Hay imágenes que explican mejor una época que cualquier estadística. Una de ellas se produjo hace unos días durante la reunión anual del Círculo de Economía. Mientras los focos se concentraban en la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en conversaciones discretas entre destacados empresarios afloraba una actitud tan reveladora como inquietante: el desdén hacia la corrupción política que hoy sacude España.
No se trataba de negar los hechos. Era algo peor. Se aceptaba su existencia, pero se la consideraba irrelevante. Lo importante, venían a decir, es que la economía funciona, las empresas obtienen beneficios y los mercados continúan operando. Lo demás sería simple ruido político.
Esa actitud ayuda a comprender uno de los fenómenos más llamativos de la España actual. A pesar de la acumulación de escándalos, investigaciones judiciales, informes policiales y casos de corrupción que afectan al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno, una parte significativa de la sociedad continúa respaldándolo. En términos absolutos, alrededor de una cuarta parte del censo electoral sigue considerando a Pedro Sánchez una opción válida para gobernar.
Es mucho. Muchísimo.
Quizá las nuevas revelaciones del sumario relacionado con Leire Díez modifiquen esta situación. Quizá las horas de grabaciones que aún deben salir a la luz erosionen esa resistencia electoral. Pero el problema de fondo es otro. Lo verdaderamente preocupante es comprobar hasta qué punto una parte de la sociedad española parece haberse acostumbrado a convivir con la corrupción.
Cuando los escándalos se suceden de manera ininterrumpida, existe un riesgo evidente: que el último caso tape al anterior y que la acumulación de irregularidades genere una suerte de inmunidad moral. Que terminemos pensando que todos son iguales, que siempre ha sido así y que nada puede hacerse.
Si llegáramos a ese punto, el deterioro sería mucho más profundo que cualquier crisis de gobierno.
Porque conviene distinguir entre dos tipos de corrupción.
La primera es la corrupción oportunista: empresarios y políticos que establecen relaciones ilícitas para enriquecerse mutuamente. Es grave, pero suele quedar limitada a los protagonistas directos del fraude.
La segunda es mucho más peligrosa. Es la corrupción sistémica.
En ella dejan de funcionar las reglas generales y las instituciones abandonan su función de servir al interés común para ponerse al servicio de quienes detentan el poder. Las normas continúan existiendo formalmente, pero la realidad pasa a regirse por una ley tácita: la voluntad de quienes mandan.
Y es precisamente esa frontera la que España parece haber comenzado a cruzar ante la inacción de la Comisión y del Parlamento Europeo.
Las informaciones que han trascendido del sumario relacionado con Leire Díez apuntan en esa dirección. De confirmarse judicialmente, estaríamos ante hechos de extraordinaria gravedad.
La existencia de reuniones entre ella y la directora general de la Guardia Civil, la apertura de expedientes internos contra miembros destacados de la UCO, las presuntas presiones para limitar investigaciones sensibles o las supuestas instrucciones para mirar hacia otro lado cuando determinados asuntos afectaban al entorno gubernamental dibujan un panorama incompatible con el funcionamiento normal de un Estado de derecho.
La cuestión ya no sería únicamente penal. Sería, sobre todo, política.
En una democracia madura, la responsabilidad política no espera a la sentencia judicial. La presunción de inocencia protege frente a una condena penal, pero no elimina la obligación de responder políticamente cuando la confianza pública resulta dañada.
Por eso resulta difícil comprender que el ministro del Interior continúe defendiendo situaciones que, de confirmarse, afectarían directamente a la credibilidad de las fuerzas de seguridad del Estado.
Y la preocupación aumenta cuando el problema deja de ser un episodio aislado para convertirse en una secuencia.
Ábalos. Koldo. Santos Cerdán. El entorno familiar del presidente. Las investigaciones relacionadas con su esposa. Los contactos con el fiscal general del Estado. Las revelaciones sucesivas que afectan a responsables políticos, empresariales y administrativos próximos al poder.
