ser más contradictorio. Cuesta convencer a alguien de la sinceridad de los aplausos cuando, antes de que se apague el eco de las ovaciones, ya se está votando exactamente lo contrario de lo aplaudido.
Y quizás también convendría que una parte del episcopado catalán tomara nota de una evidencia elemental: las palabras tienen importancia, pero los hechos tienen mucha más. Y en política, como en la vida, llega un momento en el que las contradicciones dejan de ser un matiz para convertirse en una definición.
Mientras el Papa es aclamado, sus palabras son ignoradas. Mientras se le recibe con honores institucionales, se impulsan medidas que niegan frontalmente lo que acaba de afirmar Compartir en X
