El despliegue del programa Coeduca’t no solo redefine contenidos educativos. Altera el propio equilibrio institucional sobre el que se construye cualquier sistema de enseñanza: la relación entre escuela, familia y alumno.
Uno de los elementos más significativos es la progresiva sustitución de la autoridad parental.
Los protocolos de identidad de género permiten que el menor decida su nombre y género dentro de la escuela sin necesidad de validación médica ni consentimiento familiar central. Esta decisión tiene efectos prácticos inmediatos: uso de espacios como los aseos de chicas por chicos que se sienten del otro sexo y viceversa, reconocimiento institucional y tratamiento social. Se inscribe en la escuela con el sexo y nombre que aduce el alumno al margen de los padres y, en su caso, se solicita asistencia de los servicios sociales o de salud bajo el mismo criterio de prescindir de la familia.
La familia queda así relegada a un papel secundario. No es solo una pérdida de influencia: es una inversión del rol. En determinados protocolos, la familia puede convertirse en objeto de sospecha si expresa desacuerdo. El sistema educativo se reserva la función de validación moral.
Este desplazamiento se extiende también al control del cuerpo.
La introducción de guías como la de vida menstrual transforma procesos biológicos en objetos de supervisión institucional. El lenguaje se modifica para adaptarse a nuevas categorías –“personas que menstruan”– a partir de los 10 años y dejan de ser chicas, y el profesorado asume funciones de vigilancia sobre cambios físicos o hábitos, con capacidad de derivación a servicios externos.
Todo esto configura un marco en el que la biología deja de ser un punto de referencia estable. El cuerpo es interpretable, y esta interpretación se realiza desde un esquema ideológico determinado.
Las consecuencias no son solo doctrinales. Son estructurales.El alumno está situado en un espacio de construcción permanente de su identidad. No existen puntos fijos. Ni el cuerpo, ni la familia, ni la naturaleza, ni la cultura ofrecen estabilidad. Esta situación genera una subjetividad radical, en la que el criterio último es el deseo, el placer y la autodeterminación.
En este contexto, la autoridad —sea la del docente o la de los padres— se disuelve. Y con ella, la propia posibilidad de un proceso educativo ordenado. La escuela deja de ser un espacio de transmisión para convertirse en un espacio de redefinición crítica de la realidad que rodea al alumno, empezando por su propia naturaleza.
El resultado final es un cambio institucional, contrario al régimen constitucional que nos hemos dotado. El Estado (Generalitat) educativo asume el papel de referente moral principal. Define qué es identidad, qué es legítimo y qué debe ser promovido, qué debe ser cancelado, vigilado o acusado. Esta concentración de funciones es difícilmente compatible con una concepción pluralista de la democracia, con la propia democracia.
Porque una escuela democrática no puede ser un instrumento de adoctrinamiento ideológico y partidista.
Y ese es el punto de ruptura.
La escuela asume el papel de progenitor moral. #Coeduca't Compartir en X
