El estudio Los límites de la inmigración para el ajuste demográfico en España, elaborado por Héctor Cebolla y María Miyar para Funcas, constituye una crítica de gran relevancia a una idea muy extendida en el discurso político y mediático: que la inmigración puede resolver de forma estable el problema demográfico español.
La tesis central del informe es clara. La inmigración ha amortiguado temporalmente el envejecimiento y la caída de la natalidad, pero no corrige las tendencias estructurales de fondo y, además, genera nuevas dependencias y límites internos.
Es cierto que la inmigración ha permitido mantener el crecimiento de la población, retrasar parcialmente el envejecimiento y aportar mano de obra al mercado laboral. Pero todo ello funciona como un mecanismo de compensación temporal, no como una solución demográfica duradera.
Los autores sostienen, de hecho, que España ha delegado en la inmigración aquello que debería haber afrontado mediante políticas familiares, estímulos a la natalidad, vivienda asequible, conciliación y planificación territorial.
En realidad, la inmigración corre el riesgo de transformarse de solución a problema, porque, en ausencia de otras políticas, el modelo español necesita entradas migratorias cada vez mayores para sostener un equilibrio que se erosiona continuamente.
Una de las conclusiones más impactantes del estudio es la enorme rotación migratoria española.
Entre 2002 y 2024 llegaron a España casi 15 millones de personas nacidas en el extranjero, pero el aumento neto de población inmigrante fue de poco más de 7 millones. Es decir, más de la mitad —aproximadamente 8 millones de personas— terminó abandonando el país.
La tasa de retención española ronda así entre el 48 % y el 51 %, una de las más bajas de Europa. En países como Alemania o Suecia supera el 60 %.
Esta baja capacidad de retención responde, en buena medida, a las mismas causas que castigan al conjunto de la población española: bajos salarios, precariedad laboral, vivienda inaccesible, elevado coste de vida, escasa estabilidad y debilitamiento de las redes familiares y comunitarias. Muchos inmigrantes utilizan España como etapa de transición y puerta de acceso a otros países europeos.
Esta realidad cuestiona también las consecuencias europeas de la actual política de regularización masiva y refuerza la posición de quienes consideran que el problema ya no afecta solo a España, sino al conjunto de la UE.
Como resultado de las políticas desarrolladas a lo largo de este siglo —y que alcanzan su máxima expresión durante el mandato de Pedro Sánchez—, España se ha convertido en uno de los países europeos más dependientes de los flujos migratorios.
En 2025, el 19 % de los residentes en España había nacido en el extranjero, frente a una media europea del 14 %. Pero esa cifra se distribuye de manera muy desigual. En Cataluña ya alcanza una cuarta parte de la población y, en la ciudad de Barcelona, uno de cada tres habitantes es extranjero. Además, ambos grupos coinciden prácticamente en las edades de mayor actividad laboral.
España es hoy el principal receptor de inmigración de Europa en términos relativos y el segundo en términos absolutos, solo por detrás de Alemania. Entre 2013 y 2023 absorbió el 16 % de toda la inmigración llegada a Europa, pese a representar únicamente el 11 % de la población total de la UE.
Otra de las tesis esenciales del estudio desmonta la idea de que la inmigración rejuvenece de manera sostenida la población. Las mujeres inmigrantes tienen inicialmente más hijos que las españolas, pero en apenas una generación convergen hacia los mismos patrones de baja fecundidad.
Entre 2009 y 2024, el número de hijos por mujer inmigrante cayó un 32 %, mientras que los nacimientos de madres extranjeras descendieron un 10 %.
Este dato resulta especialmente importante porque el discurso dominante asumía que la inmigración corregiría automáticamente la baja natalidad española. Sin embargo, aunque aumenta temporalmente el número de mujeres en edad fértil, no modifica estructuralmente el patrón de fecundidad.
Y hay otro elemento del que apenas se habla: el envejecimiento también afecta a la población inmigrante.
Entre 2021 y 2025, la población inmigrante mayor de 55 años creció un 42 %, mientras que el grupo de entre 20 y 54 años aumentó un 25 %. Los inmigrantes mayores de 55 años representan ya el 22 % del total, alrededor de dos millones de personas.
Esto implica que el sistema no solo importa trabajadores, sino también futuros pensionistas y personas dependientes. El discurso gubernamental insiste en que los inmigrantes sostienen hoy las pensiones, pero omite señalar que mañana tendrán derecho legítimo a percibirlas. Y ese proceso coincidirá, además, con la jubilación masiva de la generación del baby boom.
La presión sobre pensiones, sanidad, dependencia y servicios sociales aumentará inevitablemente durante la próxima década, precisamente porque es en las edades avanzadas donde la demanda de gasto público se dispara.
A ello se añaden dos factores que agravan el desequilibrio de las cuentas públicas.
Por un lado, las pensiones futuras estarán vinculadas a cotizaciones relativamente bajas, lo que incrementará el déficit estructural de la Seguridad Social.
Por otro lado, los niveles salariales inferiores a 25.000 euros anuales generan, en términos fiscales netos, una aportación menor que el gasto público asociado, lo que ampliará el desequilibrio presupuestario.
Como la fecundidad de la población inmigrante converge hacia la española, la retención de inmigrantes es baja y el envejecimiento avanza también entre ellos; España necesitaría entradas migratorias cada vez mayores para mantener el equilibrio demográfico.
Los autores consideran este escenario difícilmente sostenible a largo plazo, especialmente porque los propios países emisores están entrando también en procesos de envejecimiento y descenso de natalidad. Los excedentes demográficos disponibles tenderán, por tanto, a reducirse.
Además, esta emigración resta posibilidades de desarrollo a los países de origen, al marcharse precisamente la población más joven y con mayor iniciativa.
La elevada rotación migratoria reduce el arraigo, dificulta la formación estable, aumenta la movilidad laboral y perjudica la productividad. España continúa recibiendo una inmigración de baja productividad inicial y, dadas las condiciones económicas del país, esa situación tiende a cronificarse, agravando aún más las debilidades estructurales.
La conclusión del estudio es contundente: la inmigración ayuda, pero no puede sustituir una estrategia demográfica nacional.
El informe reclama implícitamente políticas de natalidad, apoyo a las familias, vivienda accesible, estabilidad laboral, cohesión territorial y planificación demográfica de largo plazo. Es decir, regular la inmigración de acuerdo con las necesidades reales del país y con el modelo de crecimiento que se desea construir.
Todo esto debería resultar evidente. El problema es doble. Por un lado, el Gobierno de Sánchez ha demostrado una enorme incapacidad para gestionar una realidad compleja. Por otro lado, mantiene una hostilidad ideológica hacia la familia tradicional, la única capaz, a largo plazo, de revertir el desastre demográfico anunciado.
O las políticas familiares y de vivienda pasan a ocupar un lugar central y se aplican con verdadera intensidad, o tanto la herencia futura como los conflictos presentes no harán más que agravarse.
Sin vivienda accesible, estabilidad laboral y apoyo real a las familias, España necesitará flujos migratorios cada vez mayores para sostenerse. #CrisisDemográfica Compartir en X
