La decisión de la Generalitat de introducir la presencia policial -de paisano y sin armas- en los institutos no es un hecho aislado. Es el punto final de una secuencia: una respuesta operativa a una crisis que ya no puede gestionarse con instrumentos educativos convencionales.
El sistema ha alcanzado un límite.
Durante años, la escuela catalana ha ido perdiendo capacidad de orden interno. No de forma repentina, sino progresiva. Primero, se diluye la autoridad del docente. Luego, se fragmenta el marco normativo. Finalmente, el conflicto se convierte en un elemento estructural. Y una de las claves de todo ello han sido los años de funcionamiento del programa Coeduca’t.
Cuando esto sucede, el sistema necesita soporte externo.
La introducción de agentes policiales dentro de los centros educativos -aunque sea en formato discreto- es una forma de reconocer esta incapacidad. La escuela ya no puede garantizar por sí sola las condiciones mínimas de convivencia y seguridad.
Éste es el diagnóstico implícito.
La función de la policía no es pedagógica. Es coercitiva, preventiva o disuasoria. Cuando entra en el espacio educativo, lo hace porque éste ha dejado de ser autosuficiente. Es un indicador institucional de primer orden.
Lo que se presenta como una «prueba piloto» es, en realidad, un cambio de naturaleza.
Hasta ahora, la gestión de los conflictos dentro de los centros se resolvía —con mayor o menor eficacia— mediante estructuras internas: equipos directivos, tutores, protocolos disciplinarios. La entrada de la policía altera ese equilibrio e introduce a un actor externo con una lógica diferente.
Esto tiene consecuencias inmediatas.
En primer lugar, redefine la autoridad. El docente deja de ser el último referente en la gestión del conflicto. Su capacidad queda subordinada a instancia superior. El alumno lo percibe y adapta su comportamiento a ese nuevo marco. Es el reconocimiento de una impotencia institucional. Asimismo, puede interpretarse como la consecuencia de un modelo que ha debilitado las referencias de autoridad y de orden reconocido, sustituyéndolas por otros criterios centrados en la autodeterminación, el deseo y el bienestar individual.
En segundo lugar, transforma la percepción del espacio escolar. El instituto deja de ser sólo un sitio de aprendizaje para convertirse también en un espacio vigilado. La presencia policial, aunque no visible, introduce una dimensión de control que antes no existía en estos términos.
En tercer lugar, desplaza el problema. El conflicto no desaparece: se contiene. Y esa contención depende de un factor externo al sistema educativo.
La pregunta es por qué se ha llegado hasta ahí.
El primero y el segundo artículo describían una transformación del modelo educativo, vinculada al programa Coeduca’t, que afecta a la relación con la familia, la autoridad y el conocimiento. Los datos del tercer artículo mostraban una caída sostenida de los resultados académicos.
La presencia policial es coherente con ese proceso.
Cuando la autoridad pedagógica se debilita y el marco normativo se fragmenta, el sistema necesita un sustituto. Este sustituto es la fuerza institucional externa. No es una anomalía: es una consecuencia.
El problema es que esa solución no resuelve la causa; actúa sobre los efectos.
La convivencia en un centro educativo no depende sólo de la vigilancia. Depende de un sistema de referencias compartidas: normas claras, autoridad reconocida, objetivos comunes. Cuando estos elementos se debilitan, el conflicto aumenta.
La policía puede intervenir sobre el conflicto, pero no puede reconstruir las condiciones que lo previenen. Éste es el límite de la medida.
Además, su aplicación genera una tensión adicional, al introducir en el ámbito educativo una lógica propia de la seguridad pública. Y esta lógica no es neutra: se basa en la detección, la prevención y, en su caso, la intervención.
Esto puede tener efectos disuasorios, pero también puede alterar la relación entre alumnos e institución, especialmente en contextos en los que la confianza ya está debilitada.
La secuencia está clara.
Primero, se redefine el sistema educativo con programas como Coeduca’t, que alteran el papel de la familia, la autoridad y el conocimiento. Después se produce una caída en los resultados académicos y una mayor dificultad de gestión de los centros. Por último, se introducen mecanismos externos de control para mantener el orden.
Y esto plantea una cuestión de fondo: ¿qué tipo de escuela emerge de ese proceso?
Una escuela que necesita la policía para funcionar es una escuela que ha perdido parte esencial de su autonomía y, con ella, parte de su función.
Porque educar no es sólo transmitir conocimiento. Es construir un marco de convivencia que haga posible ese conocimiento.
Cuando este marco se rompe, ningún dispositivo externo puede sustituirlo completamente.
Saquemos a la policía de la escuela y, junto con ella, saquemos al Coeduca’t.
Del Coeduca't al control externo: una secuencia completa. #EscuelaCatalunya Compartir en X
