El País se presenta como un diario serio, por encima de las ineficacias informativas, de las fake news y del fango, es decir, lo que en castellano se llama casquería. Y es cierto que cuenta con buenas informaciones y buenos colaboradores, pero estos son limitados y muy concretos. La línea editorial, en cambio, se ha convertido en una fuente sistemática de adoctrinamiento sectario, tanto como cualquier ideología totalitaria, de la que solo se diferencia porque estas tienen una visión totalizadora, y El País solo aplica esta lógica a sus temas tótem y tabú.
Vamos a lo concreto:
Un ejemplo es su campaña sistemática contra la Iglesia católica. Esta se ha construido en gran parte a partir de focalizar en ella los abusos sexuales a menores, a pesar de saber perfectamente que estos casos son marginales en relación con el total de estos delitos.
Sin embargo, el diario insistió —y reiteró— en que, según el informe del Defensor del Pueblo, había 430.000 personas que habían sido abusadas por la Iglesia. Naturalmente, esto es sencillamente mentira. No hay nada que se parezca a esta afirmación en todo el informe del Defensor del Pueblo. Pero da igual.
Otros medios de comunicación afines a El País publicaron este dato sin ningún tipo de vergüenza. Es el caso de La Vanguardia. Y la falta de desmentido por parte del exdirigente socialista y actual Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, contribuye a mantener esa cifra como real.
En sentido contrario, el presidente de la empresa GAD3, Narciso Mitjavila —que realizó la encuesta para el informe del Defensor del Pueblo—, ya declaró en su momento que lo que decía El País era un “delirio estadístico”. Y lo es, porque por la misma lógica que hablan de 430.000 abusados por personas vinculadas a la Iglesia, se puede afirmar que hay más de 4 millones y medio de personas abusadas por otros protagonistas: parejas, amigos, parientes, padres, profesores, monitores, entrenadores y un señor que pasaba por allí con malas intenciones.
Ahora vuelve su acción adoctrinadora con uno de sus temas tótem: los grupos LGTBI.
Un Observatorio de este grupo —que vive de las subvenciones del Estado y que es tan independiente como puede serlo el fiscal general del Estado de Pedro Sánchez— ha presentado un informe en el que afirma que las agresiones contra estas personas, sean del tipo que sean, incluidas las verbales y según su propio juicio, “van como una moto” y alcanzan ya la cifra de 800.000.
En realidad, no existe ningún informe de estos observatorios —porque hay más de uno— que no indique año tras año que los casos se multiplican. Así, en contra de la percepción común, parece que el país está invadido por una creciente ola antigais, antitrans, y anti-quien sea. En el caso de los bisexuales, la cosa, por supuesto, queda mucho más discreta.
Y entonces, aquí viene otra vez el vuelo de palomas: afirman que más de 800.000 personas de este grupo han sido agredidas en el último año, del que la editorial de El País hace bandera.
Lo hacen a partir de una encuesta realizada por 40dB —la misma empresa que realiza las encuestas para El País— con una muestra válida, pero más bien justita, de 800 entrevistas. Pero nada de eso tiene significación en relación con los 800.000. La «chufa» nace de considerar que los porcentajes que da la encuesta —que siempre son eso, porcentajes— se aplican a una población LGTBI que representaría más del 11% de la población española.
Y, claro, por eso les sale una cifra tan alta. Es necesario decir que este “más del 11%” es absolutamente falso. No existe ningún dato objetivo ni estadístico que llegue ni de lejos a esa magnitud. Como mucho, en la mayor hipótesis se podría situar por debajo del 5%. Pero no importa: si los grupos de presión LGTBI dicen ser el 11%, pues son el 11%. Y El País no se toma la molestia de rectificarlo, porque se trata de uno de sus tótems, uno de los elementos a los que rinde culto. Por ejemplo, los homosexuales -que son el grupo más numeroso- oscilan entre el 2 y el 3% en la mayoría de estudios.
Es ese 11% hinchado que les permite hablar de 800.000 personas agredidas en el último año, cuando en realidad, aplicando esta misma lógica a una proporción correcta de población LGTBI, la cifra quedaría reducida a unos 300.000, 350.000 como mucho, en una población como la española de 49 millones de habitantes.
El caso Begoña Gómez
Pero, sin duda, el ejemplo más impactante de esta forma de desinformar de El País la encontramos el sábado 17 de mayo, con la información sobre la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid en relación con la instrucción judicial del magistrado Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez.
El titular es claro: “Un tribunal tumba parte de la causa del juez Peinado contra Begoña Gómez y anula la imputación del rector de la Complutense y de alguna otra persona”. Ahora bien, también permite seguir investigando si existe influencia a cambio de contraprestaciones, que es el tema central de la acción del juez Peinado.
La información, una página entera, se dedica a dar pelos y señales de la parte de la resolución que limita la acción del juez, donde también se indica que no investigue el caso de Air Europa y que, si tiene nuevos indicios, lo que debe hacer es abrir una pieza separada.
Pero de lo que no dice ni una palabra la resolución, es que en el caso de Begoña Gómez, la Audiencia considera que es »muy probable que se hubiera valido de su proximidad al poder para conseguir contraprestaciones» que le permitieran acceder de forma extraordinaria a su cualificación y vida profesional.
La censura que practica El País sobre lo que dice la resolución es tan escandalosa que, si hubieras visto el Telenoticias de Antena 3 de la noche anterior, y la información dada por Vicente Vallés pensarías que se tratan de dos temas diferentes. Vallés contó con pelos y detalles —y puso en pantalla el texto de la resolución— que situaba a la esposa del presidente Pedro Sánchez en una situación judicial extraordinariamente difícil, dando por buenas las presunciones de la instrucción: que realmente utilizó su situación en la Moncloa para conseguir ventajas profesionales por ella.
Pero de todo ello, El País no escribe ni una sola línea, por lo que un lector de este diario, en estos momentos, no sabe que la esposa del presidente ha sido seriamente cuestionada y calificada de presuntamente culpable por la propia Audiencia Provincial de Madrid y en relación con el proceso de instrucción.
Nos engaña El País. Nos engaña sistemáticamente el gobierno. Lo que está sucediendo con el gran apagón es, literalmente, de juzgado de guardia. Nos engañan muchos periódicos. Nos engañan las televisiones públicas, que deberían ser modélicas. Vivimos rodeados de mentira y manipulación, sobre todo por parte del poder, que es quien tiene más medios para crear un universo paralelo, una realidad falsa con la que nos conformamos.
Cada día es más difícil ser un ciudadano consciente. Pero este es un trabajo insustituible. Porque, si queremos vivir con una libertad razonable, una democracia mínimamente real y en condiciones de conseguir una —cada vez más improbable— prosperidad, hay que resistir.
Nos engaña El País. Nos engaña sistemáticamente el gobierno. Lo que está sucediendo con el gran apagón es, literalmente, de juzgado de guardia. Nos engañan muchos periódicos. Nos engañan las televisiones públicas Compartir en X