La acumulación empieza a ser incompatible con la explicación oficial según la cual Pedro Sánchez sería una especie de espectador ajeno a todo cuanto sucede a su alrededor.
La tesis resulta difícilmente sostenible.
Se nos pide creer que sucesivos colaboradores de máxima confianza, ministros, secretarios de Organización, asesores, responsables policiales y dirigentes institucionales habrían actuado de manera coordinada para proteger al presidente sin que este conociera nada. Que todos trabajaban en beneficio del número uno sin que el número uno mostrara interés alguno por tales actuaciones.
La explicación desafía la lógica política más elemental.
Pero existe otro silencio igualmente preocupante.
Es el de aquellos partidos que justificaron durante años su actuación en nombre de la regeneración democrática y que hoy contemplan estos acontecimientos con una prudencia extraordinaria, cuando no con abierta pasividad.
La lucha contra la corrupción parece haber dejado de ser una prioridad cuando el afectado pertenece al propio bloque ideológico.
Y esa doble vara de medir erosiona todavía más la confianza ciudadana.
La consecuencia lógica de una situación así debería ser clara: devolver la palabra a los ciudadanos.
En democracia, las elecciones no son una amenaza. Son el mecanismo de corrección de las crisis políticas.
El argumento según el cual no deben convocarse porque podría ganar el Partido Popular con el apoyo de Vox constituye una perversión democrática. Las elecciones no se celebran para garantizar un resultado determinado. Existen precisamente para permitir que los ciudadanos decidan libremente quién debe gobernar.
Lo contrario supone convertir la democracia en rehén de una ideología concreta.
Sin embargo, unas elecciones anticipadas no resolverían automáticamente el problema. Serían únicamente el comienzo.
Durante años, la política española ha sido presentada como una batalla existencial entre el bien y el mal. Cuando los adversarios dejan de verse como competidores legítimos y pasan a considerarse enemigos morales, el resultado es una polarización creciente que dificulta cualquier reconstrucción institucional.
Por eso el día después de unas elecciones podría resultar casi tan complicado como la situación actual.
España afronta una crisis que ya no es exclusivamente política. Es una crisis institucional, moral y cultural.
La evidencia internacional es contundente. Los países más prósperos, innovadores y cohesionados son también aquellos que presentan menores niveles de corrupción. No existe ninguna democracia plenamente desarrollada cuya fortaleza económica conviva de forma duradera con una corrupción estructural persistente.
La corrupción deteriora la inversión, reduce la productividad, destruye la confianza y acaba debilitando el crecimiento económico.
Por eso resulta especialmente sorprendente que determinadas élites empresariales crean que este problema no les afecta.
Les afecta directamente.
Porque cuando la corrupción se convierte en sistema, termina dañando precisamente aquello que dicen querer proteger: la estabilidad económica.
Pero, además, una corrupción sistémica constituye un terreno abonado para la penetración de otras estructuras criminales organizadas, dotadas de una enorme capacidad de corrupción, como el narcotráfico. Y España se encuentra en primera línea de ese desafío.
En medio de esta tormenta llegará la visita del papa León XIV. Para el Gobierno será una oportunidad política inesperada. Para el Pontífice, probablemente una de las intervenciones institucionales más delicadas de su pontificado, al convertirse en el primer Papa que hablará ante las Cortes Generales en un momento de extraordinaria tensión política.
Ante todo ello, la verdadera pregunta es si la sociedad española conserva todavía la capacidad moral de escuchar, sin cegueras ideológicas, la palabra de una de las principales referencias morales de nuestro tiempo y si dispone de la energía cívica necesaria para reaccionar cuando las instituciones comienzan a deteriorarse.
Porque las democracias no mueren únicamente por la acción de quienes corrompen el poder.
También pueden morir por la indiferencia de quienes contemplan el proceso y deciden mirar hacia otro lado.
La responsabilidad política no debería esperar a la sentencia judicial. Esa es una de las diferencias entre la democracia y la impunidad. #PedroSánchez #PSOE Compartir en X
