Hay ideas que nacen de una exigencia moral tan elemental que discutir su necesidad equivale casi a negar la evidencia. La regularización de cientos de miles de personas que hoy viven entre nosotros sin derecho a trabajar legalmente, sin estabilidad y sin acceso normalizado a los mecanismos básicos de integración social es una de ellas.
No puede sostenerse indefinidamente una sociedad que tolera que una masa humana tan considerable quede atrapada en la precariedad estructural, condenada a sobrevivir en los márgenes del derecho, de la economía formal y, a menudo, de la misma dignidad.
La cuestión, por tanto, no es si la regularización es necesaria. Lo es, y lo es por una razón que precede a cualquier cálculo: la humanidad. No se trata de si España gana dinero, mano de obra o cotizaciones. Se trata de resolver unas condiciones de vida que impiden a muchas personas cubrir sus necesidades más básicas con decencia. La política, cuando quiere ser algo más que propaganda, comienza ahí.
Ahora bien, que la idea sea justa no convierte automáticamente en buena la forma en que se ejecuta. Y es aquí donde la iniciativa del gobierno de Pedro Sánchez muestra todas sus debilidades: después del principio viene la forma, y después de la forma, la ejecución. Y en ambas dimensiones el proyecto hace aguas.
El primer error es moral e intelectual a la vez: justificar la bondad de la regularización porque «nos sale a cuenta». El gobierno ha optado por vestir la operación con una retórica utilitarista, seleccionando de forma sesgada datos de varios estudios sobre el impacto fiscal de la inmigración. Pero ésta es una forma tramposa de plantear el debate. No debe regularizarse para que el Estado gane a corto plazo, sino porque no es admisible mantener personas en un submundo jurídico permanente.
Además, incluso en el terreno que el gobierno ha elegido, el argumento es incompleto. Mostrar la fotografía del presente —más cotizaciones, mayores ingresos inmediatos a Hacienda ya la Seguridad Social— sin observar la película entera del ciclo vital es una forma de manipulación contable. Estas personas cotizarán hoy, sí, pero también generarán mañana derechos sociales, educativos, sanitarios y pensionales.
En el caso español, el sistema de pensiones ya retribuye a los jubilados muy por encima de lo que aportaron. Actualmente, un jubilado percibe aproximadamente un 62% más de lo cotizado, y las proyecciones apuntan a que esta diferencia podría duplicarse a partir de 2045. Por tanto, los nuevos cotizantes de hoy también serán, mañana, nuevos beneficiarios de un sistema tensionado.
Por otra parte, varios estudios indican que ingresos inferiores a los 25.000 euros anuales tienden a generar un balance fiscal negativo, es decir, se recibe de los presupuestos públicos más de lo que se aporta, situación que previsiblemente afectará a una parte significativa de los regularizados.
Esto significa que el “éxito” que hoy se exhibe como una gran operación económica puede convertirse, mañana, en una carga transferida a los hijos y nietos de los contribuyentes actuales y futuros. La contabilidad honesta no se realiza con el titular del trimestre, sino con la visión generacional de toda una vida.
Pero el fracaso más profundo no es económico sino político. No sabemos con precisión cuántas personas se beneficiarán de esta regularización. El gobierno habla de medio millón; otras estimaciones solventes superan las 750.000. Esta diferencia no es menor: es la prueba de que el Estado no conoce con suficiente rigor la magnitud real del fenómeno que pretende ordenar.
Y más grave: la regularización se emprende sin haber resuelto previamente el agujero estructural de la política migratoria española. El gran colador no es solo la ruta dramática de las fronteras terrestres o marítimas, sino también la entrada masiva por vía aérea, especialmente a través de Barajas, con visados turísticos que después derivan en situaciones de irregularidad.
Realizar una regularización sin haber cerrado antes este circuito equivale a institucionalizar el mensaje de que el Estado primero tolera el descontrol y después lo absorbe. Es, en definitiva, una regularización sin una política migratoria digna de ese nombre.
Por eso, utilizar el decreto ley resulta especialmente inadecuado. La rapidez no responde aquí a una urgencia técnica, sino a la voluntad de evitar el debate de fondo: por qué hemos llegado hasta aquí, qué políticas han fallado y qué medidas deben acompañar a la regularización para que no sea la antesala de la siguiente.
La vía más sensata habría sido tramitar la ILP ya existente en el Congreso, aprobada casi por unanimidad, porque una ley con debate parlamentario habría permitido mejorar garantías, calibrar impactos y corregir lagunas.
Y hay muchas. El Consejo de Estado ya ha advertido sobre la necesidad de introducir importantes modificaciones, especialmente en materia de antecedentes penales. Pero el problema es mucho más amplio. Nadie ha contado con datos rigurosos cuál será el impacto sobre la escuela pública, la sanidad, los servicios sociales o la vivienda si se incorporan en pocos meses cientos de miles de nuevos residentes legales. No existe una memoria solvente sobre el aumento de presión que esto conllevará.
Tampoco hay una reflexión suficientemente sólida sobre el impacto laboral. Varios estudios apuntan a que una entrada rápida y concentrada de mano de obra de bajos salarios puede presionar a la baja las rentas reales de los trabajadores menos cualificados y reducir aún más la renta per cápita española, ya de por sí alejada de los estándares europeos. No es solo cuestión de salarios: es también productividad, cohesión y modelo económico.
En realidad, lo que hoy se presenta como una victoria humanitaria es sobre todo la verificación de un fracaso acumulado. Lo mismo que ha ocurrido con la vivienda: años sin política, años de dejar crecer el problema, hasta que la magnitud obliga a decisiones apresuradas e imperfectas.
Por eso la regularización solo tendría sentido si fuera la última de esta naturaleza. Debe marcar una frontera: a partir de ahí, una política migratoria rigurosa, con control efectivo de entradas, límites claros, criterios exigentes y, sobre todo, un potente programa de integración laboral, social y cultural. Sin embargo, el riesgo es alimentar bolsas de desarraigo que pueden derivar en conflictos, marginalidad e inseguridad, como ya se observa en algunos entornos metropolitanos.
La necesidad moral de regularizar es indiscutible. Lo que no es admisible es convertir esta necesidad en coartada para tapar ocho años de desgobierno migratorio. Lo que Sánchez presenta como éxito es, en realidad, la prueba visible de uno de sus fracasos más persistentes.
Y todavía un último elemento a menudo olvidado: el coste de la regularización recaerá principalmente sobre las comunidades autónomas. Sin embargo, el gobierno central no aporta recursos adicionales. El caso de Cataluña es especialmente relevante, puesto que concentra cerca del 30% del impacto. Esto implicará, previsiblemente, detraer recursos de otros servicios públicos.
Sorprende, en este contexto, la falta de exigencia por parte de algunos actores políticos para que el Estado asuma el coste que le corresponde.
Regularizar es una exigencia humana; hacerlo sin política migratoria es certificar el fracaso. #inmigracion #regularizacion Compartir en X
